Un informe sobre la entrega de Canastas Básica de Alimentos en comunidades indígenas de la plataforma indígena PUINAMUDT revela, según el reporte de autoridades comunales, que no se habrían seguido los protocolos adecuados
Foto: PUINAMUDT
17:58|20 de abril de 2020.- En Loreto inició la entrega de alimentos a comunidades indígenas a cargo de municipios, luego de que el 27 de marzo se emitiera el Decreto de Urgencia N° 033-2020. De acuerdo al reporte de autoridades comunales, la actividad se ha realizado violando derechos indígenas fundamentales.
Desde el inicio de la emergencia por Covid-19, organizaciones indígenas a nivel nacional, regional y local reclaman al Estado participación en la planificación, elaboración e implementación de estrategias que atiendan la especificidad del probelma en sus territorios. Sin embargo, el Estado ha optado por intervenir sin la coordinación exigida.
Esta forma de actuación atenta derechos indígenas que se consignan en el Convenio 169 de la OIT y desatiende recomendaciones de la Organización de Estados Americanos, el sistema de Naciones Unidas entre otras instancias internacionales y nacionales como la Defensoría del Pueblo.
Las prácticas que a continuación reseñamos a partir de informes de las federaciones y sus comunidades, implican no solo una violación de derechos sino el incremento de los riesgos para los pueblos indígenas a través de la atención estatal. De generarse consecuencias graves en la salud de la población, municipios y funcionarios tendrán responsabilidad directa, pues las organizaciones llevan semanas difundiendo protocolos especiales para reducir riesgos.
Problemas en el río Pastaza, Marañón y Tigre
Desde el 3 de abril, las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT compartieron por correo electrónico y otras vías similares a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Cultura (MINCU) y al Gobierno Regional de Loreto (GOREL), recomendaciones para la intervención del Estado en sus comunidades. Incluso ACODECOSPAT, en carta del 10 de abril al Viceministro de Gobernanza, compartió censos comunales y recomendaciones para el apoyo social, con alimentos e insumos de limpieza básicos para la prevención del contagio (jabón, legía, otros). Sin embargo, en ningún caso obtuvieron respuesta de las autoridades.
Rolando Butuna es secretario de salud de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), poblador de la comunidad quechua Bolognesi, del distrito Andoas, en la parte media del Pastaza. El 18 de abril llegó a su comunidad una delegación conformada por el alcalde, Felipe Martinez, y siete militares. De acuerdo a autoridades comunales, la delegación estaba sin medidas adecuadas de bioseguridad.
“El pueblo preguntaba si la delegación no tenía coronavirus. Solo tenían guantes, no mascarillas ni otra protección”, dice Rolando. “Las autoridades comunales solicitaron que dejen los víveres en un solo lugar, que ellos mismos se encargarían de distribur, pero el alcalde se negó, quería entregar casa por casa”. “El pueblo no puede prohibir el ingreso”, indica que dijo el alcalde.
Finalmente los alimentos fueron llevados al local comunal y se entregaron allí. 2 kilos de arroz, 4 paquetes de fideos, 4 latas de atún, 2 latas de tomate en conserva y 2 kilos de azucar; señalan las autoridades comunales. El alcalde informó que el municipio adquirió tres mil bolsas, y que el costo de cada una de ellas es 50 soles; pero en base al presupuesto de otro municipio, dicha bolsa suma solo 38.12 soles.
Luego la delegación municipal de Andas fue a la comunidad Alianza Cristiana. Allí las autoridades comunales no permitieron al alcalde entregar los alimentos, pues exigieron que se respete la decisión de la comunidad (ellos querían encargarse de la distribución). Lo mismo sucedió en la comunidad Anatico, pues las autoridades comunales tampoco querían que la delegación entre a su territorio comunal y exponga a la población.
“Me informan que el alcalde les dijo a los comuneros que ellos no vienen a rogar a los pueblos, el que quiere recibe [la bolsa de alimentos] y el que no, no”, cuenta Rolando, que además se pregunta: “¿Por qué no han hecho pruebas de descarte a los integrantes de las comisiones de entega de alimentos en comunidades?”.
De otra parte, en la cuenca del río Marañón, la delegación del municipio visitó el 18 de abril las comunidades kukamas San Pedro y Alfonso Ugarte; y el 19, San Gabriel. La entrega no estuvo exenta de problemas.
En un video tomado por comuneros de San Pedro, se ve cómo la delegación oficial no aplica los protocolos de seguridad necesarios (no hay mascarillas ni guantes; a diferencia de las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook de la municipalidad). Tampoco se procedió a desinfectar los productos, como solicitan las federaciones y recomienda el propio Ministerio de Salud.
En el video también se aprecia cómo el municipio se niega, en principio, a cumplir con los mecanismos de seguridad que plantean las autoridades comunales. De acuerdo al informe de la federación, los pobladores logran, por insistencia ,que se respete en parte su protocolo de seguridad.
El vicepresidente de OPIKAFPE, Igler Sandi, está preocupado por los anuncios de la llegada del municipio de Intuto a las comunidades base de su federación, con motivo de la entrega de la canasta básica de alimentos. El sabado 18 de abril, la delegación oficial de la comunidad partió desde Nauta, ciudad con 22 casos positivos de Covid-19.
Las coordinaciones establecidas entre las federación y la municipalidad de Intuto no han obtenido buenos resultados en este caso. Cuando se han transmitido a las autoridades ediles los protocolos que la federación exige se cumpla en sus comunidades, un edil señaló que plantear esa propuesta significaba “poner trabas”.
Falta de participación indígena y alto riesgo
Los municipios se basan en la Guía de Orientación “Gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del Covid- 19”, emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el 1 de abril.
La guía no profundiza en protocolos de entrega de canasta y las medidas de seguridad sanitaria son bastante generales; tampoco presenta recomendaciones de adaptación intercultural, lo cual pudo recomendar PCM o hacerse entre organizaciones indígenas y gobiernos locales. El documento solo entra en detalles de gestión. Es en este marco que intervienen los municipios, quienes tampoco aplican un correcto criterio nutricional en la selección de productos que recomienda la guía. Por ejemplo, resalta en los casos señalados la ausencia de menestra.
De una agenda amplia, distintas organizaciones indígenas han insistido en la necesidad de abastecimiento de medicinas e implementación de los establecimientos de salud en comunidades. Esto como una medida de extrema urgencia. “¿Por qué nos traen fideos y no medicinas que es lo que se necesita urgente?”, se pregunta Rolando Butuna.
A la fecha, el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio de Salud no han coordiado una gran dotación de esto; se espera que se haga y, cuando se realice, que se respeten los protocolos que proponen las comunidades.
La manera en que los municipios realizan la entrega de “canastas básicas de alimentos” supone un alto riesgo de contagio para comunidades indígenas. Este riesgo representa una amenaza mayor considerando otros graves problemas prexistente como la falta de infraestructura de salud, las postas y botiquines sin medicinas ni personal suficiente, la falta de abastecimiento de combustible para evacuaciones; o la alta prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, malaria, dengue, anemia y otros.
Las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT exigen que se garantice todas las medidas de seguridad, considerando el gran riesgo que representa este escenario para la población indígena.
