Entre 2014 y 2019 se han registrado tres derrames de crudo entre los kilómetros 15 y 20 del en el tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP). Las comunidades afectadas, como San Pedro y Cuninico, reclaman deficiencias en los trabajos de remediación ambiental y aseguran sentirse completamente abandonados. Su seguridad alimentaria y su salud están en serio riesgo. Además, recientemente el monitor ambiental de la comunidad La Petrolera fue asesinado por defender su tierra
Barrera de contención entre los km 19-20 del Tramo I del ONP. La última superación del crudo de la barrera de contención, colocada por Lamor, se remonta al 15 de enero de 2019 luego de las fuertes lluvias. Foto: Leoncio Ramírez.
Por: Rebecca Pagani – CAAAP Iquitos
09:45|31 de mayo de 2019.- “Pedimos que las autoridades vengan al territorio y verifiquen la situación real de remediación. En cada punto de derrame es suficiente mover la tierra para ver aparecer petróleo en la superficie del agua. Aquí los niños se enferman, están cubiertos de llagas en la piel y necesitan atención médica. La salud no existe en el territorio, hemos sido olvidados. Y si luchamos por la defensa de nuestras comunidades somos asesinados. Los monitores ambientales están viviendo un período de luto, recientemente fuimos testigos del asesinato de un compañero, el monitor ambiental de la comunidad de La Petrolera, que murió para defender su tierra. Pero a pesar de las dificultades con las que vivimos todos los días, seguimos defendiendo nuestra casa”. Javier Bardales es el monitor ambiental de la comunidad de San Juan de Lagunillas y de ACODECOSPAT y coincide, en su denuncia, con el colega de la comunidad de San Pedro y otras tantas de la zona la Cuenca del Río Chambira – Quebrada Patoyacu. Se confiesan abandonados por todos: empresas remediadoras, Petroperú y Estado.
Estas y otras percepciones y quejas fueron recogidas durante la visita que realizó una gran delegación de asociaciones e instituciones a la comunidad nativa del pueblo kukama San Pedro, en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto, a orillas del río Marañón. El objetivo principal de la misma fue monitorear las condiciones de vida y las necesidades de la comunidad tras los diversos derrames de petróleo que afectan el área desde el 2014 hasta hoy. Además del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la representación incluyó al Vicariato de Iquitos, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional.
Los hechos son claros. En los últimos cinco años, San Pedro y las comunidades del entorno han sufrido afectación directa de tres derrames de petróleo en el tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) operado por Petroperú. En noviembre de 2014 ocurrió en el kilómetro 20, en noviembre de 2016 en el kilómetro 15 y el último de ellos, en febrero de 2018, de nuevo en el kilómetro 20. Ninguno de ellos ha sido remediado por completo hasta la fecha, según manifiestan el apu de la comunidad, Humberto Iñapi Vásquez, y el monitor ambiental, Elmer Panduro Castilla. Los trabajos de remediación en la zona del km 20 (2014), manejados por la empresa subcontratista Benítez, habrían sido mal realizados y, ahora, también la compañía finlandesa Lamor no estaría manejando adecuadamente el trabajo de remediación ambiental del último derrame.
Tramo I del ONP, km 19-20. Residentes de San Pedro muestran a la delegación la presencia de hidrocarburos en el canal. Foto: Rebecca Pagani.
De hecho, un pequeño grupo de la delegación acompañó al monitor ambiental hasta el kilómetro 20 del ONP. Allí mostró la presencia de petróleo en el canal y explicó a detalle qué empresas y cómo intervinieron durante los tres derrames. Como se indicaba, en 2014, San Pedro fue golpeado por la primera rotura en la tubería. Este derrame de petróleo es sin duda el más grande y grave de los tres registrados entre los kilómetros 15 y 20 afectado a un kilómetro del canal del ONP (km19-20). Se estima que se derramaron, solo en aquella oportunidad, alrededor de 7.000 barriles de petróleo, según diversas fuentes.
