Comisión supranacional abordó, entre otros casos, la situación de emergencia que afronta la comunidad shipibo de Cantagallo en Lima, devastada por un incendio que dejó en situación de desprotección a más de 300 familias. Foto: CAAAP
15:34|20 de diciembre de 2016.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Perú del 13 al 15 de octubre de 2016, con presencia en la Ciudad Capital. La visita tuvo como objeto inicial la recopilación de información para la elaboración del primer informe temático de la CIDH sobre derechos humanos y pobreza en las Américas. Esta fue la séptima de una serie de visitas de la Comisión Interamericana a países de la región con el objeto mencionado.
La visita fue realizada por el Comisionado Paulo Vannuchi, en su calidad de Relator para Perú y encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comisionado estuvo acompañado por dos especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La Comisión Interamericana agradece al Estado de Perú por su apertura y por las plenas facilidades otorgadas en la realización de la visita, en particular a las distintas autoridades de Gobierno. Asimismo, agradece a la organización “Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” por su colaboración para llevar a cabo la visita a la Comunidad Shipibo-Konibo asentada en la localidad de Cantagallo y a todas las organizaciones que participaron y colaboraron con la reunión que se mantuvo con representantes de la sociedad civil, academia y movimientos sociales. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron, entre otras, fueron Oxfam Perú; Red Peruana de Afrodescendientes (Ashanti Perú); Ciudadanos al Día (CAD); Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC); Flora Tristán; Derechos de la Mujer (DEMUS); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Asociación Nacional de adultos mayores del Perú (ANAM); Colectivo Ciudadano sobre Salud y Envejecimiento; Perú Equidad; Mesa Discapacidad y Derechos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Centro de investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP); Movimiento sin techo – Metropolitano; Coordinadora Red Trans Peru; Instituto de Defensa Legal (IDL); Due Process of Law Fountation (DPLF); Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP); CEPRU; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); Centro de Estudios y Formación Afroperuanos Lundu; Coordinadora Nacional de Pueblos Unidos del Perú (CONAPUP); y Coordinadora de Mujeres Trans Trabajadoras Sexuales de Perú. Agradece también a la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Perú por el valioso apoyo prestado para la coordinación de las actividades de la visita.
En ciudad de Lima, la delegación se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo V. Luna Mendoza, quien manifestó su disposición para el trabajo conjunto con la Comision Interamericana, y particularmente para colaborar con las tareas del Relator para Perú, Comisionado Vannuchi.
La delegación también mantuvo una reunión con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lucia Cayetana Aljovin Gazzani; la Viceministra de Políticas y Evaluación Social, Maria Eugenia Mujica San Martin, y su equipo de trabajo. La CIDH recibió del Estado información relativa a una serie de programas destinados a personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y pobreza extrema en Perú, y sobre la ejecución de una serie de iniciativas en políticas públicas que se están implementando con la finalidad de reducir la pobreza en el país, con énfasis en la pobreza urbana. Se hizo referencia también a la preocupación prioritaria por reducir los índices de anemia y desnutrición crónica de niños y niñas en el país. Asimismo, se resaltó la importancia de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), en reforzar los programas sociales productivos para las familias a fin de generar capacidades para las personas viviendo en pobreza y pobreza extrema, y no simplemente brindar programas asistencialistas. Las autoridades indicaron que los desafíos principales radican en lograr la articulación de entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, y en lograr avances en la zona de la Amazonía, en particular por el grave problema de agua.
La delegación mantuvo también una reunión con la Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Rosa Vignolo Huamani y su equipo. Se informó en dicha reunión que el referido Ministerio estaba trabajando en evaluar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011, sus ventajas y desafíos; y que se estaba avanzando en las labores de coordinación para la formulación y aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2021. Con respecto a este último, las autoridades indicaron que se consideraba importante contar con indicadores de derechos, incorporar la protección para defensores y defensoras de derechos humanos la temática de derechos humanos en el ámbito empresarial y que se establezcan espacios de participación social y mecanismos de rendición de cuentas.
También se realizó una reunión con el Presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, Federico Arnillas Lafert. La Mesa de Concertación, creada en 2001, tiene una estructura descentralizada con instancias de nivel nacional, regional y local (distrital y provincial). Cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional, que es la instancia responsable de dirigir y coordinar la ejecución de los objetivos de la Mesa de Concertación en el ámbito nacional, integrado por representantes de instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil. El Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2016-2021 fue instalado el 9 de setiembre de 2016.
