El plan de reactivación económica contrapone lo económico a la salud de la población indígena
Foto: Iván Brahaut
Por: Iván Brahaut
09:20|07 de mayo de 2020.- Hace unos días, el Presidente Martín Vizcarra anunció los avances en el Plan de Reactivación Económica del país, una vez finalizada la cuarentena nacional. Entre los primeros sectores en reactivarse, estarían las industrias extractivas, particularmente la gran minería, los hidrocarburos y los proyectos de interés nacional. Se reanudarían también 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones, además de actividades vinculadas al agro, al turismo y al comercio. En general, en la llamada fase 1 de la reactivación, se pretende dar luz verde a los sectores sobre los que descansa gran parte de los ingresos fiscales.
La pregunta que muchos se hacen, desde diferentes enfoques, es si estamos realmente listos para este paso tan importante. En la selva, donde se desarrollan las principales actividades de hidrocarburos del país, la actividad forestal y algunos de los proyectos prioritarios, la situación se ha salido de control hace semanas.
Hace 50 días que se inició la cuarentena nacional y, ni el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Salud tienen un plan de atención a los pueblos indígenas amazónicos. Estamos a 5 días del fin de la cuarentena, y es probable que esta finalice sin que se hayan dictado las medidas de contingencia para la población rural amazónica. Por ello, veamos que pasa con algunas de las actividades que se preparan para reiniciar actividades en los siguientes días.
Tomemos, como ejemplo, la reactivación del sector hidrocarburos y sus complejidades. Si bien el país depende de esta industria estratégica, retomarla sin las precauciones necesarias implica un riesgo tremendo para la población indígena ubicada en los alrededores de los campos de producción. Aun cuando algunas empresas operan dentro de campamentos confinados, el contacto con la población aledaña es muy difícil de evitar. En otras operaciones, como en el Lote 92, la población convive a diario con el personal de las empresas involucradas en la producción de petróleo.
La posibilidad que se repita un caso como el de la compañía minera Antamina, que registra más de 200 contagios y que está siendo investigada por delitos contra la salud pública, pero en el contexto actual de la amazonia, podría ser considerado un crimen de lesa humanidad contra la población indígena. Sin embargo, con todos sus problemas, incluida la debacle de los precios internacionales que desincentiva las inversiones, en hidrocarburos hablamos de actividades focalizadas, con un ámbito de acción bastante delimitado, muy reducido en comparación con las actividades de extracción forestal.
Las actividades forestales en el país son mayoritariamente informales, y gran parte de ellas son abiertamente ilegales. El Estado, por décadas, no ha podido controlar por ningún método la extracción forestal ilegal que se realiza en toda la selva, y que alcanza territorios indígenas. De hecho, parte de la mano de obra que reclutan los madereros proviene de comunidades nativas. Ya en los mercados, la madera ilegal se “blanquea” y alimenta la industria forestal formal, a la que se favorecerá con medidas para promover su reactivación. ¿Cómo vamos a controlar que este impulso no sea incentivo para que madereros informales, provenientes de Iquitos, Pucallpa y otras ciudades de la selva, no sean vectores del virus? No lo pudimos hacer en 30 años de gestión forestal previa. ¿Lo vamos a hacer ahora? ¿Con qué capacidades?
Finalmente, es necesario señalar que, en la lista de proyectos de importancia, aparece nuevamente la cuestionada Hidrovía Amazónica. Una vez más el Estado, de espaldas a la opinión de los pueblos indígenas, pretende proseguir con este proyecto, rechazado por la población y cuestionado técnicamente por especialistas de diferentes especialidades.
El problema, es que sin las adecuadas medidas sanitarias y de control eficiente, el reinicio de actividades extenderá la infección sin que se hayan desarrollado estrategias efectivas y concretas en las regiones.
Foto: Iván Brahaud
Héctor Rodríguez, investigador en temas amazónicos trabajando en Loreto, señala que “A más de 50 días recién se está elaborando un plan nacional de atención en salud frente a la pandemia del COVID 19 para pueblos indígenas y quedan apenas 5 días para terminar la cuarentena. Es posible que no exista un plan y ya se esté iniciando un escenario de reapertura de actividades y operaciones económicas en territorios indígenas (hidrocarburos, industria forestal, sector transporte en ríos y carreteras. La Ministra de Cultura no sólo parece desinformada sino también despreocupada por esta emergencia. Una desidia y seguramente falta de recursos que reflejan la inoperancia del Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura.”
El Ministerio de Cultura está distribuyendo una presentación con los puntos principales de su plan, sin embargo, no hay un documento formal que respalde estas ideas, ni coordinaciones regionales para su implementación, como nos señalan en Loreto y Ucayali.
Una reactivación con infección. Ese parece ser el nuevo escenario para la Amazonia peruana, si es que no se toman en cuenta las diferentes realidades de la población indígena y ribereña, su relación con el mercado y su vulnerabilidad ante esta mortal pandemia.
