PRONUNCIAMIENTO
12:3|01 de julio de 2019.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se pronuncia por la agresión sufrida por diversas organizaciones de nuestra plataforma, de manera sostenida y reiterada, a través de redes sociales, y medios como El Comercio.
El proyecto Hidrovía Amazónica, es un proyecto realizado en el marco del IIRSA mediante el cual se intervendrá cuatro grandes ríos amazónicos con una concesión de 20 años, y en el ámbito del cual viven más de 60 mil personas, con 14 pueblos indígenas cuya seguridad alimentaria, cultura y cosmovisión está imbricada con los ríos y sus ecosistemas. A lo largo del avance de este proyecto – actualmente en evaluación- ya se recortó la participación ciudadana y dejado fuera del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a 343 comunidades indígenas en relación a las que participaron en la consulta previa realizada en el 2015. En ese sentido, es imprescindible que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la participación ciudadana y el acceso a la información integral de este proyecto y sus impactos, exigencia que viene siendo planteada por organizaciones de nuestra plataforma.
El viernes 28 de junio hubo intentos de limitar estos derechos: frente a la realización de un evento público en Iquitos -organizado por instituciones que conforman nuestra plataforma- sobre el análisis técnico del EIA de la Hidrovía, y a través de las redes sociales se difundió información descontextualizada con el objetivo de desvirtuar el evento. Lo más preocupante, pusieron en riesgo la seguridad de los participantes.
Coincidentemente, el mismo 28 de junio fue publicada una columna en el diario El Comercio, en la que atacan también a organizaciones de nuestra plataforma, acusándolas falsamente de ser ONG y medios de antimineros, intentando vincular sus actuaciones con la de “extorsionadores” y calificándolas de “agresores del país”.
Las organizaciones que defendemos los derechos humanos trabajamos para que se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, como el del acceso a la información para vigilar los procesos técnicos (EIA), sociales y de licenciamiento social (derecho a la consulta previa y a la participación ciudadana) establecidos en nuestra legislación y en los estándares internacionales; y para que las inversiones en todo nuestro territorio sean ambiental, social, política y económicamente sostenibles, no vulneren derechos humanos y aseguren el bien común.
Por ello, pedimos garantías para el desarrollo del trabajo de las organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes actuamos siempre conforme a derecho, promoviendo el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales y cautelamos el patrimonio natural y cultural de la Nación, conforme al mandato constitucional y a los tratados internacionales de derechos humanos. Pedimos también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que establezcan las acciones pertinentes, de acuerdo al “Protocolo para garantizar la protección de personas defensora de derechos humanos en el Perú” y a las obligaciones internacionales en materia de protección de defensores y defensoras de derechos humanos.
Por último, reiteramos nuestro profundo rechazo a todos los ataques a las defensoras y los defensores: del territorio, sindicalistas, feministas, indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ+.
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Fuente: CNDDHH