En la reunión con la delegación, el Presidente de la Mesa de Concertación destacó algunos de los hitos del trabajo de la entidad tales como su aporte al proceso de descentralización, los planes de desarrollo concertado, los presupuestos participativos y el impulso a la transparencia en la gestión pública, entre otras iniciativas para avanzar en la reducción de brechas y en la atención a los derechos se salud, educación, etc. También reiteró el compromiso asumido por la Mesa para hacer posible las metas del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021. Indicó que dicho acuerdo es el resultado de un proceso de concertación que ha sido formulado con la participación de representantes de numerosas organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil y funcionarios del sector público nacional, regional y municipal.
En la segunda jornada, la delegación se desplazó a la zona de Cantagallo a fin de visitar a la comunidad indígena urbana Shipibo Konibo, que se dedica principalmente a la elaboración y venta de artesanías. En la oportunidad, la CIDH fue recibida con una alegre, energética y calurosa bienvenida por la comunidad. La CIDH fue informada que a partir del año 2000, familias Shipibo-Konibo provenientes de Ucayali se asentaron en la zona de Cantagallo, lugar en que con el transcurso de los años, la población fue creciendo y se constituyeron 3 asociaciones representativas, AVSHIL, AKUSHIKOLM y ASHIREL.
Mar Pérez, de la CNDDHH, Richard O`Diana, del CAAAP, y Norma Colledani, representante de la CIDH. Foto: Mario López Garelli
La comunidad indígena Shipibo-Konibo, comunidad de más de 300 familias aproximadamente, se asienta en situación de hacinamiento sobre un relleno sanitario, por lo que las condiciones higiénicas, de salud y de vivienda de las mismas son altamente riesgosas, especialmente para los aproximadamente 600 niños y niñas de la comunidad, así como para las personas adultas mayores. Se informó que carecen de los servicios públicos básicos como luz, agua, alcantarillado y vivienda digna. La Unidad DESC pudo observar la precariedad de sus viviendas y verificar la falta de acceso a los servicios públicos de electricidad, saneamiento y agua. Asimismo, la delegación de la CIDH visito la Escuela Intercultural Bilingüe de la Comunidad, y pudo constatar que tampoco cuenta con servicios básicos y que la infraestructura requiere de mantenimiento y control.
Se detalló a la CIDH que se habían presentado algunos incidentes por las condiciones de precariedad del asentamiento, como un incendio que tuvo lugar en agosto de 2016, el cual habría destruido algunas viviendas precarias de la comunidad. Por ello indicaron que habían solicitado la instalación de suministro de energía eléctrica, a lo cual la Municipalidad Metropolitana de Lima habría respondido que no se podría autorizar dicho servicio debido a que se trata de una zona de “dominio público”. Además, informaron que tuvieron un conflicto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que habría utilizado un fondo destinado a la reubicación de la Comunidad de Cantagallo, para la construcción de una avenida central que no beneficiaría a la mencionada comunidad. En vista de dicha información, se indicó que en la actualidad la principal pretensión de los Shipibo-Konibo era el reconocimiento como propietarios formales del predio en la localidad de Cantagallo y el acceso a los servicios básicos de agua, luz y desagüe.
Lamentablemente, con posterioridad a la visita, en la madrugada del 4 de noviembre de 2016, la CIDH fue informada que un incendio de gran magnitud había arrasado con los asentamientos precarios de la Comunidad Shipibo, que dejó a más de 2000 personas en la desolación, sin viviendas, sus bienes, materiales de trabajo, y sus artesanías para la venta. El incendio se habría propagado rápidamente por la presencia de material inflamable. Algunas fuentes de información indican que el incendio fue generado por la llama de velas, que se utilizaban ante la falta de energía eléctrica. La CIDH espera recibir información en cuanto a las medidas que Estado haya adoptado y hubiera de adoptar para dar atención a la situación de las familias afectadas.
Por otra parte, la delegación de la CIDH visitó además las instalaciones del Programa Nacional Cuna Más de la Comunidad de Nevería en San Juan de Lurigancho. Dicho programa social se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y tiene el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. En la sede de Nevería, la delegación se entrevistó con personal del programa para conocer su funcionamiento y observar los espacios acondicionados para las distintas edades y los protocolos de almacenamiento y provisión de alimentos, así como para la provisión de vitaminas para el tratamiento de anemia de niños y niñas que lo requieran. La Unidad DESC considera importante que se continúen desplegando los esfuerzos pertinentes a fin de ampliar la cobertura del programa, con especial atención a personas y grupos históricamente discriminados.
