La construcción de una carretera en la selva del Perú, promovida por autoridades regionales, preocupa al gobierno: si bien facilitará al comercio, puede romper el aislamiento de indígenas no contactados, así como favorecer a la minería y tala ilegal.
Uno de los grupos indígenas amenazados por esta vía son los Mashco-Piro, una etnia de cazadores y recolectores que andan en taparrabos y hablan una lengua poco conocida.
La obra, actualmente paralizada por mandato judicial porque presuntamente no cumple los requisitos medioambientales, es demandada por algunas comunidades nativas de la región Madre de Dios (selva sur), fronteriza con Brasil, pues les permitirá el comercio y transporte de sus productos.
Pero las autoridades de gobierno temen que traiga complicaciones.
«Estamos muy preocupados por la construcción de la carretera que unirá localidades de Nuevo Edén con Shipetiari, Diamante, Boca Manu, en Madre de Dios, donde habitan varias comunidades en aislamiento voluntario», dijo a la AFP Lorena Prieto, jefa de la Dirección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del Ministerio de Cultura.
La vía constituye un riesgo porque conectará a la provincia del Manu (donde está el área protegida del parque Nacional del Manu) con localidades donde la minería ilegal es rampante, advirtió.
«Con esa carretera crecerá la presencia de mineros y taladores de maderas ilegales en el área protegida», precisó Prieto.
En Perú unos 100.000 mineros ilegales destruyen el ecosistema, según cifras oficiales. Madre de Dios es el centro de esta actividad, donde ha se han deforestado unas 60.000 hectáreas.
De forma recurrente en este año, los Mashco-Piro se acercan a orillas del río Alto Madre de Dios en familias de cinco personas, por lo que las autoridades de gobierno elaboraron un plan para protegerlos.
«Se les ha podido visualizar y hablar desde lejos. Sabemos que existen en los bosques al menos medio centenar. Nosotros no queremos contactarlos ni seguirlos, solo evitar que los turistas y comerciantes que vengan por el río se les acerquen», agregó Prieto.
Recuerda que en diciembre de 2014, en la localidad de Monte Salvado, quebrada de Yanayacu en la provincia del Manu, donde viven indígenas machiguengas, unos 200 Mashco-Piro ingresaron y se llevaron alimentos.
El gobierno regional de Madre de Dios, que construye la carretera, sostiene que la vía no afecta a los grupos en aislamiento voluntario ni servirá para el ingreso de la minería ilegal, sino que el proyecto atiende al clamor de comunidades que desean transportar sus productos.
«En las próximas semanas se realizará la consulta previa con toda la población involucrada en la carretera, porque se busca el desarrollo de las comunidades en situación de extrema pobreza debido a que no pueden sacar sus productos», dijo a la AFP, Eduardo Salhuana, gerente general del gobierno regional.
En Madre de Dios hay unos 4.000 indígenas, la mayoría de la etnia de los harakbuts (1.628), seguida por los machiguengas (705) y los yines (607), según cifras oficiales.
Además se conoce de la existencia de tres pueblos en aislamiento voluntario en esta zona: unos 150 nanti de la familia de los machiguengas, 300 nahuas y 800 mashco-piros, indican estimaciones de la dirección de Pueblos Indígenas.
Salhuana recordó que hace un mes, pobladores de varias comunidades retuvieron a unas 40 personas, turistas extranjeros en su mayoría, en la localidad de Boca Manu, como exigencia para que se reanude la construcción.
«Las comunidades nativas de la cuenca están bastante entusiasmadas en tener una carretera y es entendible porque piensa salir más rápido sus productos», señaló Salhuana.
A inicios de este mes, el Congreso aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional la construcción de esta carretera.
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente rechazó la medida y alertó sobre los peligros que podría generar la construcción de la vía, que está además en cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri.
Por su parte, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que representa a 33 comunidades, cuestionó el proyecto argumentando que carece de expediente técnico y estudio de impacto ambiental, y que no se ha hecho la consulta previa a las comunidades.
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Fuente: Información.com