Comunidades exigen consulta ante un futuro contrato de explotación en la reserva petrolera más importante del país.
La comunidad de Los Jardines mantiene su medida de protesta.
13:35|07 de setiembre de 2017.- En los últimos días la huelga de maestros ha opacado otras protestas en el país, como la que se mantiene en el lote 192 en Loreto. El último martes 22 de agosto un grupo de dirigentes indígenas en Lima, abandonaron la reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha y otros funcionarios, debido a la imposibilidad de estos últimos de garantizarles la realización de un nuevo proceso de consulta previa ante un futuro contrato de explotación del lote 192, la reserva petrolera más importante del país.
Los líderes indígenas, representantes de las cuencas amazónicas del Pastaza, Corrientes, Tigres y Marañón presentes en dos días de reuniones, decidieron dar un plazo de 20 días a los funcionarios para responderles positivamente sobre la consulta previa. Este vence el próximo lunes 11 de setiembre. Caso contrario, anunciaron que paralizarán toda la actividad petrolera en la zona.
Entre sus razones, refieren que hasta el momento no se ha cumplido con las promesas asumidas por el estado en el año 2015 sobre remediación ambiental y proyectos de desarrollo para las comunidades, sobre todo en educación.
“El Estado solamente debería comprometerse a respetar la ley, que establece que se deberá consultar a los pueblos sobre acciones que nos afecte de algún modo. Queremos agotar el diálogo pero ya lo hemos dicho, si no resuelven favorablemente nos van a tener haciendo una protesta”, declaró a este Diario el dirigente Alfonso López, presidente de la Acodecospat, federación de indígenas kukama del Marañón, uno de los presentes en la reunión.
-Promesas e incumplimientos-
Las comunidades ubicadas en el área de impacto de las actividades petroleras del lote 192, iniciaron una protesta el lunes 14 agosto con la toma del aeródromo y un tramo de la carretera en Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto). Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) explicó a El Comercio que la medida se adoptó luego de un prolongado silencio del gobierno pese a los reiterados documentos enviados apelando al diálogo.
La medida se levantó el viernes 18, para restaurar el diálogo con el Viceministro de Gobernanza. De esta reunión, se tomó la decisión de conversar en Lima entre el 21 y 22 de agosto con los dirigentes nativos. El seguimiento de los acuerdos se realiza sobre las actas de Lima o acta de las cuatro cuencas de marzo de 2015 y las firmadas en Teniente López y José Olaya. Además del tema prioritario que es la consulta previa, estos acuerdos incluye la realización del estudio independiente para detectar las áreas críticas en la remediación ambiental, cuyo presupuesto ha sido anexado al proyecto de presupuesto general de la República del año 2017.
Otro de los puntos en agenda es el plan de abandono del lote 192, documento que al término de sus competencias debe presentar la empresa operadora para demostrar que dejan el lugar en óptimas condiciones. Las comunidades han expresado su preocupación porque la empresa Frontera Energy no cumpla con presentar su plan de abandono y remedie las zonas impactadas por la actividad petrolera, como en su momento ocurrió con PlusPetrol. Además, la mesa de diálogo discute sobre los problemas de electrificación rural, ley del canon, temas de educación, producción agropecuaria.
“El tema de la educación y del tratamiento de agua es un tema muy delicado. En la comunidad Dos de mayo tenemos una planta temporal del agua y el Estado nos ha notificado que es muy costoso sostener esa planta. Ahora plantean que usemos la captación de agua de lluvia y nadie nos ha asegurado que sea salubre para nosotros”, dijo Alfonso Lopez.
-La protesta al interior del lote 192-
Al suroeste de Andoas al interior del lote 192, se ubica la Comunidad Nativa Los Jardines los cuales mantienen bloqueadas las instalaciones de la batería Capahuari Sur y han paralizado la producción diaria de 2.000 barrilles de petróleo, de los 10.000 barriles diarios que suele producir el lote diariamente. Wilmer Chávez, presidente la Organización Interétnicas del Alto Pastaza (ORIAP) declaró a este Diario que también exigen la realización de un nuevo proceso de consulta previa y esperan la presencia de los funcionarios de gobierno.
De hecho, Oriap desistió a asistir a la mesa de trabajo por el acta de seguimiento de Saramurillo entre los nativos y la Mesa Multisectorial liderada por el Ministerio de Trabajo. En una carta del 22 de julio anunciaron que declinaban de las reuniones en solidaridad con la protesta en el lote 192. Sin embargo, fuentes del MTC comentan que un día después los dirigentes reconocieron que de persistir con esta decisión se retrasarían los acuerdos pactados con el Ejecutivo. Finalmente, un día después anunciaron que llegaron a algunos acuerdos.
-La consulta previa-
A inicios del año el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo remitió al Ministerio de Energía y Minas el pedido de las de la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (Feconaco) y Fediquep sobre la realización de un nuevo proceso de consulta previa, frente a un nuevo contrato de explotación en el lote 192 que firmará el gobierno con una empresa por 30 años.
El 9 de junio, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas respondió que no corresponde un nuevo proceso de consulta previa ante el reinicio de una actividad en tanto no implique la variación de los términos autorizados, en referencia a la consulta previa realizada en el año 2015, que brindó la autorización social para el contrato de servicio de la actual operadora del lote 192, Frontera Energy.
Los representantes indígenas por su parte consideran que es necesario un nuevo proceso de consulta debido a que el contrato que se firmará esta vez será de 30 años, una vez que el contrato temporal con Frontera Energy termine en enero de 2019.
Ante el rechazo del Minem, la apelación ha subido al Ministerio de Cultura quienes son los que se pronunciarán finalmente si el pedido de las comunidades es aceptado. De acuerdo a fuentes de Cultura, el tema está en evaluación y se han fijado esos 20 días de plazo para emitir una respuesta. No ha habido otro pronunciamiento al respecto del Minem.
De acuerdo a versiones recogidas por El Comercio, un sector del gobierno sí considera que la consulta previa es una posibilidad para lograr sostenibilidad del proyecto por los próximos 30 años.
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Fuente: El Comercio