En la reunión con representantes de la sociedad civil y movimientos sociales que se celebró el 15 de octubre de 2016, la delegación tomó nota de las manifestaciones sobre las dificultades estructurales que impiden la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en Perú, y que afectan las condiciones para garantizar una vida digna a las personas que viven en pobreza en el país. Se resaltó la importancia de que se adopten políticas para fomentar la creación de las condiciones necesarias para garantizar la igualdad real, el acceso a la información pública, la participación social y la rendición de cuentas.
La sociedad civil alertó sobre los impactos de invisibilización que podría generar la medición de la pobreza sobre la base de una concepción únicamente monetaria, y no multidimensional, indicando como ejemplo la situación en Madre de Dios. Asimismo, se relevó la importancia de las brechas sociales entre lo rural y urbano. Se destacó la necesidad de abordar los impactos que producen los conflictos medioambientales generados por las empresas extractivas en los derechos de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como la criminalización de la protesta social.
Asimismo, presentaron información relativa a personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. Se hizo referencia a la invisibilización de las personas con discapacidad y los adultos mayores, especialmente con respecto a sus reclamos sociales. También se indicó que la pobreza tiene un impacto diferenciado en las mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en las zonas rurales del país. Se indicó que Perú se posiciona en segundo lugar por la taza de feminicidios; y que de cada 10 mujeres, 6 serían víctimas de violencia. Otro tema de preocupación planteado es el de las trabajadoras del hogar en Perú, por la falta de regulación y control estatal al respecto. Indicaron que en dicha situación se encontrarían alrededor de medio millón de mujeres y niñas, quienes empiezan a realizar dichas tareas domésticas desde los 7 años, en un contexto de maltrato de los empleadores, abuso y discriminación, fuertes castigos físicos, alimentación inadecuada, condiciones de vivienda insalubres, pocas expectativas de educación y de acceso a actividades culturales y recreativas. Asimismo, se alertó sobre las inadecuadas condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la industria pesquera en el país y de la actividad agropecuaria en los departamentos de Ica, Piura y Trujillo, entre otros.
Con respecto a las personas LGBTI, se hizo referencia al alto índice de suicidios de personas trans adolescentes y al contexto de violencia y estigmatización de mujeres lesbianas y hombres trans. En cuanto a las mujeres trans, se informó que la mayoría vive en situación de pobreza y pobreza extrema y que son víctimas de violencia callejera y trata de personas, sin oportunidades laborales, más allá de la prostitución, y que por ende no pueden acceder a las condiciones para una vida digna. También se hizo referencia a que de cada 2 mujeres trans, una vive con VIH, y que el Estado sólo destina el 3% del gasto público a estas comunidades, y que no hay políticas de prevención y/o acceso oportuno al tratamiento. Los representantes de la sociedad civil indicaron además que no se reconoce la identidad trans en general, y que por ello se consideran necesario avanzar en una ley de identidad de género.
Por su parte, se hizo referencia a la falta de visibilización y de políticas públicas para las comunidades afroperuanas, en particular la carencia de indicadores o de datos desagregados con respecto a su situación social. Se hizo referencia a la importancia de reforzar, en particular, las políticas de educación, dado que según la información disponible sólo 3 de cada 10 afrodescendientes en Perú accedería a educación superior y sólo uno lograría completarla. También se aludió al uso no adecuado de adjetivos negativos en las propagandas publicitarias en contra de los afroperuanos. Se precisó que los programas sociales como “Cuna Más” o “Pensión 65” deberían contener un componente especial para dichas comunidades. Asimismo, se recalcó la necesidad de que el Estado de Perú proceda en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
Con respecto a la situación de los pueblos indígenas, se informó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2014 el porcentaje de pobreza monetaria en el ámbito rural era de 46%; mientras que en cuestión de pobreza extrema, el porcentaje era de 14.6% en zona rural. Los representantes de la sociedad civil también manifestaron que según el INEI (año 2013) mientras la capital Lima contaba con 162 hospitales, Huancavelica y Huánuco (donde radican muchas comunidades indígenas) contaban con 3 y 4 hospitales respectivamente, mientras que en Madre de Dios (con amplia presencia de comunidades indígenas) sólo había 5 hospitales. Consideraron importante destacar también algunos avances a nivel estructural. De esta forma, hicieron referencia a 24 procesos de consulta previa que ya habían finalizado hasta la etapa de diálogo: 11 en hidrocarburos, 4 en minería, 3 sobre Áreas Naturales Protegidas, la Política de Salud Intercultural, entre otros.
