Adelante, de polo amarillo, Beatriz Tije, de la comunidad nativa Arazaire; detrás de ella, Demetrio Pacheco, dirigente del sector forestal; y al costado de ese, de polo negro y lentes, Miguel Herrera, dirigente del sector minero. Foto: CEAS
15:13|05 de setiembre de 2016.- La región amazónica de Madre de Dios vive desde hace varios años en un clima de permanente tensión debido a que las autoridades no han logrado poner en marcha una salida exitosa a las demandas surgidas por motivo de la minería informal y la minería ilegal que han irrumpido en la región.
Ante ello, en el albor del nuevo gobierno, agricultores, mineros y representantes del sector forestal de las provincias de Tambopata y Manu, se reunieron en Lima con autoridades del Gobierno central y del Congreso de la República para dar cuenta de sus principales demandas y encausar algunas soluciones.
Representantes de los sectores de Madre de Dios en reunión con Juan Aste, asesor de la bancada política del Frente Amplio. Foto: CEAS
En conversación con Radio San Borja, Demetrio Pacheco, representante del sector agrícola y forestal, sostuvo que el primer pasó que debe dar el gobierno ante la arremetida minera es “garantizar la seguridad jurídica de los territorios que vienen ocupando” a fin de evitar “que sus áreas sean invadidas”.
Pacheco, junto a Miguel Herrera, representante de un grupo de pequeños mineros en proceso de formalización, y Beatriz Tije, vocera de las comunidades nativas, forman parte de un Comité de Gestión Compartida que tiene como bandera “potenciar un mejor uso del territorio” a través de la formalización de cada sector.
“Queremos que el Estado se involucre con mayor inversión, tecnología adecuada para un desarrollo económico sostenible, para una mejor calidad de vida”, reza la entrada del plan que han elaborado y que tienen previsto entregar al Gobierno y al Parlamento.
La raíz del problema
Para el Comité de Gestión, la situación de conflictividad que vive Madre de Dios tiene como origen la superposición de derechos sobre una misma zona.
“Comunidades nativas, sectores forestales, mineros y agrícolas comparten la misma área, porque sus territorios no han sido debidamente delimitados, no tienen la titulación correspondiente”, explica su plan.
Ante ello, cada sector ha hecho un diagnóstico de lo que viene pasando. Para los agricultores la salida a la situación que los tiene enfrentados con los mineros pasa por que se titule, pero también por que el Estado “deje de priorizar la formalización minera dejando de lado la formalización de las tierras agrarias.”
En ese sentido, Pacheco pidió que se incluya a Madre de Dios en el “proyecto catastro titulación y registro de tierras rurales en el Perú” (PTRT3) que solo incluye a 10 regiones.
Asimismo, pidió que se declare de prioridad nacional, y especialmente en la Amazonía, la culminación e implementación de la Zonificación Ecología Económica (ZEE) que permitirá el Ordenamiento Territorial para establecer claramente las áreas de actividades económicas y evitar la superposición de derechos.
Por su parte, Herrera, representante de los pequeños mineros, acusó que las leyes emitidas por el anterior gobierno “han permitido que vayamos perdiendo las concesiones.”
“A nosotros nos han dado una declaración de compromiso que nos sirve para trabajar, pero eso vence este año, y si no se renueva no vamos a poder seguir trabajando”, explicó. Agregó además que el cambio de categorización a uno de mayor productividad los obliga a producir más, algo con lo que no pueden cumplir por lo que tienen que pagar penalidades.
Herrera también solicitó una Ley de Minería Aurífera Aluvial, aquella que se desarrolla en las riberas y cauces de los ríos. Esto ya que según él, “las características que tiene la Ley de Minería actual es más de socavón que de minería aluvial.”
A su turno, Beatriz Tije, de la comunidad nativa de Arazaire, manifestó que se viene coordinando con el resto de actores con el fin de “hacer una sola idea y poder trabajar conjuntamente siempre en cuando que la comunidad la tengamos bien cuidada y conservada”.
Según se lee en el plan del Comité, las comunidades también solicitan que se dé marcha atrás en el decreto del gobierno (Decreto Supremo 013-2015- EM) que racionaliza el uso del combustible ya que no les permite desarrollar sus actividades cotidianas, como transportarse en bote, con normalidad.
Finalmente, otra de las demandas es el respeto a los pueblos indígenas no contactados y a su espacio geográfico en las zonas de reserva.
Inacción de autoridades regionales
En otro momento de la entrevista con Radio San Borja, Pacheco criticó a las autoridades de la región y precisó que es ante la inacción de estas que decidieron venir a Lima. Apuntó sus críticas a la Dirección Regional Forestal de la región que no actúa pese a que, explicó, vienen denunciando invasiones y amenazas hace mucho tiempo.
“Se han interpuesto las demandas correspondientes pero vemos que nadie asume su labor. En este caso, la Dirección Forestal ya debió de haber dictado algunas medidas cautelares y no lo hace, la Fiscalía en Materia Ambiental también, ahí están los procesos pendientes pero van muy lentos.”
Cabe precisar que la visita a Lima de los representantes de los sectores agrícolas, forestales, mineros y comunidades nativas se dio en el marco del proyecto “Respuestas pacíficas para el manejo inclusivo y el uso equitativo del territorio”, que ejecutan la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), CRS y Cáritas Madre de Dios.