La empresa Benítez, bajo el liderazgo de Petroperú, fue responsable de frenar la pérdida y proceder a la recuperación del medio ambiente pero, debido al gran tamaño del daño al oleoducto, Petroperú solicitó la intervención de otras cinco compañías para detener la fuga de hidrocarburos. Con la llegada de la creciente, la fuerte corriente provocó que el hidrocarburo sobrepasase las barreras de contención. La contaminación se extendió afectando ríos y quebradas colindantes. Y llegaron las enfermedades en forma de fiebre, diarrea, dolores de cabeza… relacionadas con la ingesta de pescado contaminado. “Los más afectados fueron los niños”, asegura Panduro quien cuenta que se hallaron también multitud de animales muertos.
En 2016, el oleoducto se rompió en el kilómetro 15 y la empresa que se ocupó de represar las pérdidas y de la remediación fue Kanay S.A.C. (Grupo Séché Environment). El último derrame que golpeó la zona fue en febrero de 2018 y la empresa que opera en la remediación es Lamor Perú S.A.C. (LAMOR Corporation Ab). La compañía afirma haber completado la limpieza el 20 de marzo de 2019 y que el canal se habría remediado a un 90%, pero la comunidad ha perdido confianza en las empresas de remediación. ¿El motivo? Las aguas y el pescado a los que acceden están contaminados. “La contaminación afecta y perjudica nuestros medios de vida y nuestra salud”, explica el monitor, “pedimos que Lamor remedie bien, que haga un trabajo correcto». La presencia de hidrocarburos en el canal es evidente. Basta cavar el fondo con palos para ver cómo se liberan iridiscencias de petróleo en la superficie del agua, algo que sucede en diversos puntos donde las empresas aseguran haber realizado las labores de remediación. Para corroborar lo que se ve a simple vista, San Pedro solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) análisis de agua y suelo para probar con datos la presencia de contaminación también en el kilómetro 19, pero siguen esperando los resultados.
Cabe señalar que el monitor ambiental ha recibido dos formaciones diferentes para cumplir este rol, una de parte de ACODECOSPAT, a la que está afiliada su comunidad, y otra de Petroperú después del primer derrame. “La remediación debe hacerse en el período de bajante, porque una limpieza adecuada y profunda, es imposible cuando el agua alcanza los cuatro metros”, pide a la empresa Lamor.
¿Y qué dice Petroperú?
Petroperú afirma que “el canal de flotación del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) es una instalación artificial construida por PETROPERÚ S.A. para alojar el oleoducto y que funciona como una barrera de contención para confinar el crudo en caso de un derrame. Asimismo, cuenta con tapones de seguridad que impiden la salida hacia otros cuerpos de agua”. Sin embargo, Panduro asegura que el canal se conecta al Río Marañón a través de cursos fluviales secundarios y que, en consecuencia, todos los contaminantes presentes en el canal han llegado al río en los últimos años.
Hasta el terreno han llegado supervisores que, en nombre de Petroperú, deben verificar el trabajo realizado por Lamor. Sin embargo, los comuneros también critican estas labores de supervisión. “Pedimos que vengan a ver la situación real del canal, que se den cuenta de que todavía está contaminado”, alza la voz el monitor en representación de San Pedro. Para ellos, las empresas no sólo son culpables de incumplimiento de la remediación, sino también de una gestión inadecuada de los viejos campamentos, abandonados llenos de clavos, listones y latas.
La mayoría de las comunidades kukama viven gracias a la pesca y el río es la principal fuente de agua, que la gente usa para bañarse, lavar la ropa, cocinar y beber. Los kukama, además, tienen una relación espiritual con el río. Pero, actualmente, las aguas que bañan San Pedro ya no son un recurso para la gente. “El número de especies, la cantidad y el tamaño del pescado se han reducido mucho en los últimos años”, afirma Panduro. Además, en el ámbito agrícola, un cuestionario propuesto a la comunidad desveló que la producción de las chacras que se inundan por aguas contaminadas se había reducido notablemente.
