Desde el Mincul subrayaron que en todos los contextos los mecanismos para realizar la consulta deben ser consensuados con las comunidades, acorde a su realidad social y cultural. Lote 192. (Foto: Javier Quispe)
12:30|13 de julio de 2020.- Pocos días antes del inicio de la cuarentena en el país, el Ministerio de Cultura (Mincul) seguía de cerca nueve procesos de consulta previa que se desarrollaban entre comunidades indígenas y nativas con el Estado. Uno de ellos es para la creación del servicio de transitabilidad en la provincia de Condorcanqui en Amazonas. Mientras que 8 procesos están a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem): 3 ubicados en Ayacucho (exploración minera Pucacruz, Mónica Lourdes y Lourdes); 1 en Loreto (Lote 192); 1 en Ucayali (Lote 200), 1 en Apurímac (exploración minera Turipampa Sur);1 en Cusco (ampliación de mina Antapaccay), y 1 en Moquegua (exploración San Gabriel).
Sobre este último -un proyecto de oro y plata descubierto por mineras Buenaventura- se refirió la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, el 30 de junio cuando declaró -pese a no ser su sector- que “se ha coordinado con el Mincul la posibilidad de que los trámites de consulta sean virtuales, a excepción de la fase de diálogo”.
Lo mismo se aplicaría para el proyecto de exploración minera Coroccohuayco (ampliación de Antapaccay, que le pertenece al Grupo Glencore), en Cusco. «Estamos acompañando a los proyectos que serán importantes para la generación de empleo y crecimiento del país», agregó.
Al respecto, organizaciones indígenas, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciaron en contra. Y la titular del Minem, Susana Vilca, tuvo que descartar un proceso virtual. Será “in situ”, indicó.
Procesos en marcha. Pese a lo anterior, no se ha descartado tampoco que los procesos de consulta previa paralizados por la pandemia puedan reactivarse en el corto plazo, según advierten diferentes especialistas consultados para este informe. El Mincul -además de indicar que “nunca ha promovido la utilización de algún medio en particular para el proceso de consulta previa”- confirmó a este diario que el Minem “está coordinando con los pueblos consultados” en los casos de San Gabriel y ampliación de Antapaccay.
Lote 192. Adicional a los casos mineros, podría retomarse el proceso de consulta para la aprobación del contrato de licencia de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 192 y la firma del contrato con Petroperú. En este caso -donde está pendiente la fase de evaluación interna de los pueblos indígenas, el diálogo y la decisión- participan 26 localidades de Andoas, en Loreto.Cabe indicar que el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, señaló que el proceso en este lote seguirá de forma presencial «apenas sea posible que pudieran reactivarse». Desde el Mincul subrayaron que en todos los contextos los mecanismos para realizar la consulta deben ser consensuados con las comunidades, acorde a su realidad social y cultural.»En ese sentido, adicionalmente, tienen que realizarse coordinaciones con el Ministerio de Salud (Minsa) para garantizar dicha situación», manifestaron.
Piden atención en salud
Pero ¿a quién le vamos a consultar si un pueblo tiene el riesgo de desaparecer? Cuestiona Richard O’Diana, coordinador del proyecto de ambición climática de Mocicc. «Es difícil hablar de minería o petróleo a una población que ve violentados sus derechos de acceso a la salud y que incluso antes de la pandemia ya veían afectados otros derechos como a la educación, construcción de postas».
Para el abogado, el caso del líder awajún Santiago Manuin -quien falleció a causa del nuevo coronavirus- refleja la falta de atención en las zonas más alejadas del país, aunque paradójicamente sí hay explotación de recursos naturales. A la fecha, 35 personas awajún y wampis han fallecido a causa de la Covid-19.
Por su parte, Eduardo Vega, exdefensor del Pueblo, refirió a La República que la forma para definir el proceso de consulta previa debe ser acordado entre el Minem y los pueblos. “Si bien pueden estar contra el tiempo y plazos, esto no puede significar saltarse derechos fundamentales –vigentes en el Convenio 169 y la ley de consulta previa–, los cuales deben ser respetados porque será la mejor garantía de que esos proyectos sean debidamente aprobados”, anotó.
Añadió que sí es posible llevar adelante la consulta, pero garantizando la seguridad y salud de los dirigentes indígenas, y paralelamente llevándoles los insumos y materiales de salud que reclaman.
Elaborar protocolos con comunidades. Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, apuntó que en diversas zonas del país no se podría realizar una consulta virtual a falta de acceso a las telecomunicaciones. En esa línea, invocó al Ejecutivo a elaborar protocolos de seguridad con “criterio y sugerencias de las comunidades”, de activarse algunas consultas. Por último, instó a cumplir la ley de consulta previa, pues manifestó que se evade dicho proceso en la etapa de la evaluación de impacto ambiental en los proyectos mineros, y, al contrario, se hacen después, desvirtuando la finalidad de la consulta.
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Fuente: La República
