Uno de los puntos impactados por el derrame de más de tres mil barriles de petróleo en Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. Foto: Número Zero
-La CIDH difundió hoy un resumido informe de lo que fueron sus visitas a tres zonas afectadas por derrames del Oleoducto Noperuano. El informe recoge la versión de Petroperú sobre los hechos la cual analizamos a continuación.
23:30|25 de julio de 2017.- En contestación a una invitación hecha por el Gobierno peruano en junio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó los días 8 y 9 de julio de 2017 las comunidades de Cuninico, Puerto Alegría (ambas en Loreto) y Chiriaco (Amazonas), afectadas todas por sendos derrames de petróleo que tuvieron como origen el Oleoducto Norperuano que opera la empresa estatal Petroperú.
Dos semanas después de aquellas visitas, el pedido del organismo supranacional con sede en Washington refuerza lo que desde hace muchos tiempo hombres y mujeres de las comunidades afectadas vienen exigiendo al Estado sin obtener una acción efectiva y sostenida: agua potable, alimentos y atención de salud adecuada.
En el caso del derrame en Chiriaco se suma la agravante de que se permitió que menores de edad participen en las labores de limpieza del crudo, hecho por el cual ninguna autoridad del Estado ha sido aún hallada responsable. Similar escenario se vio también en el caso de Cuninico −menores de edad recogiendo crudo−, aunque este punto no haya alcanzado visibilidad como pasó en su momento con Chiriaco.
No obstante, hay algunos aspectos que resultan preocupantes en la comunicación que hoy hace pública la CIDH. Lo primero por aclarar es que Paulo Vannuchi, Relator de la CIDH para el Perú, no se hizo presente en la localidad de Chiriaco pese al compromiso que tenía la Comisión con la población afectada, a la cual antes ya había dejado plantada en una visita que estuvo programada para febrero de este año.
En su lugar, el 9 de julio último, estuvo Marisol Blanchard, actual coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la CIDH. Blanchard junto a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, escucharon por cerca de una hora las demandas de las comunidades en Chiriaco. Lo segundo, y lo que es alarmante, es la información proporcionada por el Estado a la delegación visitante.
Según Petroperú, el número de derrames por año «es muy bajo en comparación con otros países». Valdría hacer recordar a los funcionarios de la empresa del Estado que solo en el 2016 se registraron 13 derrames de petróleo en la Amazonía peruana, lo que implicó, y sigue implicando, graves violaciones a los derechos de miles de hombres, mujeres, niños/as y ancianos/as de comunidades.
De otro lado, Petroperú reincide, sin mostrar pruebas, en su versión de que los derrames son «causados por hechos de terceros». Esto lo dijo para el caso del derrame en Cuninico (junio de 2014), donde fue muy lejos al culpar a la propia comunidad de ser la autora del corte que habría dado origen al derrame.
Reportaje de Radio Ucamara a dos años del derrame en Cuninico
Sin embargo, la versión de Petroperú decayó luego de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinara en 2015 que el derrame se debió a la corrosión, tal como quedó señalado en la Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI. Más tarde, en febrero de este año, una auditoría realizada a la empresa por la firma internacional KPMG sumó argumentos a favor de la tesis de la corrosión (ver aquí).
Petroperú también le comunica a la CIDH que a raíz de los derrames −que no son eventos nada nuevos en la Amazonía− «habrían estado en alerta permanente y elaborado un plan de contingencia para movilizarse rápidamente, sobre la base de buenas prácticas internacionales.»
Dicho plan, le dice la empresa al organismo con sede en Washington, «consiste en una fase operativa, para llegar al sitio de la falla y repararla; una fase de acciones sociales, preventivas, destinada a atender a toda persona que se declare afectada por el derrame y una fase de acciones ambientales, para controlar los impactos de los derrames y remediar a través de empresas especializadas en este tipo de operaciones.»
Quien se encuentre medianamente informado de lo que ha pasado en los últimos años a raíz de los derrames en la selva, se podrá dar cuenta de la cantidad de falacias que encierra aquel párrafo. Primero, es sabido que son las comunidades las que casi siempre dan aviso de la ocurrencia de un derrame, y lo hacen a partir de una vivencia dura y cruel: ver cómo sus territorios son cubiertos por la sustancia tóxica.
En cuanto a las acciones sociales, preventivas y de atención a los afectados, estas no se ejecutan adecuadamente. Esto se vio en los tres casos abordados por la CIDH, tal como lo muestran decenas de notas periodísticas. Lo cierto, y esto es algo que la empresa prefiere omitir, es que el Oleoducto Norperuano no recibe hace muchos años el debido mantenimiento, algo de lo que están bien informados las autoridades del Estado.
Pero Petroperú también dice que le da especial relevancia a la relación que tiene con las comunidades y esto se ve en el supuesto «apoyo social a través de entrega de agua, atenciones médicas y víveres; de capacitación en las comunidades y puestos como promotores de salud y monitores ambientales, así como la seguridad del oleoducto.»
Sobre este punto, cabe recomendar la búsqueda en línea de información sobre el tema para poder darse cuenta de los sostenidos reclamos de las comunidades al respecto. Como se ve, la empresa estatal sigue evadiendo su responsabilidad y los ministerios o sectores implicados tampoco hacen algo significativo por revertir la situación de la población afectada.
En Cuninico siguen sin tener acceso a agua limpia y apta para el consumo humano y sus niveles de pesca se han visto perjudicados. En Puerto Alegría, capital del distrito de Morona, la situación es similar; y en Chiriaco decenas de niños que participaron en las labores de limpieza del crudo, aguardan un examen médico integral que les permita conocer su verdadero estado de salud.
