El organismo aceptó la demanda interpuesta por el Colegio de Sociólogos contra la denominada Ley n.° 31973, promulgada por el Congreso de la República en enero pasado. La norma es cuestionada por su impacto social y ambiental en la deforestación y vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana.
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14:00┃02 de julio de 2024.- El Tribunal Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao contra la Ley 31973, conocida como la ‘Ley Antiforestal’. La norma es criticada por promover la deforestación, la degradación de los bosques y la impunidad de delitos forestales en la Amazonía peruana, y por vulnerar la gobernanza y los derechos de poblaciones indígenas.
La admisión de esta demanda es resultado de un esfuerzo de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en la materia, quienes, con sus aportes, facilitaron su elaboración. Desde la sociedad civil organizada y organizaciones de pueblos indígenas, ya se han hecho esfuerzos para explicar por qué la ‘Ley Antiforestal’ generaría efectos graves en el medio ambiente de la Amazonía.
Asimismo, estas preocupaciones han sido recogidas por órganos internacionales, como el relator de Pueblos Indígenas de la ONU, quien advirtió a Perú que dicha norma incentiva el despojo y tala en tierras indígenas, además de fomentar la impunidad de actividades ilegales en los bosques y aumentar la violencia contra defensores de derechos indígenas. Desde la Unión Europea también se ha desmentido la supuesta justificación para la modificación de la ley forestal.
Niegan a los PIACI
Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que la ‘Ley Antiforestal’ busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). “Busca abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, maderera y petrolera, entre otras, y que podría dar pie también a la minería ilegal, que está en aumento en la Amazonía peruana”, señaló.
Por su parte, Andrea Bernal, abogada del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), sostuvo que esta ley implica el cambio de uso de suelos y los criterios para hacer las zonificaciones, dando flexibilización para que se pueda deforestar. «con la supuesta excusa de que los agricultores se van a beneficiar». Agregó que «esto prioriza y beneficia principalmente a las grandes empresas para que puedan tener acceso a estos territorios porque se va a requerir la formalidad».
La representante del CAAAP también resaltó el cambio del ente rector con la aprobación de la modificatoria de la Ley Forestal, que ahora pasaría del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. De esta forma, se omiten los compromisos climáticos asumidos por el Perú para la protección de los bosques amazónicos, al migrar hacia un ente que tiene otra especialidad técnica y otro tipo de criterios para abordar los territorios, y que prioriza la productividad, sostuvo.
Según el decano del Colegio de Sociólogos de Lima, Majed Velásquez Véliz, el principal problema con la norma es que podría causar conflictos entre comunidades amazónicas y campesinas. “La falta de un proceso de consulta previa y consentimiento es un problema crítico. Este proceso es esencial para asegurar que las voces y opiniones de los pueblos indígenas sean escuchadas y tomadas en cuenta antes de la aprobación de cualquier proyecto o legislación que los impacte directamente”, remarcó.
