Infografía | Cuatro lenguas indígenas están en peligro de desaparecer

En el Perú, más de 4 millones de personas tienen por lengua materna una originaria o indígena según el Ministerio de Cultura.

El quechua sigue siendo la lengua indígena y originaria con mayor presencia en el país. | Fuente: El Peruano | Fotógrafo: Elaborado por: Ivón Schmitt - Periodismo Gráfico Audiovisual

El quechua sigue siendo la lengua indígena y originaria con mayor presencia en el país. | Fuente: El Peruano | Fotógrafo: Elaborado por: Ivón Schmitt – Periodismo Gráfico Audiovisual

12:18|15 de agosto de 2017.- Las lenguas indígenas u originarias son aquellas anteriores a la difusión del español. El Perú tiene 47 lenguas indígenas vigentes pero cuatro están en peligro: bora, murui – muinan, yagua y yanesha, todas de la Amazonía.

Las lenguas tiene un alto riesgo de desaparece ya que son menos utilizadas y no son transmitidas a las nuevas generaciones. Además, hay otras 17 lenguas seriamente en peligro porque solos son habladas por adultos mayores.

De acuerdo al Ministerio de Cultura con datos del Censo de Población y Vivienda 2007, 4 millones 45 mil 713 personas tenían como lengua materna una indígena u originaria, representando un 15% de la población nacional. De este grupo, son quechua hablantes más del 80% y con una gran diferencia le sigue el aimara con 10.96% y en un mínimo ashaninka con 1.67%.

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Fuente:   RPP Noticias

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En una carta dirigida a la Presidencia de la República y otros representantes del Poder Ejecutivo, los Obispos de los Vicariatos Apostólicos integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en articulación con los obispos de la Pastoral Social del Perú y de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresan su profunda preocupación por la reciente aprobación de la modificación a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Esta norma impone restricciones injustificadas a las organizaciones de la sociedad civil, limitando su labor en la promoción de derechos y el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. Por ello, exhortan al Poder Ejecutivo a observar la ley y a garantizar el respeto a la democracia y las libertades fundamentales, evitando medidas que silencien a la sociedad civil y debiliten la defensa de los derechos humanos en el país.

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