Polvorín de la empresa Afrodita en “el Tambo”, Cordillera del Cóndor. Foto: Odecofroc
-Exigen la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 209-2016, del 5 de julio del 2016.
11:58|27 de setiembre de 2016.- La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) presentó una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Amazonas (GOREA) por violar su “derecho al territorio” al inscribir a su favor 575 mil metros cuadrados que, sostiene, se ubican en territorio de los pueblos indígenas Awajún y Wampis.
Según precisa la demanda, dicha acción también afecta el derecho de los citados pueblos “a los recursos naturales, a la identidad cultural y religiosa, por la amenaza al medio ambiente sano y equilibrado”.
El documento fue presentado el lunes 26 de setiembre ante el Juzgado Mixto de Condorcanqui de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, y cuenta con las firmas de la presidenta de la ODECOFROC, Agostina Mayán, y de otros nueve representantes de las comunidades nativas del distrito de El Cenepa, ubicado en la selva norte de Perú, en la frontera con Ecuador.
Como es sabido, el 5 de julio del año en curso el GOREA emitió la Resolución Ejecutiva Regional Nº 209-2016, la cual fue publicada el 22 de julio en el diario oficial El Peruano.
Con esta medida el Gobierno Regional dispuso la “Primera Inscripción de Dominio a favor del Estado Peruano del terreno eriazo de 575,602.86 m2, ubicado en el sector el Tambo, Cordillera del Cóndor, distrito El Cenepa”.
Al respecto, la demanda presentada por la organización indígena, advierte que el derecho al territorio, a la propiedad y a los recursos naturales está amparado en la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); por lo que la norma del GOREA atenta contra todos ellos.
¿Medida con nombre propio?
Según señaló en su momento la ODECOFROC, la medida del GOREA tendría como fin entregar los 575 mil metros cuadrados a la empresa minera Afrodita, que cuenta con varias concesiones en y cerca de la zona. Inclusive, de acuerdo a imágenes que la misma organización hizo públicas, la empresa ya se encontraría operando en el sector el Tambo.
Ante ello, la demanda de amparo presentada solicita que se le ordene al GOREA “se abstenga de emitir el acto administrativo que apruebe la servidumbre definitiva o la adjudicación o cualquier acto de administración (usufructo, arrendamiento, etc.) o disposición (venta, superficie, etc.) a favor de la empresa”.
En ese sentido, el documento argumenta y reafirma que, según la legislación actual (Ley 30327), está prohibida la entrega de servidumbres en territorios de la Amazonía por representar “una amenaza cierta y eminente” a su derecho al territorio, a la propiedad comunal, a los recursos naturales y a su identidad cultural.
Asimismo, advierte que en caso de que el acto administrativo ya se haya dado a favor de la empresa, el mismo sea declarado nulo.
Territorio ancestral y ecosistema frágil
Los pueblos Awajún y Wampis de El Cenepa han desarrollado su vida colectiva como pueblos, sobre un territorio ancestral que abarca la Cordillera del Cóndor y sus áreas aledañas. Dicha región está reconocida internacionalmente por la alta diversidad biológica que alberga.
Debido a su situación de extrema vulnerabilidad, el año 2007 el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, hoy SERNANP) admitió que es indispensable declarar la intangibilidad de las partes altas de la Cordillera porque sus montañas son cabeceras de los principales ríos tributarios de la cuenca del Marañón, recuerda la demanda.
De otro lado, según explica Zebelio Kayap, asesor de la ODECOFROC, la zona de interés de Afrodita (los 575 mil m2), formó parte de la propuesta de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor (PNIMCC), la cual finalmente fue modificada dejando fuera cerca de la mitad del territorio proyectado, incluido el área hoy en disputa.
Vale señalar que la demanda presentada el lunes cuenta con las firmas de las organizaciones civiles Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y CooperAcción, en calidad de asesores legales de los demandantes.
