Por: Juan Luis Berterretche
Foto referencial (Internet)
Como era previsible, el nombramiento por la presidente Dilma Rousseff de Katia Abreu, líder en el Senado de la bancada del agro-negocio, como ministra de agricultura, solo podría alentar más violencia criminal de los ruralistas contra la población indígena del país. Ya la presidente petista tenía el triste mérito de ser la gobernante que detuvo el reconocimiento y la demarcación de tierras indígenas en su primer ejercicio (2011-2014). El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) denunció que en 2014 se registraron 118 casos de omisión y morosidad en la reglamentación de tierras indígenas ya reconocidas. Como complemento hubo en el mismo año 138 asesinatos de indígenas. Entre los decesos indígenas debemos contar también 135 casos de suicidios de jóvenes, por la angustia e inseguridad en la que sobreviven.
En octubre de este año organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos indígenas sobre sus tierras ancestrales, denunciaron la responsabilidad del Estado brasileño respecto al genocidio de pueblos originarios que se está realizando, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Para Eliseu Lopes, líder Guaraní Kaiowá: «Mi pueblo está sufriendo genocidio en Brasil. La demarcación de nuestras tierras continúa paralizada por el Estado brasileño. Terratenientes atacan nuestras comunidades con milicias fuertemente armadas. Nuestra sobrevivencia en cuanto pueblo y nuestro buen vivir está amenazado»…»Imploramos que los comisionados presionen al estado brasileño a demarcar nuestras tierras».Recordemos que sólo contra los Guaraní Kaiowá se constataron 15 ataques paramilitares en los últimos dos meses.
Lindomar Terena, líder del pueblo Terena explica que la opción política gubernamental de incentivar el agro-negocio en el país, alienta la expansión de los latifundistas sobre nuestros territorios tradicionales. «En este momento también sufren fuertes ataques los Pataxó de Bahía y pueblos de Maranhão, que ven sus tierras quemadas y devastadas por madereras»…»mientras no vemos iniciativas del gobierno en investigar y punir esas milicias de los hacendados». Los abogados que acompañaron los indígenas declararon que «la paralización en los procesos de demarcación de tierras indígenas es un elemento crucial que alienta los ataques contra la vida y la integridad física y sicológica de los pueblos indígenas y el Estado brasileño debe ser responsabilizado».
Diez años después del asesinado de la hermana Dorothy Stang, en la misma Gleba -terrenos públicos- Bacajá, en Anapu, en el estado de Pará la persecución a las familias alcanza índices alarmantes, con asesinatos, amenazas, agresiones y destrucción de bienes. Allí entre julio y noviembre de este año hubo 7 asesinatos. En el sur de Rondonia, el 17 de octubre hubo una matanza de cinco personas, aun no esclarecida.
Del genocidio indígena y la agresión a pobladores rurales, se ocupan con preferencia los terratenientes a través de sus cuadrillas o milicias armadas parapoliciales, cabiéndole al Estado el rol de «desentendido» y sin iniciativa para indagar o penalizar las agresiones criminales a los pueblos indígenas y demás moradores rurales. Es un reparto de tareas que en el fondo significa decir: «¿Quieren más tierras para el agro-negocio? Conquístenlas a tiros que nosotros miramos para otro lado»
Se trata de una variante del Terrorismo de Estado, que «privatiza» las acciones terroristas adjudicándolas a los sicarios de los terratenientes, a la vez que les garantiza la impunidad de sus crímenes.
Como complemento a esta situación el estado favorece el agro-negocio con créditos baratos, devaluando la moneda para abaratar los costos y favorecer las exportaciones, y todo tipo de medidas que privilegian el sistema productivo de «commodities».
A la vez hay una ofensiva de los poderes estatales contra la causa indígena. El sistema judicial en recientes decisiones del Supremo Tribunal Federal anuló actos administrativos del poder ejecutivo sobre demarcación de tierras indígenas Guyrarokpá -del pueblo Gauaraní-Kaiowá- y Limão Verde -de los Terena- en Mato Grosso do Sul y Porquinhos -de los pueblos Canela- Apãniekra- en Maranhão.
Y en el Legislativo se continúa con proyectos como la propuesta de enmienda a la Constitución (Pec) 215/00 que transfiere del ejecutivo para el legislativo -hoy con mayoría de diputados ruralistas- la prerrogativa de marcar tierras indígenas, titular territorios quilombolas, y crear unidades de conservación ambiental, para poner en manos de los terratenientes estas decisiones. La Pec 215 es la Pec del genocidio indígena. Instala a la «zorra cuidando el gallinero».
Además de un proyecto de ley 1610/96 que permitiría la explotación mineral en tierras indígenas. Momento oportuno para recordar el penúltimo desastre minero en el continente. El 13 de setiembre pasado en la provincia de San Juan en Argentina, la minera Veladero de Barrick Gold (canadiense) envenenó los ríos de una cuenca que incluye las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa con un millón de litros de agua contaminada con cianuro.
Penúltimo, porque el último lo sufrimos sin salir de Brasil. Nos referimos al crimen ambiental provocado el 5 de noviembre reciente por la minera Samarco en Minas Gerais, que es considerado la mayor catástrofe provocada por una corporación en la historia del País. Ya afecta 500 mil personas en la región por la imposibilidad de captar agua del Rio Doce. Samarco es propiedad de las transnacionales Vale y BHP Billiton (anglo-australiana) dueñas cada una del 50% de las acciones. Con la ruptura de dos diques – Fundão y Santarém- se vertieron 62 millones de metros cúbicos de agua, barro, residuos de minería de hierro y minerales pesados. Dos poblaciones ubicadas entre los municipios de Mariana y Ouro Preto fueron arrasadas. El distrito de Bento Rodrigues fue el más afectado. Se calcula que aún los pobladores de la región están amenazados por nuevo aluvión de residuos mineros del tercer dique -Germano- con una grieta de tres metros de ancho en su muro. El 27/11 ya se contaban 9 muertos, diez desaparecidos y cuatro cuerpos aún no identificados. Y los que aún pueden estar soterrados. En muestras tomadas del agua además de hierro se encontró aluminio, manganeso, arsénico y altos niveles de mercurio. La marea de lodo que contaminó toda la cuenca del rio Doce y en su camino mató como mínimo nueve toneladas de peces, ya atravesó el estado de Espírito Santo y alcanzó las aguas oceánicas destruyendo una playa de reproducción de tortugas marinas y amenazando el Parque Nacional de Abrolhos, un archipiélago que contiene la mayor biodiversidad marina de todo el Atlántico Sur.
Ese es el inevitable futuro inmediato si se aprueba el proyecto de ley mencionado. Se trata del «progreso industrial» que las corporaciones mineras prometen llevar a los territorios indígenas. Minerales para el lucro de las empresas y tierra, aire y agua envenenados para, los pueblos indígenas y las poblaciones en general de Brasil.
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Fuente: Aporrea.org
