La pelea de los awás contra una multinacional
Por: Juan David Laverde Palma
El pasado 8 de junio, las Farc derramaron 200 mil galones de petróleo en suelo nariñense, donde también están presentes los awás. / Nelson Sierra – El Espectador
El magistrado Alberto Rojas Ríos le pedirá hoy a la Corte Constitucional proteger los derechos a la vida, el medio ambiente y la integridad cultural de esta comunidad indígena, que lleva años afectada por la contaminación de la llamada locomotora petrolera. El Espectador revela el documento.
“El asunto de la referencia demuestra los altos contrastes sociales que se observan cuando el Estado privilegia los intereses económicos sobre la protección al ambiente y a las comunidades étnicas minoritarias. Mientras el proyecto de exploración y explotación petrolera que ejecuta el Consorcio Colombia Energy representa un recaudo de ingresos para la Nación cercano a los $85 mil millones, según la Defensoría del Pueblo la comunidad indígena awá La Cabaña, adyacente al proyecto del desarrollo, se encuentra en condiciones de extrema pobreza”. Este es uno de los apartes más contundentes de la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, que busca salvaguardar un cabildo aborigen en Putumayo amenazado por la llamada locomotora petrolera.
Un pleito que empezó luego de que el gobernador del cabildo, Juvencio Nastacuas Pai, instaurara una tutela contra el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Consorcio Colombia Energy, al considerar que la explotación de hidrocarburos en las áreas del Quinde, Cohembí y Quillacinga –que extraen 14 mil barriles diarios de crudo– afecta la identidad cultural y el medioambiente de la comunidad awá La Cabaña, que además no fue consultada para este proyecto. Para el magistrado Rojas Ríos, está más que probado el desastre ambiental en la zona y por eso pide suspender la operación en tres pozos del campo Cohembí (el más cercano al cabildo) hasta que se adelante la consulta previa y se adopten medidas de compensación para mitigar los impactos de la extracción petrolera.
Según la ponencia, resulta contundente el informe que entregó el pasado 30 de septiembre la Defensoría Delegada para Asuntos Indígenas, tras visita realizada por funcionarios de esa entidad a la zona. Allí se reseñó que desde 1980 las comunidades indígenas en Putumayo han venido siendo perjudicadas por las exploraciones que comenzaron a realizar Ecopetrol y Texaco en los corregimientos de Puerto Vega, La Carmelita, Alto Cuembí, Teteyé y Bajo Cuembí. Proyectos de los que se retiró Ecopetrol en 1999 y que desde 2002 retomó el Consorcio Colombia Energy –integrado por las firmas Vetra E&P Colombia, Petrotesting Colombia y Southeast Invesment Corporation–. Para la Defensoría, los awás han resultado afectados en su territorio, medio ambiente, seguridad alimentaria, integridad cultural, autonomía indígena y amenazados por actores del conflicto.
En palabras del gobernador Juvencio Nastacuas Pai, antes de la explotación petrolera había en la región gran cantidad de especies de fauna, como “las serpientes, la gata, el güío, la X, la 24, entre otras numerosas especies de animales silvestres como la danta ancestral del Putumayo, el cachirre, el gurre, el guara, el cerillo, la boruga, variedades de peces como el raya, el dentón, la piraña, la guaraja, el bocachico, el singo, el temblón, el picadillo, el bagre, y de aves como las guacamayas, tucanes, colibríes, búhos, loros cabeza azul, la guacharaca, el azulejo, el picaflor, el gallinazo, la gallineta, las pavas, la torcaza, especies que están desapareciendo con ocasión de la exploración y explotación petrolera”. Un impacto agravado por las explosiones, la contaminación de las fuentes hídricas y el “vertimiento de desechos”.
En su informe, la Defensoría advirtió que los 99 integrantes awás –entre los que se encuentran 55 menores de edad– han padecido problemas de salud, diarrea, vómito, dolor de cabeza y desnutrición y que “no es posible el consumo de pescado, debido a que presenta un fuerte sabor a petróleo”. También señaló la entidad que las fuentes de agua perdieron volumen, así como los humedales; que jamás les informaron a los indígenas de planes para mitigar la extracción del crudo; que para ellos es doloroso el contraste entre los miles de barriles de petróleo que “a diario se extraen de sus territorios y la inmensa pobreza en la que se encuentran condenados a sobrevivir”; y que existen desastres como el provocado por las Farc el pasado 8 de junio, cuando ordenaron derramar 200 mil galones que eran transportados en camiones del Consorcio Colombia Energy.
