En Brasil y en el mundo es un desafío garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en los procesos de toma de decisiones estatales que les afectan
Encontro de Xamãs Yanomami. Foto referencial: Beto Ricardo.
Por Daniel Cerqueira*
12:25|16 de marzo de 2017.- “En Brasil, los conflictos por la tierra con indígenas tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas de producción”. Con esta frase, de enero de 2015, la senadora y entonces ministra de Agricultura, Kátia Abreu, reivindicó la vieja consigna anti-indígena, que es repetida constantemente en los bastidores del poder en Brasilia. Abreu es una de las pocas senadoras del PMDB, partido de Michel Temer, que se opuso a la destitución de Rousseff. Cuando la ex presidenta se encontraba a punto de ser defenestrada por la mayoría del Senado, Abreu la defendió bajo el argumento de que ningún otro presidente había apoyado tanto la agroindustria. No se imaginaba que la bancada ruralista, poderoso frente parlamentario conformado por latifundistas y empresarios del sector agrícola, contaría con una presencia aún más pronunciada en el gabinete de Temer.
Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-indígena, al defender la evangelización como alternativa de integración de tales pueblos a la sociedad. De esta manera, el asimilacionismo religioso y la captura del Estado por parte de intereses corporativos han reservado un buen lugar para los pueblos indígenas y afrodescendientes (quilombolas) en la repisa de malezas que obstaculizan el desarrollo de la nación. Dicha tendencia se hizo evidente con la Resolución 68/17, de enero del presente año, emitida por el Ministerio de Justicia. Elogiada por Temer, la resolución fue criticada por organizaciones de la sociedad civil e indígenas, quienes sostienen que su intención es revalidar el despojo de sus territorios. Tras un pronunciamiento del Ministerio Público cuestionando su legalidad, la resolución fue reemplazada por la número 80/17, manteniendo, sin embargo, las principales disposiciones criticadas. Entre otras medidas, la nueva resolución crea una instancia política con la potestad de detener y hasta revertir los procesos de demarcación de tierras ya realizados por la Fundación Nacional del Indio.
De acuerdo con miembros del Consejo Nacional de Política Indigenista, las resoluciones del Ministerio de Justicia fueron adoptadas de forma sorpresiva, sin ningún tipo de diálogo ni de consulta previa, libre e informada, contrariando así los estándares internacionales aplicables. El derecho a la consulta y al consentimiento previo se encuentra previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en las declaraciones de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de un derecho esencial, que determina un nuevo tipo de relación, más simétrica y respetuosa, entre los Estados y los pueblos étnicos. La consulta y el consentimiento son un mecanismo de diálogo intercultural mediante el cual se informa de buena fe, y atendiendo a las tradiciones, sobre el impacto que un proyecto de desarrollo puede tener sobre un territorio, y también respecto de otras decisiones legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los habitantes del mismo.
Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-indígena, al defender la evangelización como alternativa de integración de tales pueblos a la sociedad
En Brasil y en el mundo, sigue siendo un desafío garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en los procesos de toma de decisiones estatales que les afectan. En un libro recientemente publicado por la Fundación para el Debido Proceso y por la Red de Cooperación Amazónica, se demuestra que el derecho a la consulta y al consentimiento es continuamente violado en Brasil por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, encontrando, además, serios obstáculos en el ámbito del Poder Judicial. El documento describe cómo una serie de medidas inconsultas implican violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales. Muchas de esas medidas tienen que ver con la expansión de la agroindustria y la concesión de proyectos de infraestructura y minero-energéticos en tierras reclamadas y, en algunos casos, tituladas en favor de los referidos pueblos y comunidades.
Cabe mencionar que la sumisión de la política indigenista a los intereses de la agroindustria y de grandes constructoras no es una invención del actual presidente. Basta con mirar el impacto de las hidroeléctricas de Belo Monte, Jirau y Santo Antônio, entre otras obras faraónicas concesionadas en territorios indígenas, durante los gobiernos anteriores. En todo caso, Michel Temer parece dispuesto a ceder aún más a los frentes parlamentarios que han asfixiado la política indigenista en las últimas décadas. El ejemplo más reciente de esta realidad son las declaraciones del nuevo ministro de Justicia Osmar Serraglio, tan pronto fue posesionado el 23 de febrero. Justo él, autoridad responsable por las demarcaciones de territorios indígenas en Brasil, logró superar las oprobiosas palabras de Katia Abreu, al criticar directamente las demandas de los pueblos indígenas con el proverbio “no se llena la barriga con tierra”. Sobra decir que Omar Serraglio proviene de la bancada ruralista y del infausto PMDB de Michel Temer.
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*Daniel Cerqueira es Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso.
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Fuente: El País
