Brasil: El alto precio que los guaraníes pagan por volver a sus tierras

Por Pablo Albarenga

12:21|16 de febrero de 2018.- Sentado en un pequeño banco de madera, Simón mira a un costado evitando la cámara por un instante. Entre dientes sostiene un llanto que obliga a pausar la entrevista en la que, minutos antes, hablaba de su familia; de cómo habían sido despojados de sus tierras ancestrales y cómo el deseo de retornar a ellas se transmitió de generación en generación. “Mi abuela nos contaba de cuando caminaba por estas tierras con 12 años. Después que se publicó el estudio (antropológico) de nuestro territorio, con la comunidad decidimos retomar lo que nos pertenece”, comenta. Cansado de “esperar por la buena voluntad de la justicia” decidió intentarlo junto a sus pares y, finalmente, lo consiguió.

Bajo el templo indígena de Tey’i Jusu solo se escucha el crujir del techo de hojas de palma que, secas por el devastador sol, se resquebrajan con cada ventarrón. La falta de vegetación en kilómetros a la redonda abre camino al viento, que acelera por los descampados que hasta hace poco más de un año solo sabían de cosechadoras y agrotóxicos. Aquellos extensos bosques que cubrían el suroeste de Brasil son ahora pequeños oasis en interminables monocultivos que se pierden en el horizonte, principalmente de soja y maíz, lo que constituye un desafío para la supervivencia de los guaraní kaiowá.

Pero en el conflicto por tierras, los indígenas pagan dos veces: a la salida y a la entrada. Para Simón y sus compañeros, la odisea de volver a pisar sus suelos les costó varios heridos de bala y la vida de Clodiodi Aquileu, que se suma al promedio estatal de casi tres indígenas asesinados por mes durante los últimos tres años.

Como recuerdo imborrable de aquel ataque perpetrado por estancieros y pistoleros tras ocupar parte de su territorio ancestral, Simón lleva una bala en el pecho a menos de dos centímetros del corazón que lo acompañará durante toda su vida. Esta historia, o alguna parecida, se repite a lo largo y ancho de Mato Grosso do Sul, el estado de Brasil en el que más violencia se registra contra los pueblos indígenas.

Estado violento

Luego de la guerra de la triple alianza, que culminó en 1870, Paraguay perdió más de un millón de habitantes y grandes superficies fueron absorbidas por Argentina y el Imperio del Brasil. El plan de este último era hacer productivas las nuevas tierras. Para esto era necesario blanquearlas y poblarlas con colonos brasileños, pero sus primeros ocupantes —los guaraní kaiowá— no fueron tomados en cuenta ni consultados al respecto. Por el contrario, fueron realojados en ocho reservas de escaso tamaño y sus tekoha (lugar donde se lleva a cabo el modo de ser guaraní, en su lengua nativa) fueron cedidas en calidad de arrendamiento a la compañía Matte Laranjeira. Allí, esta empresa explotaría la yerba mate, instaurando un modelo latifundista que explotaba la mano de obra indígena.

Con una superficie de 357.125 kilómetros cuadrados —más de dos tercios de la superficie española­— Mato Grosso do Sul es uno de los estados con mayor índice de concentración de tierras en todo el país. El informe Terrenos de la desigualdad: tierra, agricultura y desigualdad en el Brasil rural, publicado por Oxfam Brasil en 2016, expone una realidad alarmante y casi constante en América Latina. Para ilustrar la situación de la tierra y su distribución, el informe se vale del índice de Gini, una medida que sirve para calcular la desigualdad. Si tiende a 1, significa que es mayor el acaparamiento y por lo tanto, también la disparidad. En el caso de Brasil es de 0,872 mientras que en este estado alcanza a 0,856. Dicho de otro modo, menos del 1% de los establecimientos rurales controla casi la mitad de la tierra disponible para fines agropecuarios en todo el país.

Los indígenas guaraníes tienen presencia en cinco países: Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Según el Consejo Indigenista Misionero, basado en los datos de la Fundación Nacional de Salud, en Brasil viven aproximadamente unos 60.000. La mayor concentración —un 80%— se encuentra en este estado, ocupando menos de un 0,5% del territorio. La población restante se distribuye entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Río de Janeiro y en una reserva en el estado de Pará.