Con una particularidad grave: según la Defensoría, “los hombres de la comunidad y de manera especial los jóvenes fueron objeto de estigmatización por parte del Ejército al presuntamente pertenecer a la guerrilla o ser informantes, razón por la cual fueron objeto de tratos degradantes, pues los hacían desvestirse para revisar sus manos, hombros y pies, con el fin de establecer si presentaban señales de cargar armas de largo alcance y así judicializarlos como miembros de la guerrilla”, se lee en la ponencia. Y algo más: “Los niños de la comunidad en varias ocasiones fueron engañados con billetes falsos que les entregaban miembros del Ejército a cambio de que les suministraran información sobre los líderes de la comunidad que se oponían al Ejército y a la empresa petrolera”.
En contraste, según el expediente, todas las autoridades ambientales y de gobierno pidieron no otorgar la tutela al cabildo awá. El Consorcio Colombia Energy resaltó que la licencia ambiental para la explotación del crudo fue otorgada con todas las de la ley y que en 2008 el Ministerio del Interior les certificó que en la zona del proyecto en Putumayo no había comunidades indígenas ni negras. En ese sentido se pronunció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El Incoder pidió negar la tutela, así como Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. Este último advirtió que el cese de operaciones de los pozos generaría una pérdida de 800 empleos, la disminución en la producción de crudo del país en 1,4 % y menos ingresos a la Nación calculado en $85 mil millones. Ni más ni menos que el 40 % de los ingresos del departamento en regalías.
Al debate se sumó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que envió un documento a la Corte Constitucional titulado “Impacto humanitario de ataques contra la industria petrolera”, en el que concluyó que “se han reportado al menos 14 ataques contra la industria petrolera en Putumayo, el 35 % en el municipio de Puerto Asís. Tres eventos han causado derrame de crudo, provocando contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a cultivos, medios de vida y graves daños ambientales”. Naciones Unidas recordó que el derrame de 200 mil galones de petróleo por cuenta de las Farc perjudicó directamente a 980 personas de la zona. ¿Cómo resolver la tensión entre estos dos derechos: el medioambiente y los proyectos mineroindustriales?, fue la pregunta que tuvo que resolver el magistrado Rojas Ríos.
En su criterio, y luego de haber revisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado dejó clara su posición en defensa de los awás, una comunidad que está en peligro de extinción como consecuencia del conflicto armado. Así lo reconoció el alto tribunal desde 2009. Para Rojas, resulta evidente la afectación al grupo étnico, razón por la cual señaló: “El progreso general no puede construirse sobre la base del perjuicio de una colectividad que constituye una minoría protegida por la Constitución”. Y añadió que aunque la licencia ambiental se hubiera expedido, “es pertinente llevar a cabo una consulta previa con la comunidad awá en relación con la prevención, compensación y mitigación de los impactos que causa la ejecución del contrato suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio Colombia Energy”.
En ese contexto, la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos pidió tutelar los derechos de los awás, ordenar adelantar un proceso de consulta previa con ellos, que la ANLA en menos de un mes incluya a la comunidad aborigen en el plan de zonificación de manejo ambiental en las áreas de influencia de los campos Quinde, Quillacinga y Cohembí y que se suspendan los pozos 4, 8 y 11 de este último. Según Rojas Ríos, el Consorcio Colombia Energy deberá adoptar en tres meses una estrategia para mitigar los impactos del proyecto, con el fin de que compensen la pérdida de recursos de los humedales y se creen nuevas reservas para recuperar los animales nativos. Por último, la ponencia busca que la Fiscalía investigue los delitos perpetrados contra los awás en el marco del conflicto armado y que el Ejército proteja a esa etnia en vez de estar asociándola, tal como lo documentó la Defensoría del Pueblo, con la guerrilla. Este caso será fallado hoy por la Corte Constitucional.
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Fuente: El Espectador
