PRONUNCIAMIENTO
El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reúne a diferentes organizaciones de la sociedad civil, manifestamos nuestra preocupación ante la aprobación por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del dictamen de la Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos que se debatiría en el pleno del Congreso.
En el marco de la política de Estado de impulsar y asegurar el desarrollo de actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos se promueve una Ley por medio de la cual se pretende realizar una serie de modificaciones a la legislación actual, que representan retrocesos graves en la institucionalidad gubernamental y que generaran la vulneración de derechos fundamentales como a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la tierra y territorio o el derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas de la Amazonía, organizadas en comunidades nativas.
El proyecto de ley que se está impulsando introduce serias modificaciones a diversos artículos de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la Ley N° 26225, Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. y a la Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. Con la finalidad de permitir la reconcentración de poder decisorio en un solo sector: Ministerio de Energía y Minas.
Las modificaciones del texto dan cuenta de la evidente concentración de funciones para decidir en todos los asuntos relacionados con las actividades de hidrocarburos, desplazando la intervención de actores importantes, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, y las competencias de los Gobiernos Regionales cuyas funciones son clave en estas actividades, en tanto deben velar y garantizar el equilibrio democrático de las instituciones y los derechos humanos.
Así pues, con esta norma, cualquier decisión, reglamentación o acción relacionada con actividades de hidrocarburos, precisará principalmente de la opinión del MINEM y mientras ésta no exista no podrá regularse o realizarse. Otorgando un control absoluto y arbitrario a un solo sector estatal, lo cual permite la concentración de poder a un Ministerio que tiene finalidades e intereses concretos, que muchas veces entran en contradicción con la protección y garantía de derechos fundamentales.
Existen varios artículos del texto que nos preocupan seriamente, entre ellos el artículo nº 31, que otorga permiso al titular del lote para que se realicen caminos, carreteras, puentes, puertos u otras actividades y construcciones de infraestructura de transporte dentro del lote, sin que se deba pedir permisos, controles ni autorizaciones de ningún tipo, o el artículo nº 22 que rebaja el estándar de instrumentos de gestión ambiental o el caso de la cesión contractual donde se deja abierta la posibilidad en que no se asuman la responsabilidad de los pasivos ambientales tal como la Defensoría del Pueblo lo ha señalado.
Consideramos que la actual reforma de la Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos no ha sido discutida ampliamente y no ha contado con la participación de actores cuyos derechos serán afectados, además de no tener las opiniones de sectores importantes para esta reforma. Por todo lo mencionado, este proyecto atenta contra la Constitución Política del Estado, principalmente el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. De igual forma, contraviene los compromisos suscritos en los tratados y acuerdos internacionales que promueven la defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 OIT y recientemente el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático.
Finalmente, estamos de acuerdo con la función del Estado de promover la inversión en diversos sectores, pero esta promoción se tiene que hacer en cumplimiento del marco de protección de derechos fundamentales, razón de ser de un Estado de derecho que antepone el bienestar común de todas y todos los peruanos.
Lima, 14 de junio del 2018
Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
