Durante el webinar: “Defensores de El Cenepa: La nueva guerra contra la minería ilegal”, el presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) denunció que él junto a otros dos defensores ambientales fueron amenazados de muerte por oponerse al desarrollo de actividades mineras ilegales cerca de la frontera con Ecuador.
Foto: Cooperacción
Por: CAAAP
15:45 | 11 de marzo de 2021.- Habló fuerte y claro. El presidente de Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Hortez Baitug, denunció que las actividades ilegales al interior del distrito de Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, no han parado a pesar de la pandemia por el COVID-19. Por el contrario, las amenazas hacia quienes viven en la zona y se dedican a proteger la biodiversidad aumentaron en el distrito fronterizo con Ecuador.
Durante el webinar “Defensores de El Cenepa: La nueva guerra contra la minería ilegal” que se realizó ayer, el líder indígena awajún expresó que él, junto a los dirigentes Zebelio Kayap Jempekit y Augostina Mayan Apikai, reciben amenazas de muerte por parte de mineros ilegales bajo el motivo de que se estarían oponiendo al “desarrollo económico” de la región.
A raíz de esta situación, se realizó un pedido de garantías personales en enero al subperfecto provincial de Condorcanqui. Sin embargo, las amenazas persisten y los mineros ilegales continúan impidiéndoles el tránsito, tanto fluvial como terrestre, al interior de su territorio. “No nos dejan viajar libremente en nuestra provincia y distrito. Nos están siguiendo y han tomado el acuerdo de matarnos en cualquier momento”, sostuvo el líder awajún.
Además, informó sobre la solicitud de la población en general para erradicar la minería ilegal en las orillas del río Cenepa, que abarcan las comunidades Cayamas, Nueva Vida, Mamallaque, Tutil, Umar Siete, San Antonio, Aintam, Callamas Huampani, Canga, Usupagata. “Hemos presentado un memorial en el Congreso ordinario solicitando una pronta interdicción (…) Estas personas se sienten dueños en nuestros sectores”, mencionó Hortez Baitug.
Por otro lado, denunció que hay comunidades donde los mineros negociaron con los Apus y sus dirigentes, entregándoles parte de sus ingresos a cambio de que les dejen trabajar. En ese sentido, sostuvo que las partes más afectadas se ubican en Cayamas y Nueva Vida, así como Marañón, donde se trabaja la minería ilegal sin parar, tanto en el día como en la noche.
En otro momento, el líder indígena solicitó al Estado mejores oportunidades educativas para los jóvenes a fin de que puedan desarrollarse plenamente. También pidió mejorar las oportunidades de mercado para los agricultores, y el acceso a préstamos agrarios. “Nosotros también somos los mismos ciudadanos y gozamos el mismo derecho con los que cuentan otras personas en diferentes instituciones”, afirmó el presidente de ODECOFROC.
Otras de las alternativas que propuso para que los comuneros no participen de trabajos que afectan sus costumbres y sus ecosistemas, es que el gobierno plantee la creación de proyectos productivos como piscigranjas, e incentive la práctica en cerámica, artesanía, y crianza de animales mayores y menores. “Necesitamos mayor inversión del Estado para que, con voluntad y decisión política, canalicen un fondo para que el pueblo awajún deje los trabajos ilegales por trabajos sostenibles y sustentables”, explicó el líder indígena.
El evento fue organizado por CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), con el fin de llamar la atención a los representantes del Estado que han participado en los procesos de denuncia y el pedido de las garantías para la protección de los líderes indígenas amenazados, así como una urgente interdicción en estas zonas.
Participaron también Nelly Aedo Rueda, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo; Jorge Abrego Hinostroza, coordinador del Equipo de implementación del protocolo de defensores del Ministerio de Justicia, William Zabarburú Goñaz, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afro-peruanos, ambiente y ecología (CPAAAAE), y Rocío Meza Suarez, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).
