18:00|10 de mayo de 2017.- El Pacto de Unidad, bloque integrado por seis organizaciones indígenas de alcance nacional, acusó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de impedir la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1333 que facilita las inversiones en infraestructura en el país a costa, señala, del despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas u originarios.
Esta acusación la hizo luego de que el 4 de mayo, el Pleno del Congreso «omitió el debate y la ratificación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que aprueba la derogatoria por inconstitucional» del citado decreto, que se aprobó a inicios de año en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo.
Como es sabido, a mediados de marzo, la Comisión de Constitución del Congreso acordó derogar el polémico decreto al considerar que esta vulnera los derechos de las comunidades campesinas y nativas en torno a su propiedad y la determinación del uso de sus territorios.
Se suma a ello, explica el Pacto de Unidad en un pronunciamiento difundido el 8 de mayo, que el decreto «nunca fue consultado a los pueblos indígenas conforme a lo que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley y el Reglamento del Derecho a la Consulta Previa.»
Piden no mentir y no retroceder
En el pronunciamiento, el Pacto denunció además que luego de asistir de buena fe el 28 de abril a una reunión convocada por el MEF para sustentar su posición sobre la derogación del decreto, dicho ministerio vino «malinformando al señalar que se logró un acuerdo con relación a esta norma».
Al respecto, el bloque indígena negó categóricamente que se haya llegado a un acuerdo.
De otro lado, el Pacto de Unidad pidió a los miembros del Congreso que los respaldan «no ceder ante las presiones que se están efectuando desde el Ejecutivo para lograr la aprobación de una norma que, desde todo punto de vista, es inconstitucional y violatoria de nuestros derechos territoriales».
Rechazo
Desde su aprobación, el Decreto Legislativo Nº 1333, que lleva por título «Para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados», ha sido duramente cuestionado por organizaciones indígenas y campesinas, la sociedad civil y un sector del propio Congreso.
Esta norma crea el Proyecto Especial para el Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), dependiente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú advirtió en su momento que el decreto le permite al proyecto APIP «sanear física (demarcar y georreferenciar) y legalmente (entregar derechos) tierras comprendidas en el ámbito geográfico de proyectos de inversión priorizados, sin importar si son tierras formales o informales, públicas o privadas.»
Una de las atribuciones más criticadas del proyecto y que se encuentra en el artículo 3 inciso h del decreto, es la potestad que tiene de “definir la necesidad de la reubicación de pobladores, coordinando con las entidades respectivas y convocar a las asambleas (comunales)”.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, desde su fuero dio batalla en contra del decreto. María Elena Foronda Farro, su presidenta, fue quien sustentó el pedido de derogatoria ante la Comisión de Constitución.
«Es una buena noticia para los pueblos del Perú porque de esta forma el Congreso enmienda la plana al Ejecutivo, quien en su afán de favorecer a las empresas extractivas sacó este decreto lesionando el derecho a la consulta previa de las comunidades», sostuvo Foronda en marzo cuando se supo del dictamen de la Comisión de Constitución que derogaba la norma por ser inconstitucional.
Cabe precisar que el Pacto de Unidad lo integran la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), Onamiap, Fenmucarinap, Cunarc y Unca.
A continuación el pronunciamiento completo del Pacto:
ORGANIZACIONES INDÍGENAS RECHAZAN MANIOBRAS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y DE CULTURA Y DEMANDAN LA DEROGACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1333, “DECRETO DEL DESPOJO DE TERRITORIOS Y TIERRAS DE PUEBLOS INDÍGENAS”
Con enorme extrañeza, las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad presenciamos, el pasado jueves 4 de mayo, que el Pleno del Congreso de la República omitió el debate y la ratificación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que aprueba la derogatoria por inconstitucional del Decreto Legislativo 1333, “para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados”, pese a encontrarse a trámite en la agenda legislativa.
Ante esta situación las organizaciones indígenas manifestamos a la opinión pública, nuestra más absoluta disconformidad y rechazo hacia tal decisión y exigimos que dicho decreto sea puesto en agenda y se ratifique el pedido de derogación, dadas las graves amenazas contra el derecho de propiedad y posesión de nuestros territorios ancestrales, que conlleva este dispositivo. Como se sabe, esta norma dispone medidas inconstitucionales e ilegales para favorecer y facilitar las inversiones en infraestructura a costa del despojo de nuestros territorios comunales, agricultores familiares y propietarios en general que viven dentro o cerca a zonas donde el gobierno prevé ejecutar grandes obras de infraestructura y megaproyectos de inversión privada y pública.
Recordemos que este decreto legislativo nunca fue consultado a los pueblos indígenas conforme a lo que ordena el CONVENIO 169 DE LA OIT, LA LEY Y EL REGLAMENTO DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, omisión que no ha sido subsanado por el Ejecutivo, ni siquiera ha sido cuestionada por el propio Ministerio de Cultura; motivos por los cuales a esta norma no le queda más camino por recorrer que la derogatoria inmediata por el Congreso, al adolecer de defectos insalvables.
Al respecto, las organizaciones indígenas denunciamos la existencia de maniobras por parte de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para presionar al Congreso de la República, específicamente a la bancada de Fuerza Popular con la finalidad de EVITAR LA DEROGACIÓN DEL D.L 1333.
Así mismo, denunciamos que luego de asistir de buena fe el 28 de abril a una reunión convocada por el MEF para sustentar nuestra posición sobre la derogación del D.L 1333, este Ministerio viene malinformando al señalar que se logró un acuerdo con relación a esta norma con el Pacto de Unidad, afirmación que negamos categóricamente y que nos obliga a rechazar este tipo de maniobras que traicionan desde todo punto de vista la confianza y buena fe que debe caracterizar un dialogo de esta naturaleza. Así mismo denunciamos la participación de la Directora de Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, Ángela Acevedo, quien en la referida reunión del 28 de abril fungió como facilitadora de la misma, avalando con su presencia la posición del MEF. Recordemos que el Ministerio de Cultura a través de Viceministerio de Interculturalidad está obligada a garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual, estas actuaciones han generado la desconfianza y el rechazo total de las organizaciones indígenas.
Desde el Pacto de Unidad, EXIGIMOS a nuestros representantes en el Congreso a NO CEDER ante las presiones que se están efectuando desde el Ejecutivo para lograr la aprobación de una norma que, desde todo punto de vista, es inconstitucional y violatoria de nuestros derechos territoriales; asimismo, alertamos a nuestras comunidades campesinas y nativas y organizaciones de agricultores a no bajar la guardia hasta lograr la derogación de una norma tan peligrosa para la integridad de nuestros territorios.
Lima, 08 de mayo de 2017
¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!
¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!
