La aeronave despegó, pero ocho trabajadores se quedaron en el lugar a la espera de una comisión de diálogo
1.000 barriles de petróleo, aproximadamente, se derramaron el 3 de febrero por una falla en el kilómetro 206 del ramal norte del oleoducto norperuano, en Loreto. (Foto: Archivo El Comercio)
La tarde del domingo 6 de marzo, un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) –en una misión no militar– aterrizó en la comunidad indígena de Mayuriaga (en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón, en la región Loreto). En la aeronave viajaban funcionarios de Petro-Perú, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), además de cuatro tripulantes de la FAP. En total, eran 12 personas que se desplazaron a la zona para inspeccionar los daños causados por un derrame de petróleoocurrido el 3 de febrero. Mayuriaga es una de las comunidades afectadas por el vertimiento del crudo.
A las 4 p.m., según un comunicado de la FAP, el helicóptero “fue retenido por un grupo de pobladores de dicha localidad […]. La tripulación ha sido tratada adecuadamente y se encuentra en perfectas condiciones, al igual que la aeronave”.
El Comercio se contactó con varias personas involucradas para conocer más detalles de lo ocurrido. Voceros de prensa de Petro-Perú en Lima indicaron que la aeronave también transportaba tres toneladas de víveres y agua para las poblaciones damnificadas, y que se logró hacer la entrega.
Segundo Sumpa, presidente de la Federación de Nacionalidades Wampis del Perú (Fenawap), reconoció que se había impedido el despegue de la aeronave en Mayuriaga.
“Queremos que haya remediación, y que venga el presidente de Petro-Perú [Germán Velásquez] para llegar a un acuerdo”, dijo. A través del único teléfono satelital que hay en este pueblo, Sumpa comentó que recién entonces se permitirá que la aeronave continúe su recorrido.
Fernando Meléndez, gobernador regional de Loreto, dijo que esta acción, a la que calificó como una “medida radical”, busca además que Mayuriaga y otras cinco comunidades sean incluidas en el Decreto Supremo 012-2016-PCM, publicado en “El Peruano” el 28 de febrero, que declara el estado de emergencia en 16 pueblos afectados por el derrame. “Los dirigentes quieren un compromiso del Estado de que habrá remediación e indemnización en todas las zonas afectadas”, señaló desde Iquitos.
Meléndez viajó a Lima y hoy se reunirá con autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros para evaluar la inclusión de las comunidades.
Diego Reátegui, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, señaló que hasta el mediodía de ayer la situación no había variado, y que la medida de fuerza se mantendría hasta que se atiendan las demandas de los indígenas de Mayuriaga.
“Hemos sugerido una reconsideración de su parte, pero no hay acuerdos por el momento”, comentó desde Iquitos.
La dificultad en las comunicaciones impedía conocer con certeza lo que ocurría en Mayuriaga. Hacia las 6 p.m., se informó que los dirigentes indígenas habían permitido que la aeronave despegara para que esto agilizara el transporte del personal que debía llegar hoy a la comunidad. Sin embargo, ocho pasajeros civiles fueron coaccionados para no subir a la aeronave, por lo que permanecen en Mayuriaga. “Es para garantizar que los funcionarios vendrán; si se van todos, se podrían ir para siempre”, dijo una vez más por teléfono Segundo Sumpa. Según él, la decisión se tomó por mutuo acuerdo con los funcionarios que se quedaron.
Cerca de las 7 p.m., RPP entabló contacto con Nicolás Balayer Peña, uno de los funcionarios de Petro-Perú que están en Mayuriaga. Él confirmó el hecho y agregó que los pobladores esperaban que la comisión de diálogo llegara ayer a la zona, pero fue imposible por el mal tiempo. Entonces, se decidió que el helicóptero capturado retorne para ayudar al traslado, que se llevaría a cabo hoy. Balayer explicó que “no hubo inconvenientes” durante su permanencia en Mayuriaga.
Una medida radical
Esta es la segunda vez, en menos de ocho meses, que miembros de comunidades indígenas apelan a la coacción, tipificada como delito, para exigir el cumplimiento de sus demandas.
¿Está permitido capturar o retener un vehículo, privado o perteneciente al Estado, para exigir el cumplimiento de alguna demanda específica? No. ¿Y si en este vehículo viajan personas? Evidentemente, no. ¿El hecho registrado en Mayuriaga califica como secuestro? Dos reconocidos abogados penalistas aseguran que no, pero con algunos matices por analizar.
Luis Lamas Puccio explica: “Una cosa es que impidan el libre tránsito de una persona, y otra que la retengan físicamente para que no pueda salir del lugar específico en el que se encuentra. Una cosa es que se impida el despegue de la nave, y otra sería que a las personas se les impida movilizarse y estén encerradas en una vivienda o dentro del vehículo”. En el caso de Mayuriaga, el personal retenido podía desplazarse en la comunidad e incluso fuera de ella, pero no en el helicóptero.
Carlos Caro indica que lo ocurrido en Mayuriaga calificaría como delito de coacción, según lo que dice textualmente el artículo 151 del Código Penal: “El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. Según Caro, es “un delito menor que el de secuestro” y que ameritaría la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
