Representantes de la CIDH con apus del Marañón. Segundo desde la izquierda, Humberto Iñapi, y cuarto, Watson Trujillo. Foto: Verónica Shibuya
12:50|11 de octubre de 2018.- En una reunión de trabajo entre funcionarios del Estado peruano, afectados por derrames petroleros de la región Loreto, y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se vio la poca o nula coordinación de dicho Estado para atender la situación de gravedad de las comunidades nativas de San Pedro y Cuninico, de la cuenca del río Marañón.
Así lo manifestaron los dirigentes indígenas y asesores de la sociedad civil, que participaron de la reunión que tuvo lugar en Colorado, EE.UU., los días 2 y 3 de octubre.
San Pedro ha sufrido derrames petroleros los años 2014, 2016 y, recientemente, en febrero de este año. Cuninico por su parte se vio afectada por un derrame el 2014.
A inicios del 2016, ante la falta de atención adecuada del Estado, y por pedido de diversas organizaciones indígenas como la federación kukama Acodecospat y otras instituciones civiles, el caso llegó a la CIDH, que en diciembre de 2017 otorgó medidas cautelares a favor de ambas comunidades para que el Perú cumpla con proteger la vida e integridad de los afectados.
Según explicó Verónica Shibuya, abogada del CAAAP, el encuentro en Colorado tuvo como objetivo monitorear dicho cumplimiento por parte del Estado para «salvaguardar los derechos a la salud, al agua y a la alimentación de los hombres y mujeres de las comunidades afectadas.»
Además, prosiguió la abogada, otro objetivo era conocer las acciones ejecutadas por el Estado para la remediación de los pasivos ambientales ocasionados por «el grave deterioro del Oleoducto Norperuano, infraestructura de donde tuvieron origen los derrames y que en varios tramos atraviesa territorio de comunidades indígenas.»
San Pedro, noviembre de 2016, segundo derrame. Crudo contenido en el canal de flotación del Oleoducto Norperuano. Foto: Puinamudt
En la reunión, el Procurador Público Especializado Supranacional del Perú, Carlos Miguel Reaño Balarezo, explicó que se habrían dado avances significativos en la atención a las personas afectadas, aunque sostuvo también que el tiempo de atención del Estado debe ser comprendido por tratarse, según dijo, de políticas de alcance macro.
No obstante, Humberto Iñapi Vásquez, apu o jefe de la comunidad de San Pedro, manifestó su preocupación debido a que la situación en su comunidad se mantiene igual en los últimos años.
«El indígena kukama ya no se alimenta igual, nuestros peces están contaminados. Qué le damos a nuestros hijos de comer, si hasta los animales del monte huyen por el olor a petróleo. Hasta nuestros espíritus se alejan, nuestras cochas se están quedando sin madre. No estamos protegidos en nuestro propio territorio».
Dirigiéndose a los presentes, el apu invitó a los funcionarios peruanos a visitar su comunidad para que coman lo que la comunidad come. «Los invito a beber el agua que tomamos, a comer lo que nosotros comemos, pescado con sabor a petróleo», dijo.
Watson Trujillo Acosta, apu de Cuninico, hizo lo propio al cuestionar los «tiempos del Estado», y señalar que no existe interés por atender la salud de las familias. «Cómo le digo a mis hermanos que sigamos bebiendo agua con petróleo, o que sigamos tomando ibuprofeno o paracetamol cuando sabemos que en nuestro cuerpo, en nuestra sangre corren metales pesados.»
Reunión en Colorado, EE.UU. Apus y representante de la sociedad civil ante funcionario del Estado peruano. Foto: Verónica Shibuya
La abogada del CAAAP sostuvo que se tienen estudios toxicológicos realizados a habitantes de ambas comunidades y que estos muestran claramente daños graves a la salud de adultos, personas mayores y niños, por lo que se debe de implementar ya un Plan de Atención en Salud.
Respecto al consumo de agua limpia en las comunidades, este no existe. Para el caso de San Pedro, contó el apu Humberto en otro momento, se tiene solo una cocha (laguna) de donde extraen pescado con el temor de que esté contaminado. Otras cochas y quebradas como Sapuchal y Puma Yarinal están clausuradas por alerta de contaminación por petróleo, explicó.
Según los apus, el Estado no ha tenido contacto continuo con las comunidades. El comisionado de la CIDH Joel Hernández García manifestó que de las declaraciones se desprende que no existe una comunicación entre Estado y solicitantes de la medida cautelar. Además, que la atención que estaría brindando el Estado no se realiza de forma prioritaria a favor de los afectados.
Ante las observaciones, los funcionarios peruanos, donde también se encontraba una representante del Ministerio de Salud, se comprometieron a ejercer sus buenos oficios para que se lleve a cabo una reunión en Lima, lo más pronto posible, para coordinar acciones efectivas. El comisionado de la CIDH instó a que se lleguen a acuerdos concretos.
Datos:
-La reunión en Colorado tuvo lugar en el marco del 169 periodo de sesiones de la CIDH.
-Las comunidades de San Pedro y Cuninico cuentan con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras.
-La cuenca del río Marañón es una de principales cuencas afectadas por la actividad petrolera que se realiza en la Amazonía norte del Perú, desde hace más de cuatro décadas.
