Foto referencial (Internet)
La orden se emitió después de que la comunidad de Santa Clara de Uchunyapresentó una queja formal en diciembre de 2015 contra Plantaciones de Pucallpa SAC por la destrucción de más de 5000 hectáreas de su bosque ancestral. La queja cita los impactos devastadores para los ríos y la ecología forestal de la que dependen los comuneros para la subsistencia, la destrucción de casas de la comunidad y las restricciones impuestas a los comuneros que quieren entrar al bosque.
El panel de quejas se concentró en cinco áreas claves en las que pueden haber sido infringidos los principios de la RSPO. Estos incluyen: el no respetar los derechos territoriales consuetudinarios que son una obligación legal en el Perú, la deforestación de bosque primario que está estrictamente prohibido por la legislación peruana y los procedimientos de la RSPO, y la deforestación sin los permisos que exige la ley peruana.
Más aún, el Panel de Quejas resaltó que sus Procedimientos para Nuevas Plantaciones (PNP) han sido claramente violados, ya que la RSPO no fue notificada antes del inicio de las actividades. Los PNP también requieren que antes del inicio de las actividades las empresas realicen estudios del impacto ambiental, una evaluación de las áreas consideradas con Alto Valor de Conservación e inicien procesos para lograr el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades afectadas. La queja inicial estableció claramente que la empresa no ha realizado ningún proceso de CLPI con la comunidad de Santa Clara de Uchunya
El panel de quejas también recordó a Plantaciones de Pucallpa que la intimidación de comunidades está estrictamente prohibida. Este punto final es bienvenido dado que los dirigentes de las comunidades han recibido múltiples denuncias legales infundadas de parte de Plantaciones de Pucallpa. Mientras tanto, otros activistas locales han recibido amenazas anónimas de muerte en los últimos meses a raíz de su oposición abierta a las operaciones de la empresa.
El panel de quejas le da a Plantaciones de Pucallpa 14 días para demostrar que han cumplido con las obligaciones, entre ellas: “1. Demuestre que ha cumplido con todos los requerimientos legales en la adquisición, tala y siembra del área de concesión y 2. Demuestre que al establecer la plantación no ha talado el bosque primario u otra área de Alto Valor de Conservación. Mientras tanto, el panel prohíbe a Plantaciones de Pucallpa que lleve a cabo cualquier actividad de tala y siembra en espera de la resolución de esta queja.Apenas unos días antes, en otra carta a la RSPO, las autoridades de la comunidad de Santa Clara reiteraron su queja y explicaron que: “Desde que presentamos la queja , la empresa Plantaciones de Pucallpa SAC siguen ocupando la zona en cuestión que ahora está rodeada por una cerca de alambre de púas y controlado por un puesto de control impidiendo la entrada de nuestros comuneros a nuestro territorio…. Además, nuestras autoridades y miembros están siendo denunciados ante las autoridades judiciales por operadores de esta compañía por oponerse a la deforestación y por defender nuestro territorio y de ninguna manera vamos a renunciar nuestros derechos a la vida y el territorio.”
Lideres de la comunidad estaban en el campo realizando un patrullaje territorial cuando se emitió la decisión pero el Sr. Robert Guimaraes, Presidente de FECONAU dijo: “Damos la bienvenida a esta decisión del RSPO. Sin embargo, vamos a estar vigilantes para asegurar que el RSPO hace el seguimiento adecuado. Pues solo en Septiembre del año pasado nuestro Ministerio de Agricultura también ordenó la suspensión de las operaciones de Plantaciones de Pucallpa pero hasta hoy siguen sin interrupción. Para nosotros es claro que el Estado peruano ha incumplido con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. El Estado nunca ha cumplido con su deber a reconocer y titular los derechos territoriales de la comunidad pero peor todavía ha ido concesionando y entregando estos derechos a terceros en forma corrupta. Es justamente este sistema defectuoso de gobernanza de tierras que está generando estos conflictos, no solo en Santa Clara pero en toda la Amazonía Peruana donde hay más que 1200 comunidades que falta titular. Exigimos que el Estado peruano de una vez cumpla con su compromiso y titule el territorio de Santa Clara que son más que 38,000ha.”
El Dr. Tom Griffiths, Coordinador del Programa de Financiación Responsable del FPP también acogió la decisión de la RSPO, pero agregó que “es crítico que la decisión del Panel de Quejas sea implementada por la empresa y que esté monitoreada adecuadamente por la RSPO. Es esencial además que haya un seguimiento efectivo por parte de la RSPO para asegurar que la empresa es sancionada y que la comunidad obtenga una reparación. Es cierto que estos sistemas de certificación voluntaria juegan un papel importante pero no pueden remplazar un sistema efectivo de regulación local, nacional y mundial para toda la cadena de suministro de productos como el aceite de palma. En el caso de Perú, los compromisos ambiciosos del Gobierno peruano para la protección de los bosques y el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas fracasarán si no se introducen reformas en los marcos normativos que regulan la deforestación, el cumplimiento de la ley y un sistema injusto para la adjudicación de tierras”.
26 Abril de, 2016
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Fuente: Forest peoples Programme