Con el cambio de paradigma en la producción agrícola, la brújula apunta firme en dirección al agro-negocio. En la zafra 2016-2017, Mato Grosso do Sul batió el récord nacional de producción de soja con un inimaginable volumen de 8,5 millones de toneladas. El estado –que si fuese un país sería el séptimo productor mundial de este grano– es considerado un referente en el país por su capacidad de producción y su extraordinario crecimiento. Así lo destaca el Gobierno estatal en una reciente publicación en su sitio web, donde anuncia que alcanzarían este año el tercer puesto en el ranquin de los estados con mayor crecimiento del PIB de todo Brasil. Por encima de la media, se estima que alcanzaría un incremento del 2,4% a fin de año, donde el sector agropecuario se destaca con un crecimiento del 8,3% anual. “Este equilibrio está muy en línea con lo que queremos para Mato Grosso do Sul, que es el desarrollo sustentable y esta proyección señala que el Gobierno está consiguiendo hacer lo que se propone, que es el crecimiento de todas las actividades dentro del estado”, destaca en la publicación Jaime Verruck, Secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Económico Producción y Agricultura Familiar (Semagro).

 Pero la opresión que viven los pueblos originarios no forma parte de las ecuaciones cuando se habla de PIB. Mato Grosso do Sul también lidera otros listados. Según el último informe anual de violencia contra los pueblos indígenas, publicado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), esta región fue la segunda con más asesinatos registrados en 2016, con 15 casos. En los últimos 13 años, de los 1.009 homicidios perpetuados en el país, casi la mitad ocurrieron allí. Además, también encabeza el ranquin de suicidios, con 30 muertes por lesiones auto-provocadas en 2016 y 782 casos desde el año 2000, de los cuales la quinta parte corresponde a niños de entre cinco y 14 años de edad.

Tierras Indígenas

Otro de los difíciles capítulos en la lucha que libran los Kaiowá por recuperar sus tekoha radica en la demarcación de sus tierras. El proceso consta de varias etapas y puede extenderse de media por un lapso de 10 años. Durante este periodo el conflicto se intensifica y los indígenas son constantemente perseguidos y atacados por los estancieros y pistoleros.

Además, Simón relata que quienes ocupan tierras cuya demarcación aún no fue homologada tienen dificultades para acceder a los servicios básicos como la salud y la educación ya que, si bien la legislación les garantiza el acceso de forma diferenciada, muchos funcionarios de los órganos responsables se niegan a atenderlos en las zonas no regularizadas.

La ocupación de Tey’i Jusu, donde viven Simón y su familia, forma parte de un conjunto de retomadas (nombre que dan los guaraníes a la ocupación de sus tierras ancestrales) que se localizan en la Tierra Indígena Dourados Amambai Peguá I. El área fue reconocida por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en un estudio publicado en mayo del 2016, pero hasta la fecha la demarcación no ha sido homologada por el Gobierno.

Además de la violencia que enfrentan en sus territorios, también deben resistir los constantes embates que descienden desde el Parlamento. Según el último levantamientorealizado por el CIMI, hay 33 propuestas antiindígenas en vías de aprobación, de las cuales 17 intentan alterar los procesos demarcatorios otorgando el poder al Congreso Nacional, dejando así a la FUNAI en una posición vegetativa.

La constitución brasileña del 5 de octubre de 1988 garantiza a los pueblos indígenas una estructura política y jurídica propias, permitiéndoles hablar en su lengua materna y manteniendo un estrecho vínculo con su cultura y sus costumbres. También les garantiza el derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan, definiéndolas no solo como el espacio físicamente ocupado, sino como todo el necesario para sobrevivir y para mantener la permanencia de su cultura.

Sin embargo, ni la constitución ni sus más de 2.000 años habitando lo que hoy es Latinoamérica parecen ser suficientes para garantizar a los guaraníes estos derechos. Una reciente jugada por parte de la bancada ruralista pone en riesgo la devolución de sus tierras al plantear la tesis del Marco Temporal, una interpretación que limita estos derechos a partir de la fecha de promulgación de la Constitución, negando todo lo acontecido anteriormente. Según esta interpretación, cerca del 80% de las demarcaciones iniciadas podría quedar sin efecto. “Nuestra historia no comienza en 1988”, repiten los Kaiowá en cada manifestación.

“Cuando nosotros retomamos [ocupamos] tierras, no estamos solamente recuperando lo que nos fue robado, sino también recuperando nuestra cultura, nuestra religión, nuestra forma de vida. Cuando me preguntan cómo imagino el futuro de nuestra comunidad, respondo que nuestro futuro quedó atrás. Nosotros anhelamos nuestro pasado, cuando vivíamos en nuestras tierras ancestrales”, sentencia Elson Canteiro Gomes, líder indígena de la retomada de Kunimy Verá Poty, donde fue asesinado Clodiodi.

A pesar de las condiciones hostiles en las que viven, los guaraní kaiowá no se dan por vencidos. El coraje es la respuesta a la milicia armada, contratada por los estancieros, que dispara contra adultos, niñas y niños. La oración los mantiene fuertes y unidos contra un enemigo de poder inmensurable, pero confían en las palabras con que Marçal de Souza Tupai, líder indígena asesinado a los 32 años, se refirió a los estancieros: “Ellos creen que la solución es enterrarnos, pero no se dieron cuenta de que somos semillas”.