Foto: Andina
21:00|12 de abril de 2018.- Con la exigencia de que los Estados respeten y garanticen sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobiero, entre otros, concluyó la noche del martes el Foro de los Pueblos Indígenas que se desarrolló en Lima como parte de las actividades previas al encuentro de mandatarios por la VIII Cumbre de las Américas.
Dicho foro reunió en la capital peruana a más de trescientos representantes de pueblos originarios del continente, quienes participaron en espacios plenarios y de debate sobre los temas corrupción, democracia participativa, tierra y territorio, economía indígena y buen vivir.
Mediante una declaración, que aborda un total de veinte puntos, los pueblos reunidos pidieron que los Estados americanos aseguren su derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para su subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, entre otros.
Asimismo, solicitaron que garanticen la participación institucional de los pueblos originarios dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.
La citada declaración se presentó este jueves ante los representantes de los Estados que participan en la VIII Cumbre de las Américas, en lo que debió ser el diálogo entre los actores sociales y los representantes de alto nivel de los gobiernos.
El Foro de los Pueblos Indígenas fue organizado por el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas del Perú, conformado por la organización nacional de mujeres indígenas Onamiap, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Perú, entre otras instituciones; y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú (Conaip).
A continuación la declaración completa:
Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas realizada en Lima: en defensa del Territorio y la Libre Determinación de los Pueblos o Naciones.
Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018.
CONSIDERANDO:
Que en nuestro continente somos aproximadamente 826 pueblos indígenas que preexistimos a los Estados y vivimos en armonía con la Madre Tierra, desde nuestros ancestros.
Que desde la invasión Europea se nos ha impuesto un modelo económico de extracción de recursos por lo que hemos sido sistemáticamente expoliados y despojados de nuestros territorios.
Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios, con una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales; de colonización de nuestras mentes.
Que actualmente nos encontramos frente a un modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.
Que, a lo largo de la historia, los pueblos hemos resistido y luchado por el respeto de nuestra libre determinación, autonomía, y autogobierno; y por acabar con todas las formas de colonialismo y subordinación.
Que las mujeres indígenas cumplimos un rol decisivo en la protección y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria.
Que, gracias a nuestras luchas, hemos logrado avances en el derecho Constitucional e Internacional como la Resolución 1514 (XV) de la Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de Viena de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.
Que, los Estados han institucionalizado políticas y prácticas corruptas que se evidencian en la producción normativa, la gestión y administración pública, y el sistema de justicia, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y vulnerando nuestros derechos como pueblos.
Que, a pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, persiste la criminalización del ejercicio de nuestra autoridad, funciones jurisdiccionales y defensa de derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física, represión penal, amenazas, acoso, estigmatización y otras formas de persecución arbitraria.
Que, los acuerdos de las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.
DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:
1. Que los Estados den cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indigenas, adoptadas en ejercicio de su soberania, incluyendo tratados, medidas cautelares, sentencias y otros mandatos internacionales; derogando las normas nacionales que se oponen a tales obligaciones.
2. Que los Estados respeten y garanticen nuestros derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; formas de vida, modelos de desarrollo, planes de vida y buen vivir.
3. Que los Estados reconozcan la personalidad jurídica de pueblos, naciones o nacionalidades indígenas, y sus formas propias de organización.
4. Que el Estado garantice la participación institucional de los pueblos dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.
5. Que los Estados aseguren nuestro derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para nuestra subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, etc.
6. Que los Estados adopten normas y políticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.
7. Que cesen las políticas de parcelación y titulación individual de los territorios colectivos; de fragmentación y despojo de territorios a través de políticas de conservación y establecimiento de áreas protegidas.
8. Que los Estados deroguen las normas que facilitan la pérdida de la propiedad territorial indígena a través de figuras jurídicas como: la “cesión en uso de los bosques”, la posibilidad de venta de tierras; la expropiación y servidumbre forzosa; la cesión de propiedad para la construcción de infraestructura.
9. Que los Estados cesen las políticas de colonización, invasión de los territorios indígenas, y de toda forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.
10. Que los Estados implementen los procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar normas, políticas, programas y medidas susceptible de afectar a los pueblos indígenas, como concesiones, autorizaciones, contratos u otros.
11. Que los Estados garanticen medidas efectivas para la participación plena de las mujeres y jóvenes indígenas en la toma de decisiones de políticas públicas susceptibles de afectarles.
12. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación bilingüe intercultural, incorporando en ellas la historia, cosmovisión, filosofía y saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.
13. Que los Estados respeten los saberes y prácticas ancestrales de medicina, formas de transmisión de conocimiento, expresiones culturales y artísticas, y que garanticen los medios para su desarrollo autónomo.
14. Que los Estados promuevan el derecho a los medios de comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso de las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.
15. Que los Estados adopten normas y políticas para eliminar toda forma de discriminación y el racismo institucionalizado.
16. Que los Estados investiguen de oficio y sancionen a los funcionarios y servidores públicos involucrados en hechos de corrupción, estableciendo la imprescriptibilidad de este delito y que los corruptos no vuelvan a ejercer función pública.
17. Que los Estados investiguen y sancionen ejemplarmente a las empresas -y sus titulares- involucradas en hechos de corrupción, anulando los contratos obtenidos por medios ilegales y que no se vuelvan a beneficiar de contratos o recursos públicos.
18. Que cese la criminalización y estigmatización de autoridades y miembros de pueblos indígenas por ejercer su autoridad, funciones jurisdiccionales y proteger sus territorios y demás derechos; derogando las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de las personas detenidas.
19. Que los Estados respeten y garanticen el pluralismo jurídico igualitario, es decir que respeten las decisiones de la justicia indígena como cosa juzgada y, que con participación de los pueblos, se establezcan mecanismos de coordinación con la justicia ordinaria.
20. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces, fiscales y policías para que conozcan, respeten valoren los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.
Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, rechazamos todos los actos de violencia y persecución arbitraria, militarización y estados de emergencia que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina. Y en particular, queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas:
– De los pueblos originarios del distrito de Chalhuahuacho (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco), actualmente con presencia policial y militar; y bajo estado de emergencia, por lo que demandamos su levantamiento.
– De los pueblos Mapuche, Awajún, Achuar, Kichwa, por la persecución arbitraria que vienen sufriendo en defensa de sus derechos.
– Los pueblos indígenas de Venezuela, que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación.
– De los pueblos originarios de Cajamarca, en particular de Valle Laguna Azul, quienes están condenados a 10 años de pena privativa de libertad por presunto delito de extorsión debido al ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Dado en la Ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.
