Derrame en Cuninico tuvo lugar en junio de 2014. Foto: Barbara Fraser
10:05|25 de febrero de 2017.- Beatriz Velásquez Condori, titular del Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, ordenó al Ministerio de Salud “diseñe e implemente” en el plazo de un mes una «Estrategia de Salud Pública de emergencia” para las comunidades kukama de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, afectadas por el derrame de alrededor de tres mil barriles de petróleo producto de una fisura en el Oleoducto Norperuano que opera la empresa Petroperú.
Dicha estrategia, precisa la resolución del Juzgado, tiene como fin “establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, asimismo ejecute un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores”.
Esto, continúa el documento con fecha 22 de febrero de 2017, “a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente.”
La medida cautelar se conoce a pocos días de haber tenido lugar una audiencia donde representantes de las comunidades afectadas expusieron la grave situación de salud que afrontan por falta de una atención oportuna y adecuada.
El derrame en la comunidad de Cuninico tuvo lugar en junio de 2014, y en un principio, lo reconoce la misma resolución de la jueza, el Ministerio de Salud «habría cumplido parcialmente con su obligación de minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas afectadas”.
El documento sostiene en ese sentido que dicho ministerio puso en mayor riesgo la salud de la población afectada “al no haber dictado medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan dichos riesgos”.
Con la medida dictada por la jueza de Nauta, el Ministerio de Salud –pasado el plazo de un mes donde debe presentar su Estrategia de Salud Pública– deberá informar documentadamente sobre lo avanzado.
En otro punto, la resolución exhorta al Gobierno Regional de Loreto, a la Municipalidad Provincial de Nauta que en coordinación con las Municipalidades Distritales, “participen urgentemente, en las acciones de ejecución que permitan la protección de la salud de los pobladores de las Comunidades afectadas”.
Cabe precisar que en enero de 2016, el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), encontró plomó y cadmio en parte de la población de Cuninico, por encima de los rangos de referencia; “sin que el Ministerio de Salud implemente un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afecta de manera eficiente», detalla la resolución.
La medida cautelar dictada responde a una demanda presentada con la defensa legal del Vicariato de Iquitos y del Instituto de Defensa Legal (IDL), y con el apoyo de los sacerdotes Manolo Berjón y Miguel Ángel Cadenas, de la Parroquia Santa Rita de Castilla.
Asimismo, con el apoyo de Radio Ucamara, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Earth Rights International, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS), Oxfam y de otras instituciones y personas.
