Tres años después de la presentación de la demanda de amparo por parte del pueblo indígena Kichwa, la Corte Superior de Justicia de San Martín ordenó, en primera instancia, la titulación del territorio ancestral de la comunidad nativa de Puerto Franco. Una decisión que marca un hito en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos frente a un modelo de conservación excluyente.
Foto: FPP
14:00 | 25 de abril de 2023.- “Para el pueblo kichwa es un antecedente importante de esta sentencia que pone final de este proceso del reconocimiento territorial ancestral protegido y habitado por comunidades nativas para el uso colectivo». Son las palabras de Nelsith Sangama Sangama, lideresa kichwa perteneciente a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), luego de conocer la sentencia, en primera instancia, a favor de los derechos territoriales de la comunidad nativa Puerto Franco, emitida por el Juzgado Mixto de Bellavista de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
La población que habita esta comunidad, ubicada en el distrito de Alto Biavo, en la provincia de Bellavista, San Martín, fue despojada de su territorio debido a la creación del Parque Nacional Cordillera Azul y al otorgamiento de concesiones forestales, y excluida de los beneficios de las actividades de conservación como la venta de créditos de carbono. A raíz de esta situación, la comunidad Puerto Franco y su federación representativa, el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía (CEPKA), presentaron una demanda de amparo en 2020.
En el petitorio de la demanda, vía proceso constitucional, solicitaba al Gobierno que se inicie el proceso de titulación de la integridad del territorio ocupado por la comunidad, y se declaren nulas las concesiones forestales dentro del territorio comunal; así como que el Servicio Nacional de Área Nacionales protegidas por el Estado (SERNANP) haga la consulta libre e informada del Decreto Supremo que crea el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), y cumpla con el derecho de las comunidades nativas sobre las que se superpone esta área protegida de beneficiarse de las actividades de conservación en sus territorios.
Estas y otras pretensiones del proceso fueron amparadas en su totalidad por la jueza del Juzgado Mixto de Bellavista, Simona del Socorro Torres Sánchez, el pasado 17 de abril. “Es una alegría para nosotros y el pueblo kichwa y para Puerto Franco saber sobre la sentencia a favor de lo nuestro, porque la misma ley nos ampara y era ilógico que este caso no saliera a nuestro favor (…) ¡Seguiremos por más en defensa del territorio del kichwa!», sostuvo el apu Reogildo Amasifuén, presidente del CEPKA.
La decisión judicial, además, respalda el nuevo paradigma de conservación en el país que vienen impulsando las comunidades kichwas con la presentación de un nuevo contrato social frente a la exclusión en el PNCAZ. Una lucha emprendida hace varios años para que el Estado y otros organismos y empresas promuevan la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático reconociendo y respetando sus derechos fundamentales.
