Larga espera. Tras el conflicto, se iniciaron ocho investigaciones. Están procesadas 90 personas, entre indígenas y mestizos. El próximo 26 se sustentará el pedido de nulidad del caso Curva del Diablo, que absolvió a los implicados.
Redacción: Leonardo Muñoz – La República
15:25|6 de junio de 2019.- Un patrullero vigila de cerca la ‘Curva del Diablo’, detiene algunos vehículos y permite que nativos awajún y wampis suban hacia la capilla del recuerdo. Es 5 de junio del 2019, diez años después de aquel ‘Baguazo’ donde murieron 34 personas, entre nativos, mestizos y policías.
Con un viento suave, la temperatura de esta mañana en este tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry –ubicado en el distrito El Milagro, provincia de Utcubamba (Amazonas)- supera los 35° C, pero el calor no detiene a estas personas. Tras subir cerca a unas cruces enterradas en el cerro donde murieron sus hermanos, el presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Norte del Perú (Orpian), Salomón Awanansh, toma la palabra.
“Es un dolor recordar a nuestros hermanos caídos… hablar donde se derramó sangre inocente por reclamar derechos justos para los pueblos indígenas. En diez años cuánto hubiera querido que cese la persecución contra nuestros hermanos, pero no fue así”, dice Awanansh con aquella mirada dura que mantiene desde el 2009, cuando bloquearon la carretera para exigir la derogación de ocho decretos legislativos que vulneraban sus derechos colectivos.
A la fecha, según la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), más de 90 indígenas y mestizos fueron –o se encuentran- procesados tras el conflicto social por delitos como homicidio calificado, lesiones graves, extorsión o disturbios. Uno de ellos es Santiago Manuin, quien lideraba la protesta en la ‘Curva del Diablo’ al momento del desalojo forzado que inició la Policía durante el gobierno del extinto Alan García.
“Las comunidades no vivimos de resentimiento, tenemos que superar esta crisis que hemos pasado, pero hay un juicio injusto. A García no lo enjuiciaron; Mercedes Cabanillas y Yehude Simon (ministra del Interior y premier durante el ‘Baguazo’) no han sido tocados. En este juicio nosotros hemos sido tratados como si fuéramos el diablo”, lamenta este dirigente awajún que recibió seis disparos durante el enfrentamiento, pero que en estos diez años se dedicó a formar líderes en la comunidad Santa María de Nieva.
La sensación de desigualdad no es equivocada. De acuerdo a información del Instituto de Defensa Legal (IDL), solo en dos de ocho casos abiertos fueron implicadas autoridades políticas o policiales. Uno de estos fue archivado (Cabanillas acusada de homicidio culposo por la muerte de 22 policías), mientras el otro recién pasará a juicio oral (oficiales acusados de homicidio y lesiones de civiles).
“Un día era el sustento de mi familia, al siguiente me volví una carga para ellos”, susurra consternado Jhon Estela, quien perdió la pierna derecha producto de una bala perdida durante el choque entre nativos y policías. Jhon es una de las 20 víctimas que sigue a la espera de una reparación civil por parte del Estado. Su hermano Roicer murió tras la masacre.
La ceremonia termina en medio de pedidos para que no se repita un ‘Baguazo’. Al bajar de la capilla, a un costado de la vía, todos observan una pared desgastada con un Jesucristo que invita a leer la frase “Bienvenidos a la Curva de la Esperanza”. Le pregunto a Jhon Estela sobre el motivo del mural.
“Algún día puede representar esperanza, cuando las víctimas sean reparadas de todos los daños, pero para nosotros sigue llamándose ‘La Curva del Diablo’, porque no hay un responsable que dé la cara por el gobierno”, responde.
En su idioma natal, los líderes indígenas exigen justicia, lloran a sus muertos e intentan pasar la página. Pero no se puede. No existe reconciliación sin justicia y un perdón de por medio.
El dato
– Corte Suprema. El próximo 26 de junio se realizará el informe oral de la vista de causa por el caso Curva del Diablo en la Corte Suprema de Justicia de Lima. La jueza Iris Pacheco deberá emitir un voto dirimente sobre la nulidad de la resolución que absolvía a 56 indígenas y mestizos procesados.
– Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, en el Perú existen 184 conflictos sociales (136 activos y 48 latentes).
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Fuente: La República