Perú es el único de los nueve países amazónicos que no reconoce como pueblos a las comunidades amazónicas que se enmarcan en un contexto urbano. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el CAAAP vienen impulsando un proceso con el objetivo de que esta situación cambie mediante reuniones e incidencia con expertos en Amazonía, representantes del Estado y miembros de comunidades shipibas asentadas en Lima
Foto grupal tomada al final del desayuno de trabajo del lunes 17 de junio. Foto: CNDDHH
16:15|18 de junio de 2019.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP realizaron un desayuno de trabajo con expertos en derechos de pueblos amazónicos indígenas, representantes del Estado, organismos de la sociedad civil y representantes de las comunidades Shipibo Konibo de Cantagallo, una de las comunidades indígenas urbanas más conocidas en el país, y Cashahuacra-Santa Eulalia.
En la actualidad el Perú es el único de los nueve países amazónicos que no reconoce como pueblos a las comunidades amazónicas en ese marco urbano, pues no existe una política pública específica e integral que garantice los derechos humanos y sociales de las comunidades amazónicas, en especial de aquellas que se encuentran instaladas en zonas urbanas. Ante esta situación la CNDDHH y el CAAAP vienen desarrollando un proceso de incidencia que tiene como objetivo impulsar la política pública que garantice los derechos de las comunidades amazónicas urbanas.
La mesa contó con la presencia de Ismael Vega, director del CAAAP, quien expuso las conclusiones de su investigación sobre comunidades indígenas urbanas en el Perú: cómo el número de migrantes indígenas amazónicos en las ciudades se ha incrementado en la última década hacia Lima y otras capitales de región, además es una tendencia que continuará debido a que los factores que causan este proceso continúan, prueba de ello las políticas que se vienen implementando desde el Estado para garantizar el “crecimiento económico”, mediante actividades extractivas, que ponen en peligro los derechos de los pueblos indígenas y recortan sus posibilidades y capacidades de vivir dignamente en sus territorios. Estas políticas extractivistas continúan, por ejemplo, la nueva Ley de Hidrocarburos que amenaza a los pueblos indígenas.
Por su parte Óscar Espinosa, investigador y docente principal de la PUCP, puso énfasis en el término “migración”, porque rompe con el lugar de origen del “migrante” y anula la capacidad de adaptación y asimilación que desarrollan las personas, por esta razón el termino adecuado es el de indígenas migrantes. Mar Pérez, abogada de la CNDDHH y coordinadora del área DESCA, mencionó que “en la actualidad el 40 % de todas las personas indígenas del mundo viven en ciudades. En el imaginario hay dos tipos de indígenas el denominado “puro” que vive en su comunidad de origen y el que vive en la ciudad, indígenas urbanos. Hay un cambio de paradigma, la relación de los pueblos indígenas estaba marcada por la asimilación y trasformación de los sujetos indígenas en seres urbanos, eso está prohibido según la legislación internacional. En este nuevo paradigma se busca que no se pierda su cultura, sino reconocer que tienen derechos a políticas públicas especiales y que éstas deben pasar por un proceso de consulta respetado la autodeterminación de las comunidades”.
Fresia Purto (Chunon Kate) en idioma Shipibo, miembro de la comunidad Shipibo Konibo de Santa Eulalia, contó su experiencia como mujer shipiba que vive en Lima «llegué a los 18 años, con un niño de 6 meses. Trabajé como empleada en una casa, me pagaban 200 soles, me costó mucho aprender el castellano, me daba miedo hablar en público tenía miedo a expresarme”. Los miembros de las comunidades urbanas configuran una población vulnerable en riesgo de ser víctimas de la trata y de explotación laboral, las políticas públicas deben estar enfocadas en generar condiciones de vida digna para quienes deciden migrar a las ciudades.
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Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
