Grave amenaza. Norma declara de interés nacional la construcción de carreteras en la selva de Ucayali. Esto afectaría los derechos y la integridad de los pueblos Murunahua, Mashco Piro e Isconahua. También corren riesgo los parques nacionales de Alto Purús y Sierra del Divisor, que destacan por su biodiversidad. En ellos se encuentran algunas especies de aves y plantas únicas y desconocidas.
No contactados. Territorio de los Mashco Piro se encuentra en la zona amenazada.
Por Fernando Leyton
18:24|28 de enero de 2018.- En julio de 2016, tras un proceso que tardó al menos 10 años, el Estado peruano creó las tres primeras reservas indígenas del país. Ese hito fue celebrado como un gran avance en materia de protección de pueblos originarios, pero una norma promulgada por el Congreso al día siguiente de la partida del Papa, lejos de contribuir con ese objetivo, impulsa una real amenaza para la Amazonía y sus habitantes.
La Ley N° 30723, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali, se aprobó sin la opinión técnica de los ministerios del Ambiente y de Cultura, de modo que no ha tenido en cuenta los posibles impactos en la conservación de la biodiversidad ni la forma en que afectará los derechos de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, conocidos como PIACI.
Las reservas
Las reservas indígenas amenazadas son las de Murunahua, Mashco Piro e Isconahua, que en conjunto abarcan más de 1.5 millones de hectáreas de Ucayali y parte de Madre de Dios (ver infografía). Estos espacios, en algunos sectores, se superponen a territorios que han sido declarados como áreas naturales protegidas.
“La construcción de carreteras en la Amazonía podría afectar de manera directa el territorio de los PIACI, comprometiendo su salud e integridad física. Por su situación de especial vulnerabilidad inmunológica, encuentros directos o contactos con terceros, involucran un alto riesgo de epidemias”, alerta el Ministerio de Cultura.
En total, de acuerdo con datos del mismo despacho, en las tres reservas habitan al menos tres mil personas que, por decisión propia y colectiva, mantienen y conservan sus costumbres, sus métodos de subsistencia y sus modos de organización social.
La más grande de esas reservas es la de Mashco Piro, que tiene 816 mil hectáreas de extensión y es habitada por los pueblos Mashco Piro, Mastanahua y un tercer grupo cuya pertenencia étnica todavía no ha sido identificada.
Estos grupos se desplazan por las cuencas de los ríos Curanja y Purús, donde realizan actividades de caza, recolección, pesca y agricultura incipiente. El acceso a su territorio está prohibido, salvo casos excepcionales.
La reserva Mashco Piro ocupa parte del Parque Nacional Alto Purús, que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) considera «una de las áreas prioritarias para la conservación en el Perú». Allí se han registrado más de 900 especies de fauna, 520 especies de aves y 2.500 variedades de flora, entre ellas algunas «endémicas y amenazadas».
Destaca la presencia del otorongo, el lobo de río, el águila arpía, el guacamayo verde de cabeza celeste, además de diferentes tipos de plantas utilizadas para fines medicinales y de alimentación. En Alto Purús todavía existen extensos terrenos de caoba y cedro, que son de gran valor para los taladores ilegales.
Construir una carretera en este sector también perjudicaría la Reserva Comunal Purús, donde existen más de 20 especies forestales y se promueve la reproducción de tortugas y paiche. Según Sernanp, allí también se cosechan semillas de caoba y se intenta reforestar el árbol de aguaje.
La segunda reserva indígena de mayor extensión es la de Marunahua, que ocupa 470 mil hectáreas de Ucayali. Allí habitan los pueblos Marunahua o Chitonahua, Mashco Piro (aislamiento) y Amahuaca (contacto inicial), que se caracterizan por desplazarse a lo largo de su territorio según la temporada del año.
Estos pueblos se encuentran, según el Ministerio de Cultura, en un estado de “alta vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica” debido al contacto con poblaciones ajenas a su grupo. Para subsistir se dedican a la caza, pesca y recolección, actividades que realizan con arcos y flechas.
La tercera reserva en peligro es la de Isconahua, donde habita el pueblo indígena que lleva el mismo nombre. Para identificar la presencia de este grupo, que se encuentra en situación de aislamiento, el Ministerio de Cultura tuvo que realizar avistamientos a distancia, análisis de huellas de pisadas y estudiar los restos de cerámica que se encontraron en la cabecera de los ríos.
Sobre su territorio se extiende el Parque Nacional Sierra del Divisor. De acuerdo con Sernanp, allí habitan unas 16 especies de primates y por lo menos «cuatro nuevos registros» de aves. En esta categoría está el «ave del divisorius”, que solo se encuentra en esta región montañosa y en la zona contigua que se extiende hasta Brasil.
Del mismo modo, en dicho parque se producen «asociaciones vegetales probablemente únicas», lo que genera «docenas de especies de plantas desconocidas para la ciencia, varias de ellas restringidas a Sierra del Divisor».
Los candados
Aunque no consideró las opiniones técnicas necesarias, la Ley N° 30723 incluye un “candado legal” que se añadió como parte de un texto sustitutorio antes de ser aprobada. La versión final dice que los proyectos deben ejecutarse “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la «aplicación indebida de dicha norma (…) pondría en grave riesgo a los pueblos indígenas» de Ucayali. Alertó, además, que el Congreso insistió en su aprobación a pesar de los peligros que le fueron advertidos de forma oportuna.
Como se sabe, la cuestionada iniciativa fue presentada por el fujimorista Glider Ushñahua, representante de la región Ucayali, y aprobada en la Comisión de Transportes, que entonces la presidía el también fujimorista Guillermo Bocángel. El Ministerio de Cultura alertó al presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), sobre los peligros del proyecto de ley, pero de todas formas se programó para su debate en el pleno, donde fue aprobado.
En la misma línea de la Defensoría, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que preside el líder shipibo Lizardo Cauper, considera que la referida ley «atenta contra la vida e integridad» de los pueblos indígenas.
Un parecer distinto tiene el jefe de Sernanp, Pedro Gamboa, quien considera que «por sí misma la ley no representaría una amenaza». El funcionario explica que la institución que dirige emite opiniones técnicas vinculantes para desarrollar proyectos o actividades de explotación en áreas protegidas.
En cifras
2.5 millones de hectáreas tiene el Parque Nacional Alto Purús.
12 pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial hay en el Perú.
14 puestos de control vigilan los extensos territorios de los pueblos indígenas.
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Fuente: La República
