Tras diversas tensiones y descoordinaciones, y con el respaldo de organizaciones indígenas y la mediación de la Defensoría del Pueblo, la comunidad logró retomar el diálogo y obtener compromisos concretos por parte de las autoridades locales.
Satipo, 27 de abril 2026 | La Comunidad Nativa Shonori, del pueblo asháninka, ubicada en el distrito de Llaylla (Satipo, Selva Central), ha impulsado y sostenido un proceso de diálogo con la Municipalidad Distrital de Llaylla que permitió superar tensiones iniciales y alcanzar compromisos concretos para la implementación de proyectos de agua potable, saneamiento, así como la implementación de casetas turísticas en su territorio.
Tras su titulación en 2018, la comunidad participó en diversos espacios de planificación con la municipalidad, como el presupuesto participativo, un instrumento de gestión pública en el que autoridades regionales y locales, junto con la sociedad organizada, definen el destino de los recursos económicos. Sin embargo, en los últimos meses surgieron tensiones debido a limitaciones en la comunicación intercultural y a la difusión de información inexacta sobre una supuesta negativa de la comunidad frente a los proyectos.
“La condición que se les planteaba era clara: si la comunidad no se urbanizaba, no tendría acceso a beneficios. Eso vulnera nuestros derechos como pueblos indígenas”, declaró Denisse Irova, representante de la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de la Selva Central (ORNASEC) y de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), en referencia a la intención de la municipalidad de convertir la comunidad en un centro poblado para implementar los proyectos prometidos.
En respuesta, se activaron las organizaciones indígenas del territorio. “Como organización y como lideresas, no solo respaldamos a las comunidades, sino que defendemos sus derechos frente a cualquier forma de discriminación”, añadió.
Frente a esta situación, la propia comunidad, en articulación con sus organizaciones representativas, la Federación de Comunidades Nativas Campa Ashaninka (FECONACA) y la organización regional ORNASEC, impulsó la apertura de un espacio formal de diálogo y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo.
El 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión clave, con la intermediación del Módulo Defensorial de Satipo de la Defensoría del Pueblo, en la que la municipalidad reconoció deficiencias en la comunicación y se comprometió a transparentar la información sobre los proyectos.
Además de las tensiones causadas dentro de la comunidad, esta situación llevó a la C.N. Shonori a recibir acusaciones por parte de los vecinos: “Ha sido un proceso muy difícil, incluso psicológicamente, por la desinformación que generó conflictos con los vecinos alrededor de Shonori. Aun así, como comunidad insistimos en el diálogo y solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo, con el respaldo de nuestras organizaciones y el CAAAP” aseguró Selma Shonori, jefa de la comunidad.
Lejos de asumir un rol pasivo, el 1 de abril la jefa convocó a una asamblea comunal para evaluar la información recibida y definir una posición colectiva, que fue presentada formalmente el 9 de abril. En este espacio, la comunidad acordó participar como beneficiaria en los proyectos de agua y saneamiento, así como en la caseta turística, estableciendo condiciones claras: acceso a información previa adecuada, respeto a su cosmovisión y coordinación directa con sus autoridades comunales.
Como resultado del proceso de diálogo sostenido por la comunidad y sus organizaciones, la Municipalidad Distrital de Llaylla reconoció públicamente que la supuesta negativa se originó en una interpretación errónea de una comunicación no formal. El 15 de abril de 2026, la alcaldesa ofreció disculpas a la comunidad por el malentendido y reafirmó su compromiso de continuar con los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos.
El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) acompañó este proceso brindando asesoría técnica y legal a la Comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades para la toma de decisiones informadas y a la defensa de sus derechos territoriales.
“Este proceso deja como lección que el diálogo solo tiene sentido cuando reconoce a las comunidades como sujetos políticos y titulares de sus territorios. En el caso de Shonori, ha sido la propia comunidad, con el respaldo de FECONACA y ORNASEC, la que ha sostenido este proceso, logrando que la alcaldesa no solo reconozca su autoridad comunal, sino también los errores cometidos y ofrezca disculpas públicas” comentó Karla Flores, coordinadora de la oficina regional de Junín del CAAAP. “Esto no es un gesto menor, marca un precedente sobre cómo deben relacionarse las autoridades con los pueblos indígenas, desde el respeto, la horizontalidad y el reconocimiento efectivo de sus derechos”.
Las organizaciones indígenas, en conjunto con la comunidad, han señalado que se mantendrán vigilantes del cumplimiento de los compromisos asumidos por la municipalidad, reafirmando que cualquier proceso de desarrollo en sus territorios debe realizarse con pleno respeto a sus derechos colectivos, su territorio y su autodeterminación.
