13:45|13 de agosto de 2020.- Entre los años 2000 y 2019 los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 derrames, dejando serios impactos ambientales que se suman a los más de 2 mil sitios impactados y contaminados identificados en territorio de la Amazonía Norte. Así lo señala el reciente estudio “La sombra del petróleo” del Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que se puede consultar, de forma íntegra, mediante la página www.derramespetroleros.pe.
El 65% de los derrames se debió a la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros, evidenciando que la responsabilidad de la gran mayoría de derrames recae sobre las operadoras, tanto por condiciones o actos inseguros como por falta de medidas preventivas y predictivas que generaron procesos corrosivos en la infraestructura petrolera.
El estudio, elaborado por Aymara León y Mario Zúñiga, se basa en datos oficiales de OEFA y OSINERMING para brindar un estado situacional sobre los derrames de petróleo en la Amazonía peruana, contrastando las prácticas y discursos del sector con la evidencia recogida de fuentes oficiales, y ensayando recomendaciones de reformas normativas e institucionales.
Costos de remediación ambiental superan los beneficios económicos
En el 2012, cuando el precio del barril de petróleo superaba los US$ 100, Loreto recibió por canon petrolero del Lote 192 (antes 1AB) S/.280.5 millones. Sin embargo, tan solo el costo de remediar los daños ambientales de 32 sitios impactados por la actividad petrolera en dicho lote supera los S/.600 millones.
Los costos son tan altos que el Estado ha transferido a la fecha solo S/.183.4 millones que alcanzan para remediar únicamente 10 de los 32 sitios contaminados priorizados del Lote 192 y mientras no se resuelva la controversia de responsabilidades con la empresa Pluspetrol (que operó el Lote 1AB), el Estado deberá asumir los costos de la remediación ambiental en dicha zona.
El estudio señala que el volumen de la contaminación en esos 32 sitios afectados del Lote 192 equivale en promedio a llenar 231.5 estadios nacionales y para retirarla se necesitarían 24,316 volquetes. Si Pluspetrol no asume su responsabilidad, el Estado peruano deberá cubrir los costos de remediación con el dinero de todos los peruanos y peruanas.
Datos oficiales contradicen las narrativas del gremio petrolero
Para entender qué está ocurriendo realmente dentro de los lotes petroleros y el Oleoducto Norperuano, es necesario ir más allá de las suposiciones, de los discursos que arremeten de manera infundada contra las comunidades y de aquellos que buscan negar por completo la existencia de cortes realizados intencionalmente en los ductos.
“Es crucial remitirnos a la información de los entes fiscalizadores del Estado como el OSINERGMIN y el OEFA porque ayuda a comprender la problemática. La información proporcionada por dichas entidades demuestra que, contrariamente al imaginario que se ha cristalizado y a los discursos de los gremios petroleros, la responsabilidad sobre la gran mayoría de derrames en la Amazonía recae sobre las operadoras”, señala Aymara León, autora del estudio.
Al respecto, de acuerdo con el Informe Final de la Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso de la República, presentado en el pleno el 2019, no existe evidencia para responsabilizar a comunidades nativas por derrames en el Oleoducto.
Lo que sí hay, según dicho informe, son indicios de posible colusión entre Petroperú y empresas remediadoras, en donde pocas empresas, con lazos de amistad, u otros, monopolizan el mercado de remediación ambiental y ganan licitaciones a dedo.
Pluspetrol: la empresa más contaminante
El estudio resalta la responsabilidad de una empresa en particular sobre los derrames ocurridos en la Amazonía peruana: Pluspetrol Norte S. A., que operó el Lote 1AB (hoy 192) y quien opera actualmente el Lote 8. Ambos lotes suman un total de 344 derrames y si se calculan los barriles derramados por cada lote, entre ambos suman el 94% de todos los barriles derramados en lotes amazónicos desde el 2000 al 2019 (hasta el 2015 en el caso del Lote 1AB). Esto convierte a la empresa Pluspetrol en la más contaminante del país.
“Los programas de monitoreo han contribuido a la denuncia de la contaminación y, efectivamente, es en estos lotes donde más claramente aumenta el registro de derrames. Entre los años 2006 y 2010, según menciona Aurelien Stoll, programas de monitoreo indígena independientes solo de la cuenca del Corrientes, denunciaron 92 derrames producidos en territorio indígena, en los lotes 8 y 1AB, mientras que el Estado reportó en esos años solo 78 derrames para esos lotes”, señala Mario Zúñiga, autor del estudio.
