Foto: Manuel Inuma sosteniendo el retrato de su hermano, Quinto Inuma – CAAAP
Por: Instituto de Defensa Legal (IDL)
17:00 | 9 de mayo.- Han pasado más de cinco meses del asesinato del apu Quinto Inuma y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, de la que Inuma era líder, sigue siendo alarmante. Hasta el cierre de esta nota, 12 de sus miembros permanecen refugiados en Tarapoto, mientras Belustiano Saboya Pisco, quien sería uno de los autores materiales del crimen contra Inuma Alvarado, continúa acechando el territorio de la comunidad, en el distrito de Huimbayoc, región San Martín.
Pese a los frecuentes pedidos de protección, como las garantías personales conseguidas y las medidas de protección otorgadas por jueces, el reclamo por presencia policial, el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la preocupación expresa de diversas relatorías de la ONU sobre el caso, el Ministerio del Interior continúa negando una protección efectiva a Santa Rosillo de Yanayacu. Hasta ahora, el argumento que repiten las autoridades es que, por razones logísticas y de déficit de personal, no han podido implementar la presencia de puestos policiales en la zona de la comunidad. La comisaría más cercana se encuentra a más de 6 horas de allí.
En situación de desarraigo
Desarraigados en Tarapoto, a más de 12 horas de su comunidad, de donde tuvieron que huir en diciembre de 2023 por la presencia de asesinos que amenazan con matarlos, los deudos de Quinto Inuma y comuneros y comuneras en refugio padecen una desprotección igual o peor que antes de la muerte del líder kichwa. Un crimen que no parece haber encendido las alarmas del sector Interior, cartera del Gobierno que ya debería haber desplegado una respuesta en el caso.
Entre los refugiados, se encuentran menores de edad que estudian en el Colegio Integrado Felipe Santiago Pezo Inuma y, actualmente, cada día que pasa pierden clases por la falta de apoyo y de garantías para su retorno a la comunidad. Por su parte, las madres y los padres de familia se acuestan con la incertidumbre de la pérdida del año escolar.
“Estamos pidiendo volver a la comunidad de Santa Rosillo. Nos han dicho que nos van a desplazar el viernes (10 de mayo), pero no sabemos si vamos a tener garantías o si vamos a estar con respaldo de la Policía. Queremos que nos respalden. Como defensores, queremos el respaldo del Estado, que sean conscientes de pensar en los defensores ambientales. ¿Quién va a defender nuestras tierras si nos siguen matando?”, expresa, con preocupación, Manuel Inuma Alvarado, actual apu de la comunidad.
Desde finales de febrero de este año, Manuel Inuma solicitó apoyo a la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en las gestiones para el retorno a la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Pero sus requerimientos no han sido atendidos.
En todos estos meses de espera y de angustia en un refugio, mientras los deudos y los miembros de la comunidad esperan la ansiada captura de los asesinos de Quinto que aún andan sueltos para, en un ciclo de paz, ir reconstruyendo el tejido social en la comunidad, ha habido una constante: el hambre. Hambre en una ciudad lejos de su comunidad, de sus chacras y purmas, y de sus animales menores, hoy dejados al abandono.
El incumplimiento de protección policial por parte del Mininter
Asimismo, el 27 de febrero, Inuma Alvarado solicitó ante el Ministerio del Interior un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú en el territorio de la comunidad. Luego de un par de comunicaciones entre el Mininter e Inuma Alvarado, el pasado 6 de abril, la respuesta fue que no es factible la creación de una comisaría o puesto de auxilio, entre otras razones, porque existe déficit de personal y de recursos logísticos en la jurisdicción de la PNP.
“No es posible realizar labores de visita de patrullaje hacia la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, por no contar con el presupuesto, recursos logísticos (alquiler de chalupa – deslizador) y potencial humano (viáticos para alimentación y hospedaje)”, fue la respuesta del Estado peruano en el marco de revisión de información de la CIDH que terminó otorgando medidas cautelares a la comunidad.
Ni el largo historial de las amenazas y asesinato reciente, ni la presencia actual de los supuestos asesinos del apu Inuma, ni saber que entre los comuneros hay quienes cuentan con garantías personales o el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de los derechos Humanos, ni el escrutinio internacional de la CIDH y ONU por Santa Rosillo de Yanayacu, movieron fibras en dicho ministerio.
El panorama se agrava aún más con dos de los sujetos presuntamente responsables del asesinato de Quinto Inuma en libertad. Se trata de Belustiano Saboya Pisco, identificado como autor material, y Segundo Juan Villalobos Guevara. Ambos siguen representando un riesgo a la integridad de los comuneros kichwa que lideran la defensa territorial de Santa Rosillo de Yanayacu.
“El Ministerio del Interior no hace nada hasta ahora, no hay resultados. Nosotros, como líderes, seguimos recibiendo amenazas. Queremos que ya no nos sigan matando”, dice Manuel Inuma.
De acuerdo a una comunicación reciente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) con el Ministerio de Justicia, el 29 de marzo de este año dos comuneros habrían reportado que Belustiano Saboya los amenazó, diciendo que los esperaría en el “monte” para atentar contra su vida, y que aquella situación sería constante. Así, la posibilidad de ataques contra comuneros o líderes indígenas es latente.
“Un cambio a la omisión del Ministerio del Interior en brindar protección efectiva a los líderes de la comunidad, que terminó en el asesinato del apu Quinto, tendría que empezar por asegurar el retorno a la comunidad de quienes necesitan volver, y brindar garantías para que comuneros regresen con un acompañamiento que evite que asesinatos vuelvan a producirse. Es increíble que, pese a cuestionamientos de CIDH y de los Relatores de la ONU, la respuesta del Estado siga siendo la misma: no tienen presupuesto. Consideramos que la falta de logística o personal solo nos muestra la falta de voluntad política del Estado en proteger realmente a los defensores. ¿Hasta cuándo?”, cuestiona Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal.
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