Las organizaciones indígenas de Ucayali y Loreto presentaron hoy la solicitud donde sustentan las razones técnicas por las que se busca detener el proyecto que afectaría a 424 comunidades nativas pertenecientes a 15 pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
Foto: CAAAP
Por: Annie Gabriela Peña – CAAAP
20:30 | 23 de septiembre de 2022.- “Queremos que nuestra posición sea respetada. No queremos que el proyecto Hidrovía Amazónica siga adelante porque impactaría de forma negativa en la alimentación y en el transporte de los pueblos indígenas. Por eso tenemos que levantar nuestra voz”. Graciela Reátegui, presidenta de la a Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), explica con estas palabras el motivo detrás de la solicitud presentada hoy ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En este documento, trabajado de forma conjunta con cinco organizaciones indígenas de Loreto y Ucayali, se exige declarar la caducidad del contrato y la inviabilidad del proyecto Hidrovía Amazónica. Como se recuerda, desde hace diez años el Estado busca promover esta iniciativa para favorecer el desarrollo comercial y el transporte fluvial a gran escala entre Perú y Brasil, pese a que su ejecución amenazaría la supervivencia física y sociocultural de más de 400 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
De acuerdo al asesor legal del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Julio Dávila Puño, desde el momento que la Concesionaria Hidrovía Amazónica del Perú (COHIDRO), -que en 2017 firmó el contrato de concesión con el MTC-, se retiró del procedimiento administrativo para aprobar la certificación ambiental, y decidió no continuar con los trabajos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto perdió viabilidad técnica en su sustentación.
“Incluso así, el contrato se mantiene y eso es una preocupación para las organizaciones indígenas porque podría haber algún tipo de renegociación, o quizá la introducción de una nueva empresa que podría sustituir a COHIDRO. Esta es la causa principal que ha llevado a las organizaciones a exigir que se declare la caducidad del contrato y se pida la inviabilidad del proyecto, desde la perspectiva técnica, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, sostuvo el abogado.
Incumplimiento contractual
La solicitud indica que la misma COHIDRO, a través de un documento denominado Plan de Negocios 2022, explica que ante la inviabilidad del proyecto lo único que queda es caducar el contrato, pues el MTC no cumplió con su obligación de elaborar y remitir los estudios esenciales e imprescindibles para el desarrollo de la Hidrovía Amazónica. La solución final es que ambas partes, tanto el MTC como COHIDRO, se pongan de acuerdo y negocien en estos términos, de acuerdo al contrato.
“Actualmente, el concedente (MTC) y el concesionario (COHIDRO) se encuentran en evaluación de los mecanismos contemplados en el contrato de concesión para que, en atención a la frustración del proyecto debido a los problemas relativos al bucle contractual originado por el diseño, la oposición social y otros problemas que aquejan al proyecto, se convenga la caducidad de la concesión por acuerdo entre las partes”, indica el Plan de Negocios 2022 de COHIDRO.
Desde la posición de las organizaciones indígenas que suscriben la carta dirigida al MTC, el proyecto Hidrovía Amazónica ha carecido de un adecuado análisis de viabilidad técnica, que es el estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Además, sostienen que los términos de esta iniciativa no han priorizado los intereses del transporte fluvial ancestral y tradicional y de pequeña escala que es utilizado mayoritariamente por los pobladores de las riberas amazónicas.
“Es el patrón que se repite en casi todos los proyectos que se hacen en la Amazonía. Siempre se deja de lado o se invisibiliza a los pueblos indígenas. Este proyecto quiere privilegiar el transporte de gran escala, el traslado de grandes mercancías (…) afectando el uso de las riberas, el recurso agua y los recursos hidrobiológicos, y al sustento básico de las familias amazónicas”, añadió Dávila Puño.
El pedido de declaración de caducidad del contrato e inviabilidad del proyecto es consecuencia de la decisión adoptada por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana San Lorenzo (CORPI-SL), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), en una reunión realizada el 25 de julio pasado.
Por otro lado, quienes impulsan este proceso llevan adelante las gestiones que esta iniciativa demanda, con el apoyo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), a través de sus oficinas regionales de Ucayali y Loreto. Ambas oficinas han aportado con lo requerido por las organizaciones indígenas, principalmente el asesoramiento jurídico, apoyo que continuará conforme se desarrolle el proceso del trámite ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
