Consejo de expertos en derecho de pueblos indígenas se reunión en Panamá

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN EN PANAMÁ

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN EN PANAMÁ

12:51|08 de setiembre de 2016.- El Consejo de Expertos es una instancia que asesora el trabajo del Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Asimismo, promueve el trabajo en temas de consulta previa, mecanismo de participación política, visiones de desarrollo, etc. Las y los representantes de cada país que integran del Consejo de Expertos, se reunieron en Panamá el 29 y 30 de julio del presente año.

El objetivo de la reunión en Panamá fue analizar y contribuir a la planificación del trabajo del (PPI) de la KAS. El Consejo está conformado por expertos Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Panamá. El Consejo también ha promovido la formulación del Proyecto PARTICIPA que actualmente se ejecuta en cinco países gracias al financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer y la Unión Europea.

Entre las prestigiosas personalidades que integran el Consejo de Expertos, Mirva Aranda Escalante, ha sido designada por la Comisión Andina de Juristas (CAJ), para representar a Perú. Aranda Escalante, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho Antropología y Sociedad en la London School of Economics de Inglaterra. Mirva Aranda, también ha realizado investigaciones y publicaciones sobre políticas públicas referidas al derecho de los pueblos indígenas.

Asimismo, la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, el exvicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, el Senador de Espeña Dionisio García, el intendente de la Auracania de Chile Andrés Jounnet, entre otros.

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Fuente: Dirio Voces

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En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.

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