A través de un espacio de diálogo que unió a las voces del territorio amazónico junto a expertos en el tema, se analizó la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y las implicancias que tiene en los derechos de los pueblos indígenas, así como las acciones que se vienen desarrollando para exigir su derogación.
15:00 | 07 de febrero de 2024.- Con el objetivo de dar a conocer a los líderes y lideresas indígenas de la región Ucayali sobre los alcances de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el impacto en sus territorios ancestrales, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) y el Colegio de Sociólogos del Perú organizaron el conversatorio «Defendiendo la Amazonía: desafíos y acciones frente a la Ley Antiforestal».
En el espacio de diálogo participaron el vicepresidente de ORAU, Herlín Odicio, la presidenta de FECONAU, Graciela Reátegui; la abogada del CAAAP, Andrea Bernal, el decano del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, Majed Velásquez, y el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz. Los panelistas expresaron su preocupación por las implicaciones que tiene esta ley, aprobada por el Congreso de la República, así como las acciones que se vienen emprendiendo desde la sociedad civil y las organizaciones aliadas para frenar la devastación de los bosques amazónicos.
Durante su intervención, Majed Velásquez recordó que la historia para la creación de Ley Forestal y de Fauna Silvestre se remonta a los sucesos ocurridos durante el ‘Baguazo’, conflicto histórico entre el gobierno y los pueblos indígenas que terminó con la vida de más de 30 personas, entre civiles y nativos, en 2009. En ese sentido, el especialista explicó que la ley surgió como un nuevo consenso dentro del marco de una política nacional de desarrollo y encuentro con los pueblos originarios, sobre la que el Estado peruano hizo una reflexión y autocrítica en relación a la implementación de sus derechos.
Por otro lado, mencionó que desde el Colegio de Sociólogos se presentó una demanda de inconstitucionalidad para que la ley se reconozca como no válida y quede sin efectos. «La Amazonía se encuentra en disputa por diferentes actores que quieren organizar o definir el territorio de acuerdo con una forma particular de ver el desarrollo. Y muchas veces esos actores y formas de ver no incorporan a los pueblos indígenas, quienes son ancestralmente dueños de estos territorios, para definir estas políticas de desarrollo», sostuvo Velásquez.
Según Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL, un tercio de las comunidades nativas en el Perú carecen de título de propiedad, por lo que la modificatoria de la Ley Forestal facilitaría el despojo de sus tierras, legalizando la invasión y promoviendo la llegada de colonos que se dedican a actividades agropecuarias. En esa línea, el letrado alertó que la norma contribuye al incremento de las economías ilegales y que, al no ser consultada, existe un vicio debido a que «todo acto administrativo o normativo susceptible a afectar directamente a los pueblos indígenas debe ser consultado».
Acciones contra la deforestación
Así como el Colegio de Sociólogos, el Gobierno regional de San Martín, CSP e IDL y otras instituciones y colectivos ciudadanos han formalizado demandas de inconstitucionalidad. De acuerdo a la abogada del CAAAP, Andrea Bernal, una de los argumentos de esta demanda se sustenta en que la promulgación del proyecto de ley se realizó a pesar de que existía un grupo de parlamentarios que habían hecho pedidos de reconsideración a fines de 2022, lo que implica que no estaban de acuerdo con la votación del pleno. En ese aspecto, mencionó, el Congreso actuó de manera ilegal.
«Si bien (las demandas) son procesos amplios, son importantes porque esta nueva ley, que ya es oficial, implica el cambio de uso de suelos y los criterios para hacer las zonificaciones. Ya no contamos con los requisitos de parametraje, sino que se puede pasar por alto por un periodo, dando una flexibilización para que se pueda deforestar con la supuesta excusa de que con esto los agricultores se van a beneficiar. Esto prioriza principalmente a las grandes empresas para que puedan tener acceso a estos territorios porque se va a requerir la formalidad», mencionó Bernal.
La representante del CAAAP también resaltó el cambio del ente rector con la aprobación de la modificatoria de la Ley Forestal, que ahora pasaría del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Debido a la falta de articulación entre los sectores del Estado, se omite el trabajo de sensibilización sobre los compromisos climáticos asumidos por el Perú para la protección de los bosques amazónicos, hacia un ente que tiene otra especialidad técnica y otro tipo de criterios para abordar los territorios, y que prioriza la productividad, sostuvo.
Voces de los territorios
En palabras de Herlín Odicio, vicepresidente de ORAU, pese a que los pueblos indígenas contribuyen con el desarrollo del país, aún continúan viviendo la indiferencia de las autoridades políticas a través de acciones que dividen a los peruanos. Para el representante indígena, se encuentran en un escenario de constante vulneración a sus derechos, recordando que hace apenas hace seis meses se logró archivar un proyecto de ley que amenazaba la vida de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial; y ahora se suma la afectación que podrían sufrir sus territorios con esta Ley Antiforestal.
«Nosotros como organizaciones indígenas siempre estamos vigilantes a todo lo que pasa en la Amazonía y las comunidades. Hemos visto la vulneración de nuestros derechos en los últimos años, y el Estado peruano continúa haciendo las cosas a escondidas, sin la participación de los pueblos indígenas. Las mismas autoridades promueven la inseguridad en los territorios ancestrales. No estamos en contra del desarrollo del país, solo pedimos que respeten nuestros derechos y nuestros territorios ancestrales», puntualizó el líder del pueblo cacataibo.