Según el Minsa, un total de 26 990 personas, pertenecientes a pueblos indígenas del país, contrajeron el COVID-19. Las etnias más afectadas son los awajún con 7399 casos; seguido de Kichwa, con 6122; shipibos konibo con 1870 casos; achuar y ashaninka con 1724 y con 1703 casos, respectivamente.
15:00 | 30 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo requirió a los ministerios de Salud, de Economía y Finanzas así como a los gobiernos regionales garantizar la continuidad en la implementación del Plan de intervención para las comunidades indígenas amazónicas frente al COVID-19, durante el año 2021, mediante la asignación presupuestal necesaria para reforzar a los establecimientos de salud que atienden a estas comunidades.
Durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, se advirtió que los pueblos indígenas sufrieron el grave impacto de esta nueva enfermedad. No contar con servicios de salud y medidas que respondan idónea y oportunamente a los efectos de la pandemia, fue un factor determinante para la rápida expansión del coronavirus en sus territorios durante los primeros meses de la emergencia. Esta realidad ha dejado la cifra de casi 27 000 personas indígenas afectadas, según el Ministerio de Salud (Minsa).
De acuerdo con estas cifras, los departamentos de la Amazonía con mayor incidencia son Loreto (6901), Amazonas (6582) y Ucayali (2268), que registran un mayor número de personas indígenas contagiadas, mientras que las regiones de Ayacucho (3396) y Puno (950) reportan una mayor incidencia de contagio en la población indígena andina. Esta situación puso en evidencia, una vez más, la falta de atención histórica para esta población con servicios públicos adecuados y eficientes.
Cabe señalar que, la Defensoría del Pueblo ha supervisado de forma permanente la atención del Estado a este grupo vulnerable de la población. En ese marco, publicó recientemente el Informe de Adjuntía denominado, “Evaluación de las medidas del Estado para la atención de la salud de los pueblos indígenas del Perú frente al COVID-19”, dando cuenta sobre la evolución de la respuesta estatal durante los meses más álgidos de la pandemia en el 2020.
En el documento se concluye que si bien con el transcurso de los meses, los ministerios de Salud y Cultura aprobaron un conjunto de normas vinculadas a su protección ante la expansión del COVID-19; sin embargo, la falta de capacidad operativa de los establecimientos de salud en las comunidades, la demora en la aprobación de un plan específico con presupuesto garantizado para su implementación, la falta de información desagregada por variable étnica, entre otros motivos, limitó una adecuada y oportuna atención de la salud de los integrantes de los pueblos durante la fase más crítica de la pandemia.
En efecto, la institución advirtió la falta de información sobre el impacto de la pandemia en la población indígena, por lo que, entre abril y julio, recomendó al Minsa y a los gobiernos regionales de todo el país implementar la variable de pertenencia étnica en sus registros sanitarios. Sin embargo, recién en el mes de agosto el Minsa implementó la Sala de Población Indígena con COVID-19. No obstante; aún falta incorporar criterios de búsqueda amigables e información desagregada por género y grupo etario, así como el detalle de las comunidades indígenas afectadas por ubicación geográfica.
Por otro lado, la institución evidenció un alto número de contagios en personal de salud que atiende a comunidades indígenas de la zona amazónica, luego de realizar una supervisión a 134 microrredes de salud de los departamentos de Amazonas, Ucayali, Loreto, Cusco, Junín y San Martín, donde en su oportunidad se identificaron un total de 39 establecimientos de salud cerrados por falta de personal. Estos hallazgos fueron inmediatamente puestos a conocimiento a las direcciones y/o gerencias regionales de salud y del Minsa exhortándoles a adoptar las acciones correctivas necesarias para garantizar su debido funcionamiento.
En ese sentido, y ante la posibilidad de una segunda ola de contagios, para la Defensoría del Pueblo es necesario y prioritario reforzar la capacidad operativa de los establecimientos de salud de manera continua, con personal y la logística necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones. Además de garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos necesarios para brindar una oportuna atención a las personas contagiadas por este virus, así como de las otras enfermedades prevalentes.
En esa línea, la institución considera que urge la pronta aprobación de un plan o estrategia de intervención específica para las comunidades y/o localidades originarias ubicadas en la zona andina del país, ya que hasta la fecha no se cuenta con dicho documento, además de asignarse los recursos necesarios para su ejecución correspondiente.
Asimismo, es importante fortalecer los conocimientos y capacidades interculturales del personal de salud y la generación de alianzas estratégicas con los agentes comunitarios. Con dicha finalidad, la institución solicitó al Ministerio de Cultura en coordinación con los gobiernos regionales, las organizaciones y líderes indígenas, continúe brindando la asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a las intervenciones sanitarias y sociales que se vienen realizando en las zonas donde habitan pueblos indígenas. Así como, vigilar la incorporación del enfoque intercultural en las distintas estrategias de acción estatal.
Adicionalmente, la institución ha solicitado al Ejecutivo evaluar el impacto social y económico en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos que está ocasionando el COVID-19 a los pueblos indígenas del país, con la finalidad de que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, diseñe e implemente políticas públicas destinadas a la reconstrucción de los medios de vida de este grupo de la población, principalmente en los sectores más afectados.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo en el marco de su rol como colaborador crítico de la gestión pública está convencida en la implementación de las recomendaciones formuladas en el citado Informe por parte de las instituciones competentes y que el año 2021 permita concretizar los retos pendientes con relación a la protección de la salud de los pueblos indígenas afectados considerablemente por la pandemia del COVID-19.
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Publicado en la web de la Defensoría del Pueblo. Lee el artículo original aquí.
