Por qué Honduras es el país más peligroso para un ecologista

Con el medio ambiente como nuevo campo de batalla de los derechos humanos, los activistas están justo en la mitad del conflicto. Especialmente en Honduras, donde dos fueron asesinados en marzo

Desde que mataron a su madre hace un mes, Bertha Isabel Zúñiga Cáceres apenas ha tenido tiempo de elaborar el duelo. La estudiante de 25 años está empeñada en que el nombre de su madre, Berta Cáceres Flores, no se convierta solo en el de una activista del medio ambiente hondureña cuyo trabajo se vio interrumpido al ser asesinada.

«En Honduras, el desarrollo no puede continuar sucediendo a expensas de la población indígena y de los derechos humanos», dice Zúñiga Cáceres, que ayer se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con funcionarios hondureños en Washington D.C. para pedir una investigación independiente por el asesinato de su madre. Además, ha pedido mayor protección para su familia y para los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la agrupación de derechos humanos de la que su madre fue cofundadora.

Un mes después de que Cáceres fuera asesinada a balazos en su hogar, desde grupos de sociedades civiles hasta miembros del Congreso de Estados Unidos han reiterado la necesidad de una reforma en Honduras. Cáceres, fundadora del organismo de control sin fines de lucro COPINH, murió menos de una semana después de haberse opuesto a un nuevo proyecto hidroeléctrico de gran envergadura. A dos semanas de su muerte, otro colega de la activista, Nelson García, fue asesinado. Aunque un presunto asesino de García ya fue identificado, los activistas locales acusan al gobierno de encubrir el crimen.

Cáceres, reconocida líder de la comunidad indígena lenca, era reconocida internacionalmente (y amenazada) por su campaña para detener la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca. El año pasado, Cáceres ganó el prestigioso Premio Goldman de Medio Ambiente por su labor en defensa de los derechos indígenas.

Un lugar mortal para los ecologistas

Honduras tiene hoy el mayor índice de homicidios de activistas ambientales del mundo y el principal motivo es el conflicto por la tierra. La desigualdad desenfrenada, un sistema judicial débil, relaciones estrechas entre la élite política y empresarial y la casi total impunidad que en los crímenes contra los defensores de los derechos humanos han contribuido a que 101 ambientalistas fueran asesinados entre 2010 y 2014, según un informe de la ONG británica Global Witness.

La tendencia está en alza: en 2012 hubo tres veces más asesinatos que en toda la década anterior. Según el autor del informe, Billy Kyte, es probable que 2015 sea el año con más muertes de activistas ambientales en Honduras del que se tenga registro: «El medio ambiente es el nuevo campo de batalla para los derechos humanos y las disputas sobre las tierras son el telón de fondo para la gran mayoría de los asesinatos».

Según Kyte, la «demanda rapaz» de recursos naturales del Norte Global está avivando el conflicto sobre las tierras indígenas en todos los países en vías de desarrollo. Pero en Honduras, la corrupción, el crimen organizado, la inestabilidad política y una actuación policial cada vez más militarizada han contribuido a crear una crisis particularmente grave.

Desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, electo democráticamente, el gobierno hondureño de derecha ha promovido agresivamente la inversión y el desarrollo de la industria minera, los agronegocios y los proyectos de infraestructura energética a gran escala. También se ha encargado de privatizar los recursos hídricos y de la tierra y de quitar las trabas comerciales a proyectos de desarrollo a gran escala, a menudo a costa de las comunidades indígenas y afro-descendientes y de los pequeños agricultores campesinos.

En gran parte, el gobierno ha concedido decenas de licencias a presas hidroeléctricas para satisfacer la enorme demanda de energía de la industria minera. Global Witness descubrió que los desarrolladores a menudo hacen caso omiso al derecho a las tierras de las comunidades indígenas, blanco de amenazas y de violencia. Además, se sabe que poderosas bandas dedicadas al tráfico de drogas utilizan los proyectos de minería y de agronegocios para lavar dinero.

Honduras es uno de los países signatarios del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas para proyectos que tengan un impacto sobre sus territorios tradicionales. Sin embargo, según el director de Oxfam Honduras, George Redman, el país tiene un pobre historial cuando se trata de defender esos derechos.

Para Redman, no es poco habitual que las comunidades se enteren de que una empresa tiene una licencia cuando estas se presentan en sus tierras listas para empezar a excavar los suelos. En los últimos años, el gobierno de Honduras ha acelerado la aprobación de los grandes proyectos, pasando por alto violaciones legales de los derechos indígenas.

Agua Zarca

Hace diez años, eso mismo fue lo que le ocurrió a la comunidad indígena lenca de Río Blanco. Un día llegaron los desarrolladores sin previo aviso para excavar el suelo con el fin de iniciar un megaproyecto de construcción de la presa Agua Zarca, una operación en conjunto entre Desarrollos Energéticos SA, empresa hondureña con financiación internacional, y la estatal China Sinohydro.

