Una redada en una mina de oro ilegal en la Amazonía brasileña en abril de 2016 . Foto: Bruno Kelly/Reuters
Por: Ernesto Londoño y Shannon Sims
11:45|01 Septiembre.- Un juez federal en Brasil ha frenado temporalmente un plan del presidente Michel Temer para permitir la minería en una gran área de la selva del Amazonas, lo cual representa una victoria para los activistas del medioambiente, quienes denunciaron la iniciativa como una calamidad potencial.
En un fallo dado a conocer el martes, el juez Rolando Valcir Spanholo determinó que el poder ejecutivo había excedido su autoridad al retirar, a través de un decreto presidencial, la designación de área protegida a una región de casi 46.000 kilómetros cuadrados conocida por el acrónimo en portugués “Renca” (Reserva Nacional de Cobre y Asociados). El juez afirmó que el congreso es la única institución con la facultad de realizar tal cambio.
La decisión del juez ocurrió después de que el gobierno buscó responder a las críticas con una versión actualizada del decreto de Renca que especifica las medidas para mitigar el daño ambiental, proteger los derechos de las comunidades indígenas y mantener las áreas protegidas. Pero quienes se oponen señalan que el plan acelerará los desarrollos que han invadido las selvas, aumentará la deforestacióny desplazará a quienes nacieron ahí.
La determinación fue concedida en respuesta a una demanda presentada por Antonio Carlos Fernandes, un abogado y profesor universitario en la ciudad de Fortaleza, ubicada al noreste de Brasil. Fernandes expresó que se sentía obligado a actuar tras leer sobre la creciente oposición en Brasil y el mundo al decreto presidencial.
“Soy un ciudadano común”, dijo en una entrevista. “Y ahora tengo la certeza de que un ciudadano común puede tener mucha fuerza”.
El gobierno ha argumentado que autorizar minería regulada en la región frenaría la minería ilegal de oro y generaría nuevos trabajos. El área también contiene depósitos de hierro y cobre. Las autoridades ya dijeron que apelarán la decisión del juez.
Mientras se desarrolla el proceso de apelación, los fiscales regionales y los miembros del congreso opuestos a la apertura del área a la minería se preparan para una prolongada lucha legal y legislativa.
“La suspensión del decreto unilateral del presidente Temer con sus graves amenazas a la vasta selva del Amazonas ofrece un respiro temporal que es bien recibido”, dijo Christian Poirier, director del programa Amazon Watch. “El fallo de hoy preserva las garantías constitucionales y frena esta drástica regresión, pero es vulnerable de ser anulada por tribunales de mayor jerarquía”.
Algunas celebridades brasileñas se han involucrado en esta y otras disputas ambientales. “¡VERGÜENZA!”, la modelo Gisele Bündchen, quien al parecer influyó para que Temer cambiará una controversia ambiental previa, escribió en un mensaje de Twitter. “Estamos subastando nuestra Amazonía”.
En junio, tras una petición a través de Twitter por parte de Bündchen, Temer vetó la legislación que habría disminuido el tamaño del área de selva nacional en la Amazonía. En un gesto poco característico, el presidente respondió en Twitter para anunciar su veto.
El futuro de Renca se ha convertido en la más reciente disputa en la pelea entre Temer y los activistas, quienes mencionan que el presidente ha quedado en deuda con poderosas facciones políticas que representan los intereses de los sectores agrícola, ganadero y minero.
A principios del verano, Temer –un líder con índices de aprobación muy bajos– evitó un juicio por cargos de corrupción después de que una mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados de Brasil votaron para que el proceso no avanzara ante el Supremo Tribunal Federal. Ha habido reportes de que esos votos fueron obtenidos por medio de negociaciones turbias.
Temer, quien llegó al poder el año pasado tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ha recortado las protecciones ambientales y los presupuestos de agencias que supervisan el cumplimiento de las leyes ambientales y combaten la tala ilegal. Su gobierno también recortó el presupuesto de la agencia encargada de la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
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Fuente: The New York Times
