Desde el 2014 el poblado shipibo de Santa Clara de Uchunya de Coronel Portillo, ha perdido siete mil hectáreas de bosques primarios producto de latala ilegal de traficantes contratados por empresa extranjera dedicada al cultivo de palma aceitera.
Guimaraes (Izquierda) y Hoyos (Derecha): dirigentes shipibos denuncian amenazas de traficantes y taladores ilegales. Foto: Virgilio Grajeda
Redacción La República
23:14|06 de agosto de 2018.- Crimen sin castigo en la selva peruana. El habitad de la comunidad de Santa Clara de Uchunya de Coronel Portillo, Ucayali, es amenazado por la tala indiscriminada de sus bosques primarios.
Según el jefe de esta comunidad shipiba, Carlos Hoyos, desde el 2014, la empresa Ocho Sur P S.A.C ha deforestado 7 mil hectáreas de bosques primarios.
“Esta empresa realiza una deforestación a gran escala por el monocultivo de palma aceitera. Su modus operandi es buscar traficantes para que invadan el territorio de Uchunya”, explica Hoyos.
El 3 de agosto, la Fiscalía de Campo Verde archivó la denuncia que interpuso el dirigente shipibo por ser víctima de intento de homicidio luego de denunciar a los traficantes.
Al día siguiente el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Robert Guimaraes, y Hoyos se reunieron con el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Perú, Michel Forst.
“Nos respondió que vería el tema con el ministro de Justicia, Vicente Zeballos”, contó Guimaraes, quien representa a 35 comunidades shipibas afectadas por la deforestación. “Desde el 2017 el caso está en el Tribunal Constitucional”, precisa. Según Guimaraes, en los próximos meses está instancia deberá pronunciarse.
De ser positivo el fallo, el Gobierno Regional de Ucayali deberá garantizar la titularidad de los territorios ancestrales de Uchunya que desde el 2014 reclama 20 mil hectáreas de bosques primarios.
Empresa y traficantes
Guimaraes detalla que Ocho Sur P S.A.C antes se llamó Plantaciones Pucallpa S.A.C, pero se cambió de razón social luego de recibir una multa de 125 UIT por incumplir con certificaciones ambientales.
Ocho Sur P S.A.C pertenece al Grupo Melka. El empresario a cargo de sus actividades en el país, es Dennis Melka, quien se encuentra investigado por el Ministerio Público por ser presunto autor mediato del delito contra los bosques.
El Sistema de Mesa Redonda de Palma Sostenible (SMRPS) también se pronunció contra la compañía. El gremio considera que Ocho Sur P S.A.C comete deforestación de bosques primarios, tala ilegal, quema de árboles, vulneración de derechos indígenas y expansión sin estudio ambiental.
“La empresa tiene 25 denuncias ante la Fiscalía de Delito Ambiental de Coronel Portillo, el fiscal que ve el caso se llama José Guzmán”, precisa Guimaraes. Aparte de esta demanda, hay un pedido de ayuda ante la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Pueblo Indígenas del Congreso.
Según Guimaraes la compañía ha contratado a 700 traficantes armados.
Ola de crímenes
En noviembre del 2014 asesinaron a cuatro asháninkas por denunciar deforestación ilegal en Ucayali. Entre las víctimas está el dirigente ambientalista, Edwin Chota.
En noviembre del año pasado, asesinaron a cinco campesinos a cinco kilómetros de la comunidad shipiba. El 12 de diciembre del mismo año, Hoyos y Álvaro Márquez, abogado de IDL, fueron víctimas de intento de homicidio, según Mongabay Latam.
Tres días después, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado la medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades de la empresa Ocho Sur P S.A.C en territorio amazónico.
El 5 de enero de este año, según Guimaraes, dos personas armadas y encapuchadas intentaron asesinar a un anciano de la comunidad. El poblador vivía en la periferia del pueblo, cercano a las plantaciones de palma. El 20 de enero, personas encapuchadas intentaron atacar la misma vivienda.