El proyecto de Agua Zarca había sido aprobado a pesar del hecho de que violaba los derechos de los pueblos indígenas afirmados en los tratados internacionales. Los habitantes de Río Blanco pidieron ayuda a Cáceres, que luego sería reconocida por su lucha contra el proyecto, porque temían por su río sagrado, su derecho sobre la tierra y su seguridad.

Agua Zarca se ha vuelto un caso emblemático del fracaso del gobierno hondureño para acabar con la corrupción, los abusos de las fuerzas de seguridad y el robo de tierras.

«Por un lado, tienes comunidades indígenas pobres enfrentándose a algunas de las personas más ricas y poderosas del país, que, además, tienen cierto grado de protección de parte de las fuerzas de seguridad hondureñas», dice Redman. «Así que las reglas de juego son muy, muy desiguales».

Se sabe que algunas empresas han falsificado las firmas de documentos de consentimiento y han empleado contratistas de seguridad privada y fuerzas de seguridad del gobierno para someter a los manifestantes. Las comunidades indígenas con frecuencia no tienen los recursos para la lucha, debido a que se encuentran a varias horas de distancia de las ciudades más cercanas y a menudo no tienen teléfonos ni electricidad.

Según investigaciones recientes, se estima que la gran mayoría de los ataques y asesinatos de los activistas de los derechos humanos en Honduras sigue sin esclarecerse.

Según Redman, «la gente involucrada en esta clase de trabajo de protección siempre dice: ‘Nos sentimos muy vulnerables, en cualquier momento, alguien podría asesinarnos por culpa de esta cultura de impunidad». En su opinión, «las fuerzas detrás de este tipo de inversiones son muy poderosas».

La necesidad de una reforma

Desde los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García, la presión internacional ha aumentado para que el gobierno de Honduras tome medidas más firmes y decisivas con el objetivo de reforzar la protección para los activistas y de defender los derechos indígenas.

El simple hecho de que alguien de la importancia de Berta Cáceres fuera asesinada, indica el grave riesgo que enfrentan otros activistas hondureños con menor nivel de exposición, dice Adriana Beltrán, coordinadora principal del programa de seguridad ciudadana en la Washington Office on Latin America (WOLA).

Según Beltrán, «que hayan asesinado a alguien como Berta o como Nelson García demuestra la fragilidad que existe en Honduras»: «Pone en cuestión no solo la capacidad, sino también la voluntad del gobierno y de las autoridades de Honduras de investigar este tipo de ataques y asesinatos contra ecologistas y otros defensores de los derechos humanos».

El mes pasado, en su declaración ante el Senado de Estados Unidos, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, pidió al gobierno hondureño que cancele la licencia de Agua Zarca. El senador criticó a la administración del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por incumplir la promesa que hizo de defender los derechos humanos, mientras que, el año pasado, presionaba por una parte significativa de los 750 millones de dólares que Estados Unidos asignó como ayuda para la seguridad regional.

Dos semanas después del asesinato de Cáceres, 11 miembros del Congreso, entre ellos Leahy, enviaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, instando a que el Departamento de Estado ejerciera presión sobre el gobierno de Honduras para que permita una investigación internacional independiente sobre la muerte de Cáceres, financie un sistema de protección para activistas y abandone de forma permanente el proyecto Agua Zarca.

La carta también pedía que se revisara la asistencia estadounidense en seguridad, incluida la ayuda asignada para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad hondureñas. Además, pedía la revisión de los préstamos a Honduras con respaldo de EEUU en instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Un largo camino por delante

Para la familia de Cáceres, la respuesta del Departamento de Estado de EEUU hasta ahora no alcanza para que Honduras rinda cuentas por la corrupción enquistada.

Un sobrino de Berta Cáceres, Silvio Carrillo, viajó esta semana a Washington para lograr «que la gente entienda que estos son oligarcas que colocan a sus amigos en posiciones estratégicas para controlar el mensaje»: «Queremos que el Departamento de Estado de EEUU diga que no están seguros del gobierno hondureño. No tienen los antecedentes suficientes y es claro que no van a llevar a cabo una investigación adecuada».

Según Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también es necesario que las empresas que operan en Honduras demuestren una mayor responsabilidad con respecto a los derechos de las comunidades. Aguiluz acompañó esta semana a los familiares de Cáceres ante el CIDH. «No basta con encontrar a los asesinos de Berta», dijo. «Diría que es importante para la comunidad internacional comprender los conflictos que suceden en Honduras».

Tras el asesinato de García el 16 de marzo, el banco holandés de desarrollo FMO, que había financiado Agua Zarca, anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones en Honduras. La empresa dijo que enviaría una delegación a las comunidades afectadas por el proyecto y prometió una investigación exhaustiva de todos los proyectos en los que estuvieran involucrados en Honduras. Otro de los inversores importantes, Finnfund, rápidamente siguió el ejemplo.

Según Redman, «todavía existe una cultura corporativa que dice ‘¿por qué debemos tomar en cuenta los derechos o las preocupaciones de las comunidades rurales pobres?»: «Hay una expresión que dice: esto es bueno para el desarrollo de la empresa, así que si tenemos que pisar a alguien, pues mala suerte».

Traducción de Francisco de Zárate

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Fuente: El Diario.es