San Pedro, gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuenta con una planta depuradora, que le permite tener agua potable, pero solo cuando tienen combustible para activar el sistema. Ahora la comunidad se dedica más a la agricultura, aunque continúan con la pesca, porque es la fuente principal de alimentos. Diarrea, vómitos, dolor de estómago, dolor de cabeza, infecciones, gripe, fiebre, bronquitis y hongos de la piel son algunas de las consecuencias que les llegan en forma de enfermedad.
Este material es una iniciativa de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú- ORPIAN-P
En enero de 2016 el CENSOPAS fue en las comunidades de Cuninico[1] y San Pedro, y efectuó una toma de muestras de sangre y orina de 129 personas (68 hombres y 61 mujeres, 55 menores de 18 años) de las que el 86.8% eran residentes de Cuninico. Del análisis surgió que el 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, el 16.81% valores sobre el rango de referencia de cadmio; 84 personas en Cuninico presentaron valores de plomo de entre 2 y 10 μg/dL y un niño de siete años de Cuninico con 14.16 μg/dL. Lamentablemente, el informe no intenta establecer la causa de la exposición a estos metales pesados[2].
En el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a las comunidades nativas de Cuninico y San Pedro, afectadas por los derrames de petróleo en junio y noviembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH señaló que el Estado debe “adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los pobladores de las comunidades de Cuninico y San Pedro”, estas incluyen “realizar los diagnósticos médicos necesarios para determinar los niveles de contaminación por metales pesados u otras sustancias que tendrían los beneficiarios, a fin de suministrar atención médica adecuada” y “garantizar que los miembros de la comunidad tengan acceso a agua libre de agentes contaminantes y a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales y dentro de los niveles considerados aceptables por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. La Comisión también solicitó al Gobierno que “informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica”[3].
“Necesitamos ayuda humanitaria”
El 13 de diciembre de 2015 un equipo de CENSOPAS y la DIRESA Loreto visitó Cuninico y San Pedro para hacer análisis de sangre como parte de un estudio sobre factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos. A partir de estos análisis, se descubrió la presencia de plomo en la sangre de un niño de la comunidad, que ahora tiene 13 años. Dado que el plomo se ha acumulado en el cuerpo, el niño tiene varios problemas físicos, tiene anemia, a menudo se siente agotado, sus dientes están débiles, tiene dolores constantes en la cabeza y en el cuerpo. Además, los padres afirman que desde que se contaminó con plomo, ha sufrido un cambio en el comportamiento. El niño duerme mucho, no tiene la fuerza y el ánimo para hacer nada. Según los padres, el niño entró en contacto con metales pesados durante un viaje de pesca con su tío en el canal del oleoducto en 2015: aquí el niño bebió el agua del canal directamente. La familia le pide al Estado que brinde apoyo al niño, ya que requiere una dieta saludable y una atención continua para poder vivir bien, apoyo sanitario y tratamientos específicos.
Abandono ejemplificado en un caso concreto y que confirma el apu de San Pedro, Humberto Iñapi Vásquez: “Necesitamos ayuda humanitaria. Necesitamos agua y alimentos no contaminados, instalaciones de salud. Después del derrame de petróleo en 2014, no recibimos nada del Estado, ni botella ni lata de agua, no tenemos ayuda monetaria para comprar alimentos. Nuestra comunidad vive de la pesca, pero ¿cómo podemos comer si los peces están contaminados? Nos sentimos olvidados y abandonados por nuestro Estado”.
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[1] El 30 de junio de 2014 Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) – una empresa del Estado de derecho privado que opera el oleoducto Norperuano transportando petróleo desde la Amazonía hasta la costa-tras recibir una llamada de la Comunidad de Cuninico sobre un aparente derrame de petróleo, reportó un derrame del oleoducto cerca de la quebrada de Cuninico que es aluente del río Marañón. 13 setiembre 2017: Amnesty International. Estado tóxico. Violaciones del derecho a la salud de pueblos indígenas en Cuninico y Espinar, Perú.
[2] Perú. Informe Determinación de Metales Pesados en las Comunidades de Cuninico y San Pedro – Cuenca del Marañón del Departamento de Loreto, enero de 2016, p. 8.
[3]COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RESOLUCIÓN 52/2017. Medida cautelar No. 120-16
