Uno de ellos continúa hospitalizado, con el riesgo de perder la visión, según indicó el presidente de este Comité, Víctor Zambrano. Los ataques se produjeron el domingo 3 de julio en el centro poblado Santa Rita Baja, un sector donde los conflictos territoriales debido al aumento de las actividades ilegales son constantes.
Por: CAAAP
21:00 | 04 de julio de 2022.- Un grupo de invasores que estarían vinculados al tráfico de tierras para fines agrícolas atacaron el último domingo 3 de junio a los miembros del Centro Poblado Santa Rita Baja, un sector ubicado a la altura del km 129 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios). El enfrentamiento terminó con varios hombres y mujeres heridos, entre ellos, dos coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, quienes fueron atacados con armas punzocortantes y palos.
De acuerdo a Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, los invasores se presentaron temprano por la mañana con machetes para atacar las autoridades de la comunidad. “Ellos se han enfrentado con un grupo de la población. Es una buena cantidad de gente que ha venido a tomar posesión (de los terrenos) y a tener prioridad y derecho, aunque en estos momentos no lo tiene. Pero así no se puede solucionar el problema cuando hay de por medio violencia”, señaló el líder ambientalista.
Uno de los coordinadores heridos fue internado en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado debido a que las lesiones que recibió comprometieron su visión. Esta en evaluación y no se sabe aún si podrá recuperarse de las heridas en uno de sus ojos, indicó Zambrano. “Está internado en el hospital, con riesgo de perder el ojo. El otro coordinador está con abolladuras, con golpes de machetes en la espalda. Tanto hombres como mujeres fueron atacados. No se ha tenido respeto de nada porque eso ha sido un caos completo”.
Tras los enfrentamientos, se solicitó el apoyo de la policía para que acuda al centro poblado. De acuerdo a la página web de Actualidad Ambiental, efectivos de la comisaría de Santa Rosa detuvieron a Lenin Campos Leiva, actual presidente de la Asociación Nuevo Paraíso Jayabe y presidente de la Federación distrital de Inambari.
Para el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, el Estado es el responsable de estos enfrentamientos, pues son ellos quienes aún no resuelven los conflictos territoriales que se producen en esta parte de la Amazonía. “Se ha estado denunciando constantemente y nadie atina a darle solución. Es insensibilidad de parte de nuestras autoridades, principalmente de las regionales, quienes no cumplen con su rol como corresponde. Y esto va a empeorar, si no se toma una debida medida”, advirtió.
Situaciones como estas recuerdan casos como el de Alfredo Vracko, líder ambientalista asesinado en 2015 por defender su concesión de forestación y reforestación de la invasión de personas dedicabas a la minería ilegal; así como el de Juan Julio Fernández Hanco, hermano del coordinador del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, cuyo crimen acontecido en marzo de este año estaría vinculado también con un grupo de mineros ilegales que venía amenazando a su familia.
Conflictos sin solución
En la región Madre de Dios, desde hace varios años el Gobierno regional tiene pendiente el compromiso de solucionar los problemas que existen por la superposición entre concesiones mineras, forestales, permisos agrícolas y territorios de centros poblados y comunidades indígenas. Actividades extractivas como la minería y la tala ilegal; el tráfico de tierras y los cultivos ilegales son encubiertas con permisos otorgados por las instituciones del gobierno en el marco de procesos de formalización minera y la entrega de constancias de posesión agrícola, en especial cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
En lugares alejados como estos no existe la presencia del Estado, ni se supervisa que estos permisos se den de forma adecuada. No solo se trata del Gobierno regional, a través de sus diferentes direcciones y gerencias, sino también de los municipios locales, quienes no verifican que se cumplan los requisitos para la entrega de certificados de posesión y títulos de propiedad. Un vacío legal que utilizan a su favor los invasores ilegales, mientras no se pueda delimitar o especificar en una norma cómo se deben manejar estos temas.