Empresas sancionadas buscan judicializar multas
OSINERGMIN ha abierto 511 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por incumplimientos normativos, a partir de los cuales se han multado a las operadoras en su conjunto por más de S/. 95 millones, de los cuales se ha pagado poco menos de S/. 15 millones. Tanto Petroperú como Pluspetrol han judicializado algunas de estas multas, por un monto que asciende a S/. 18 millones. Por su parte, OEFA ha abierto 229 PAS en los lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano.
Al respecto, el estudio recomienda fortalecer la institucionalidad ambiental con relación a la determinación de medidas fuertes para la protección del medio ambiente. Por ejemplo, uso efectivo de las cláusulas de los contratos petroleros que señalan su finalización ante repetidos incumplimientos ambientales, o crear la muerte civil de empresas petroleras por continuo incumplimiento y judicialización de medidas sancionatorias y correctivas.
Recomendaciones clave
Una de las recomendaciones del estudio es priorizar la atención de las áreas impactadas y de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras por sobre las controversias legales y administrativas. Para ello, es necesaria una evaluación de la efectividad de los mecanismos actuales de fiscalización ambiental y llenar los vacíos normativos o administrativos que permiten impunidad y que dejan desatendidos a los pueblos y sus territorios. En ese sentido, es importante agilizar los procesos de determinación de responsabilidades y las sanciones a los responsables de los derrames y generar mecanismos legales que permitan la acción del Estado cuando las empresas no asumen su responsabilidad ante los impactos de sus actividades.
Por otra parte, el estudio también recomienda pensar en una moratoria petrolera zonificada, para que se detenga la promoción en zonas impactadas por hidrocarburos, en tanto no exista una identificación intersectorial y a todo nivel de gobierno de los daños producidos hasta el momento por dicha actividad, así como los costos que esto representa para la población local y para el Estado. Esta data debería estar cruzada con data de procesos de ordenamiento territorial y de valorización concreta de impactos petroleros. El análisis y diagnóstico debería ser impulsado por todos los actores involucrados en la gestión de un territorio, incluyendo actores indígenas, organizaciones no gubernamentales y empresariado, para que en procesos de cogestión y bajo el enfoque ecosistémico y de sostenibilidad se pueda tener información concreta y en corto tiempo para que el proceso de promoción y de valoración de los impactos esté acorde con la realidad y no sea solo un discurso de beneficios no medidos.
Asimismo, los autores proponen iniciar los pasos hacia un profundo cambio en la producción y el consumo energético, pues los impactos de la extracción del petróleo no se circunscriben únicamente al territorio de los pueblos indígenas en nuestra Amazonía. La contaminación a causa de su producción y consumo contribuyen significativamente al cambio climático, cuyas consecuencias se vienen haciendo cada vez más visibles. Así, es fundamental la transición de la matriz energética, para lo cual el Estado deberá promover energías limpias y sin impacto hídrico aunque tenga que hacer frente a los poderosos intereses extractivos del sector petrolero.
Cabe mencionar que entre los lugares en los que el estudio identificó derrames de petróleo se encuentra el Lote 95, donde acaba de ocurrir un enfrentamiento entre indígenas del pueblo Kukama y policías, dejando un lamentable saldo de al menos tres fallecidos y 17 heridos. Miguel Lévano, Coordinador del Subgrupo sobre Derrames Petroleros, lamentó los sucesos y expresó su preocupación por esta situación así como los desafíos que esto representa para el nuevo gabinete del primer ministro Walter Martos. “Considerando el impacto de las actividades petroleras en la Amazonía, es necesario que el Estado redoble sus esfuerzos de diálogo, de fiscalización y remediación, aplicando los mayores estándares posibles ante las operaciones existentes y nuevas inversiones. No es posible que las comunidades de zonas petroleras, que viven en situación de pobreza, vean que los derrames afectan o ponen en riesgo sus medios de vida y salud, eso no puede continuar”, indicó.
“La sombra del petróleo”
Es una publicación del Sub Grupo sobre Derrames Petroleros, del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La organizaciones que conforman el Subgrupo son: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, EarthRights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Oxfam en Perú, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vicariato Apostólico de Iquitos, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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Fuente: Sub grupo de Derrames (CNDDHH Perú)
