La red de instituciones que promueve el reconocimiento de comunidades y poblaciones considera que “generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones”
Panorámica de La Pampa, en Madre de Dios. Foto: Pavel Martiarena
19:45|26 de febrero de 2019.- A través de un extenso pronunciamiento público, la Red Muqui expuso los motivos por los cuáles habría optado por retirarse del Grupo de Alto Nivel (GAN) conformado por el Ejecutivo a mediados de 2018 para la construcción de “una visión de la minería en Perú al 2030” y al cuál la Red se había integrado en el mes de septiembre a pesar de, inicialmente, no haber sido invitada. Este GAN está conformado por empresas, entidades del Estado y algunos representantes de la sociedad civil, según se lee en el mencionado comunicado.
“Hemos sido críticos con su metodología y formalidad, fundamentalmente por la no participación de comunidades, poblaciones y organizaciones sociales que habitan en zonas con actividad minera o en riesgo de serlo, pues consideramos es fundamental para iniciar la construcción de una agenda, que se realice un diagnóstico de la realidad, con la participación de todos los actores debidamente representados, y no sólo convocados a dedo, sobre todo de las mismas poblaciones afectadas, para luego sobre ello plantear como se puede actuar”, explican.
Red Muqui indica que no avala los acuerdos finales que son parte del resumen ejecutivo de la “visión minera al 2030” por dos puntos fundamentalmente. De un lado, desde la red de instituciones consideran que “se mantiene la dependencia que tiene nuestra economía de la minería, en particular a nivel regional con el canon, lo que hace que la actividad no se vea inserta en una propuesta integral de verdadera ‘diversificación económica’ junto con otras actividades con las que debe interactuar, y que en muchos casos terminan siendo afectadas por los impactos que ocasiona la minería en especial en el agua, y con ello impacta a su vez en actividades como la agricultura y ganadería”.
También, como un segundo aspecto clave indican que existirían múltiples realidades de importancia que no se estarían tomando en cuenta en el documento. Entre ellas mencionan la invisibilización de los problemas de criminalización de la protesta social, la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios de la Policía Nacional del Perú con empresas mineras, los estados de emergencia preventivos, los impactos en el ambiente y la salud de las personas por la presencia de metales tóxicos en zonas mineras y la corrupción generada por las “puertas giratorias” en el sector minero formal e informal, entre otras.
Preocupación
En los párrafos finales de su pronunciamiento desde Red Muqui se habla de preocuación porque “este proceso de la Agenda Minera 2030 se esté realizando en paralelo, en un contexto en que el gobierno acaba de dictar, entre otras normas que favorecen la actividad, el D.S N° 345-2018 “Política Nacional de Competitividad y Productividad” (PNCP), donde hace referencia a la creación del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas (Rimay), y a que está elaborando una “visión de la minera en el Perú al 2030” que tiene como objetivo “que se contribuya a fortalecer la aceptación social de ésta importante actividad” (por la minería)”.
Se considera, desde Red Muqui, que “generar un ambiente de negocios y competitividad no puede realizarse a costa de la desregulación de los estándares ambientales, ni de la imposición de una visión de desarrollo económico desde el gobierno central hacia las comunidades y poblaciones. Lamentablemente, la PNCP tiene como objetivo seguir sosteniendo el modelo económico extractivo y las rentas del empresariado a costa de los derechos humanos de la mayoría de peruanos y peruanas, y por lo que vemos “la visión de la minería al 2030” sería funcional a ello, por lo que levantamos nuestra voz de alerta con lo que se pretende hacer desde el gobierno y las empresas minera”.
Cabe mencionar que la Red Muqui se define como una red de instituciones peruanas que, actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y promueve el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se vienen realizando actividades mineras abordando sus implicancias sociales, ambientales y culturales. En base a ello es que se ha considerado la retirada de este proceso de diálogo que han hecho público mediante el citado pronunciamiento.
