20:30┃17 de agosto de 2024.- Organizaciones del pueblo kichwa se manifestaron ayer frente a la Corte Superior de Justicia de San Martín, exigiendo el cumplimiento de la Resolución Ministerial 136-2022-MIDAGRI, que reconoce su derecho a demarcar territorios indígenas dentro de áreas naturales protegidas.
Foto: CAAAP.
Desde 2022, las comunidades han buscado que se cumpla la RM 136-2022-MIDAGRI, la cual reconoce su derecho a la demarcación dentro de las áreas protegidas, específicamente en el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE). Sin embargo, han enfrentado diversos obstáculos legales y burocráticos que han retrasado el proceso.
En este contexto, el pasado 16 de agosto se llevó a cabo la audiencia del proceso de cumplimiento, seguido por comunidades nativas del pueblo kichwa, ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de la Provincia de San Martín, que busca el reconocimiento de su derecho a demarcar territorio ancestral en las áreas naturales mencionadas. Este proceso es un paso crucial en la lucha de las comunidades kichwa por la demarcación de sus territorios ancestrales.
Durante la audiencia judicial, Marisol García, lideresa kichwa, expresó: «Exigimos justicia y la devolución de nuestro territorio ancestral. Nos han robado nuestra tierra, y no descansaremos hasta que se nos reconozcan nuestros derechos». García subrayó la importancia de que el Estado actúe con celeridad para proteger sus territorios, esenciales para la supervivencia de su cultura.
Nixon Vásquez, apu de la comunidad Chambira, declaró al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) que: “En áreas de conservación como parques, las comunidades nativas podían ir a cazar animales y abastecerse de otros recursos. Ahora nos lo impiden, tenemos que pedir un permiso, cuando nosotros éramos dueños de ese territorio. El Estado está desconociendo nuestros derecho a conservar nuestros bosques. Hemos crecido en este territorio, nosotros día a día vivimos de ese territorio y de las cuencas de agua. Este es un pedido que venimos haciendo desde el 2022 y queremos una respuesta ya”.
En esta ocasión, se espera que la Corte Superior de Justicia emita una sentencia histórica en un plazo de 10 días hábiles, la cual podría marcar un precedente significativo en la protección de los derechos territoriales del pueblo kichwa y de todos los pueblos indígenas. Cabe resaltar que las procuradurías públicas han solicitado al juzgado que la demanda sea declarada improcedente, argumentando que podría afectar el dominio del Estado sobre sus recursos naturales.
Foto: CAAAP.
Otro de los principales puntos de controversia durante la audiencia ha sido la posición del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), que sostiene que las comunidades kichwa no existían formalmente al momento de la creación del Parque Nacional Cordillera Azul en 2001, argumentando que esto dificulta el reconocimiento de sus territorios ancestrales dentro del área.
Al respecto, Wiler Saurin de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) expresó: “Los abogados de la parte demandada han dicho que nuestros pueblos no existían en 2001 y 2005 en ese ámbito territorial. Esto es discriminación, porque ya en 1800, cuando el sabio Raimondi pasó por Chazuta, escribió sobre un pueblo indígena que no entendía el castellano. Han pasado 200 años y nuestras montañas, con sus nombres en kichwa, y nuestros apellidos como Saurin, Shapiama, Apagüeño y Panaifo, siguen presentes. No se puede decir de manera tan discriminatoria que no había indígenas en 2001 y 2005”.
El proceso legal ha sido largo y complejo. Las comunidades kichwa, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, han presentado pruebas de su ocupación ancestral en la región y han argumentado que la falta de demarcación oficial de sus tierras ha facilitado la entrada de actividades ilegales y la degradación ambiental en áreas que han protegido durante generaciones. A pesar de la existencia de la RM 136-2022-MIDAGRI, que les otorga el derecho a la demarcación, las comunidades han enfrentado resistencia tanto de entidades estatales como de intereses privados.
Respecto al accionar del Estado, Samuel Pinedo Aspajo presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (Fepikbhsam) declaró al CAAAP: “El Estado utiliza la ley a su favor. Ellos lo que quieren es hacernos beneficiarios de los bosques, algo que es de nosotros. Podemos ser beneficiarios de programas como Qali Warma o Juntos, pero no de una propiedad que es nuestra, donde han vivido nuestros ancestros”.
Foto: CAAAP.
Representantes de las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por las actividades extractivas que continúan en estos territorios, a pesar de las leyes que deberían protegerlos. Advirtieron que la invasión de sus tierras por parte de terceros está poniendo en peligro no solo su cultura, sino también los ecosistemas que han protegido durante generaciones.
Las organizaciones indígenas reiteraron su compromiso de continuar la lucha hasta que se haga justicia, subrayando la importancia de la demarcación territorial para la preservación de su cultura y sus formas de vida. La demarcación es vista no solo como un reconocimiento de sus derechos, sino como una medida esencial para la protección de los recursos naturales en la región amazónica. El pueblo kichwa espera que esta sentencia no solo garantice la seguridad jurídica de sus tierras, sino que también sirva como un precedente para otros pueblos indígenas que enfrentan desafíos similares en la Amazonía.
