16:20|26 de noviembre de 2018.- Organizaciones de afectados por metales tóxicos pidieron al Gobierno peruano la creación, en el corto plazo, de espacios de articulación con el fin de brindar la atención integral que requieren y donde tengan participación.
Esto en concordancia a los Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas, documento técnico publicado por el Ministerio de Salud (Minsa) a fines de octubre.
Según se lee en un pronunciamiento difundido hoy en La República, lo que se busca ahora es «convertir los lineamientos en acciones concretas, con responsables, plazos, presupuestos, indicadores y priorizar por dónde empezar.»
Este pedido es realizado por la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y organizaciones sociales e instituciones que trabajan por la vigencia del derecho a la salud ambiental.
Para que la atención sea integral y eficaz −sostienen− es necesario «la acción multisectorial articulada», y el compromiso y el respaldo de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Presidente de la República. En ese sentido, resaltan que actualmente la problemática de salud ambiental «rebasa las competencias del Ministerio de Salud».
De acuerdo al diagnóstico publicado por el Minsa, existe un incremento de casos de personas expuestas a contaminación por metales pesados en 18 regiones del país y en la provincia constitucional del Callao, en los últimos dos años.
La mayoría de estos casos proceden de los departamentos de Pasco, Cusco y Junín, así como del Callao.
Ausencia de afectados de Amazonas y Loreto
Si bien las organizaciones firmantes saludan que ya se cuente con un documento sobre lineamientos para atender a afectados por metales tóxicos, cuestionan que dicho documento no haya incluido a comunidades de Amazonas y Loreto, afectadas por metales tóxicos a raíz de actividades de hidrocarburos.
Citan los casos de Cuninico, comunidad kukama en Loreto afectada por un derrame de petróleo en 2014; y el caso de Chiriaco, en Amazonas, donde un derrame de Petroperú afectó a decenas de comunidades awajún.
La ausencia de estos casos fue algo advertido, en su momento, por la propia Defensoría del Pueblo, la misma que señaló que las principales fuentes de contaminación para todo el país serían las actividades extractivas y la presencia de metales pesados o tóxicos en el agua de consumo humano.
El pronunciamiento cuenta con las firmas de más de cincuenta organizaciones, entre federaciones indígenas y campesinas, plataformas sociales, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, instituciones de sociedad civil, organismos internacionales, entre otros.
A continuación el comunicado publicado hoy.
¡Queremos que la Política para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados sea una realidad!
La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos y las organizaciones sociales e instituciones que trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental, saludamos la aprobación de los “Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas”, emitida por el Ministerio de Salud.
Nos parece importante que con estos lineamientos el MINSA busque afirmar su rol de ente rector en salud y trascienda de una mirada clínica hacia un abordaje integral, dando énfasis en su intervención a la atención y promoción de la salud ambiental y humana, en el marco de sus competencias y en coordinación con las entidades competentes regionales.
Sin embargo, es necesario resaltar que la problemática de salud ambiental que existe actualmente rebasa las competencias del Ministerio de Salud: hasta la fecha hay al menos 4867 personas afectadas, entre ellas muchos niños y niñas, focalizadas en 17 regiones del país incluyendo territorios de pueblos indígenas que se encuentran expuestas a diversas fuentes de contaminación que involucran a diversos sectores.
La complejidad de la situación hace necesaria la acción multisectorial articulada para una respuesta integral y eficaz, en la cual la Presidencia del Consejo de Ministros y el Presidente de la República, se comprometan con la implementación de estos lineamientos de política pública, brindándole el respaldo necesario. Es importante garantizar el compromiso multisectorial, por lo cual es necesario el compromiso formal de todos los sectores involucrados.
Asimismo, consideramos un avance la elaboración del diagnóstico. Sin embargo, identificamos que falta información y ausencia de casos emblemáticos de la Amazonía como las comunidades de Cuninico y Chiriaco.
Resaltamos la importancia de la participación de la sociedad civil organizada mediante comités de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, dado que la población necesita involucrarse de diversas formas, especialmente en territorios alejados de las ciudades donde se encuentran las personas vulnerables a los problemas ambientales y de salud por metales tóxicos.
Si bien hemos dado un paso adelante como país, las primeras tareas y desafíos son ahora convertir los lineamientos en acciones concretas, con responsables, plazos, presupuestos, indicadores y priorizar por dónde empezar. Es sustancial establecer medidas de corto, mediano y largo plazo, con la participación de los y las afectados.
Incorporar el seguimiento de la población afectada a través del programa de atención del niño sano o de control de las mujeres embarazadas, deberían ser acciones que se puedan implementar con prontitud como una primera acción que demuestre el compromiso del Estado en la solución de esta problemática. Otra medida de corto plazo es establecer los espacios de articulación para implementar las repuestas integrales.
Desde las organizaciones sociales y la sociedad civil estaremos expectantes a la implementación de estos lineamientos. Confiamos que el Estado asumirá su rol de garante del derecho a la salud en relación a la problemática de contaminación ambiental.
-Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos
-Comunidad Campesina de Alto Huancané – Espinar
-Comunidad Campesina de Tintaya Marquiri – Espinar
-Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI – Espinar
-Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana – Espinar
-Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
-Comunidad Nativa Nazareth – Chiriaco
-Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón – FEDEPCUM
-Rondas Femeninas de Bambamarca
-Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC
-Defensoras de la Vida y la Pachamama – Celendín
-Comunidad Campesina San Mateo de Huanchor – Región Lima
-Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO
-Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín
-Mesa de Diálogo de la Mujer de Huancayo
-Foro Salud – Región Junín
-Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco
-Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP
-Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes – FECONACOR
-Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT
-Puinamudt
-Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
-CooperAcción
-Instituto de Defensa Legal – IDL
-OXFAM
-Red Muqui
-Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
-Grufides
-Amnistía Internacional
Siguen firmas