La petición se realiza horas después de que la fiscalía formalizase el miércoles una denuncia penal contra dos madereros y tres taladores por el asesinato de los líderes asháninkas.
Díana Ríos, hija de Jorge Ríos, uno de los cuatro líderes indígenas asesinados en setiembre de 2014, solicita protección para comunidad de amenaza de taladores ilegales. Foto: Francesca García / El Comercio.
09:40|03 de noviembre de 2019.- Los familiares de los cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali) asesinados el 1 de setiembre de 2014, solicitan mayor protección de las autoridades debido a la amenaza latente contra ellos por parte de taladores ilegales. Esto, después de que la fiscalía de Ucayali formalizó el miércoles una denuncia penal donde solicita 35 años de prisión contra dos madereros y tres taladores por el asesinato de los líderes asháninkas.
Diana Ríos, hija de Jorge Ríos Pérez, uno de los cuatro líderes asesinatos en Saweto, expresó su preocupación por el riesgo que corren actualmente los familiares de las víctimas en su comunidad. La joven, de 27 años, relató que constantemente registran el ingreso de personas en el territorio de Saweto, quienes estarían dedicados a la tala ilegal.
“Además de los taladores hemos visto a otras personas extrañas. Lo que sospechamos es que son cocaleros o incluso personas dedicadas al narcotráfico. Estamos muy preocupados por las familias porque las amenazas contra nosotros nunca pararon”, dijo Diana Ríos a El Comercio.
Los líderes asháninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima y Francisco Pinedo fueron asesinados a balazos el 1 de setiembre de 2014 en Saweto. Las sospechas recayeron sobre traficantes ilegales de madera, quienes previamente habían amenazado de muerte a los indígenas. Chota y los otros dirigentes, demandaban la titulación de sus tierras para la protección de los bosques.
De acuerdo informó la agencia de noticias Associated Press (AP), el fiscal de Ucayali, Otoniel Jara, presentó una acusación penal por el asesinato de los cuatro ambientalistas y solicitó 35 años para los presuntos responsables. Entre ellos están los empresarios madereros: José Estrada y Hugo Soria, quienes son considerados como autores intelectuales del crimen. Además de los taladores: Eurico Mapes, Josimar Atachi y Segundo Atachi quienes son sindicados como los autores materiales de los asesinatos.
Según AP, que accedió a la acusación presentada por la fiscalía, los tres taladores estuvieron antes y después del crimen en la zona donde se hallaron los cadáveres. De otro lado, los dos empresarios fueron perjudicados económicamente tras ser denunciados por extracción ilegal de madera en los bosques amazónicos por los activistas asesinados.
Otra de las pruebas fiscales que reportó la agencia, se basan en los dichos de un testigo que afirma que el empresario José Estrada habría dicho que daría lo que fuera por detener a Chota.
-Fiscalía solicita iniciar investigación por crimen organizado-
En conversación con El Comercio, el fiscal de crimen organizado Otoniel Jara, detalló que en su acusación ha solicitado iniciar otra investigación por crimen organizado contra los cinco investigados ya mencionados y otras ocho personas más. Es preciso señalar, que la denuncia contra los investigados es por homicidio en contra de los dirigentes indígenas. Según las investigaciones del fiscal, hay suficientes indicios para presumir que existe una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de madera vinculada con el asesinato de los líderes indígenas.
Según detalló el fiscal desde marzo (cuando recibió el caso) hasta el mes de julio se dedicó a recabar información de los expedientes de la investigación preparatoria. Uno de los documentos claves para probar el nexo entre los investigados y los asesinatos es un documento del Inrena donde se registra una sanción contra Hugo Osorio por transportar productos maderables sin autorización. Esto, tras la denuncia del líder Edwin Chota. Otras son unas carpetas del Osinfor del año 2014, donde se realiza una inspección a la concesión del empresario José Estrada y se le cancela la concesión. Esta denuncia también fue impulsada por Edwin Chota, en representación de su comunidad.
La acusación fue presentada por el fiscal Jara el pasado miércoles 30 de octubre. Tras ello, los imputados tienen entre 10 a 15 días para formular sus descargos.
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Fuente: El Comercio