Por otra parte, se manifestó la grave preocupación por las afectaciones que producen los constantes derrames de petróleo en los ríos en el país, que en 2016 habrían ocurrido al menos en 7 oportunidades, lo que ocasionó la contaminación del agua y por ende de los alimentos. Indicaron que ello afecta principalmente a comunidades indígenas y campesinas, con impacto diferenciado en mujeres, niños y niñas, y personas adultas mayores. Los representantes sostuvieron la necesidad de seguimiento, control y vigilancia al oleoducto Norperuano y que el Estado adopte medidas de prevención y de protección como la provisión de agua y alimentos. Indicaron que mediante la resolución oficial Nº 012-2016-OEFA/DS, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en uno de los derrames, había indicado que el mismo se produjo debido a que el referido oleoducto presentaba deterioro por altos niveles de corrosión.
Por otra parte, se hizo referencia a la situación de pobreza extrema de las poblaciones amazónicas, respecto de las cuales hay grandes brechas en el acceso a los servicios públicos, especialmente acceso al agua, y una muy débil presencia estatal. Asimismo, se hizo referencia a la situación de las comunidades campesinas que habitan en La Oroya, indicando que las mismas viven en situación de pobreza extrema, siendo víctimas de contaminación ambiental por plomo y cinc, sin contar con un centro médico que pueda brindar servicios de diagnóstico y tratamiento adecuados, por insuficiencia de personal y de los elementos necesarios de evaluación.
Los representantes indicaron que no hay planificación, ni estudios de impacto ambiental para superar los problemas que causa la minería en las actividades agropecuarias del campesinado, en vista de su empleo de los recursos naturales disponibles, como el agua y el suelo. Expresaron que lo anterior se traduce en conflictos sociales, degradación ambiental y afectaciones a las condiciones de vida de las personas.
Asimismo, se alertó a la CIDH de los presuntos abusos que cometen agentes de la seguridad privada de las empresas extractivas. Se informó de 55 muertes que habrían ocurrido en un contexto de criminalización de la protesta social por abusos de la fuerza. Se indicó que desde el retorno a la democracia sólo una sentencia había establecido la responsabilidad de un funcionario policial y que, además, Perú es el cuarto país en el mundo por la cifra de defensores ambientales asesinados.
Se hizo mención al establecimiento de peajes en determinadas zonas del país, en especial en carretera Panamericana Norte, que estarían impactando desproporcionalmente en la situación de las personas viviendo en pobreza y pobreza extrema de los alrededores. Adicionalmente, se hizo referencia a la situación de una serie de asentamientos urbanos precarios en Lima (entre ellos Virgen de Fátima y Jerusalén) de los cuales se alegó la falta de agua, saneamiento y servicios de transporte. Indicaron que en Lima se estima que alrededor de 1 millón de personas carecen de agua y que aún no se había cumplido con la promesa de provisión de agua.
En particular, se indicó que en Lima hay un grave déficit con respecto al derecho a la vivienda, dado que los programas de Gobierno no tienen una cobertura integral y no llegan a pobladores de asentamientos urbanos precarios y a las laderas de cerros. Los interlocutores de la CIDH manifestaron además que un alto número de personas residen en viviendas peligrosas y que hay un crecimiento desordenado de la ciudad, dividida en sectores de riqueza y pobreza en evidente desigualdad. Consideran que la situación se ilustra con lo que se ha denominado “el muro de la vergüenza” (un paredón de 10 kilómetros de largo construido en Lima que divide la urbanización Las Casuarinas de amplios recursos económicos, de los asentamientos urbanos precarios de la zona) ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. La delegación se desplazó al lugar y pudo observar el muro y las construcciones de ambos lados, constatando las carencias de los asentamientos precarios.
La CIDH agradece los insumos provistos por representantes del Estado y de la sociedad civil, y reitera su plena predisposición para establecer canales de diálogo constructivo entre todos los actores con miras a seguir avanzando hacia la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales en Perú. La Comisión Interamericana expresa su disposición para colaborar con el Estado en su respuesta a los asuntos de derechos humanos discutidos durante esta visita y nuevamente agradece su apertura y disposición. Finalmente, la CIDH agradece de forma especial a la Unión Europea, cuyo apoyo financiero hizo posible esta visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
