El tercer informe «Las Sombras de los Hidrocarburos: emergencias ambientales, pasivos, procesos de remediación y alternativas energéticas entre los años 1997 – 2023» ofrece nuevos alcances sobre los impactos de las actividades hidrocarburíferas en Perú, las cuales afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas de la Amazonía.
El día de hoy, 17 de setiembre, durante el Coloquio en homenaje a Juan Aste Daffos, defensor de derechos humanos, que se dará en el marco de la III Semana de Empresas y Derechos Humanos, volverá a presentarse el informe “Las Sombras de los Hidrocarburos”. Se trata del tercer documento de este tipo elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Impactos de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aymara León Cépeda, coautora del informe, señaló: “En esta investigación perseguimos dos objetivos principales que teníamos como Grupo. El primero es plantear un debate sobre los hidrocarburos a través de información real, verídica y oficial, para enriquecer el diálogo y los discursos que se dan alrededor de los impactos de los hidrocarburos en el Perú. El segundo objetivo es nutrir el proceso de lucha de las organizaciones indígenas con información que puedan utilizar”.
En el informe se analiza información recopilada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) sobre los impactos y daños causados por las empresas. Sobre la base de ello, se subraya la urgencia de detener la explotación insostenible de los recursos del país, especialmente en territorios como la Amazonía, hogar de la mayoría de los pueblos indígenas registrados en Perú y de miles de especies endémicas de flora y fauna.
Foto: CAAAP
Derrames en la Amazonía
La Amazonía es un ecosistema complejo que, a lo largo de la historia de la explotación extractiva en el Perú, ha sido particularmente afectado. Por ejemplo, como destaca “Las Sombras de los Hidrocarburos”, desde que se empezaron a registrar datos en 1997 hasta 2023, el 57 % de los derrames de petróleo ocurrieron en territorios indígenas amazónicos. Se trata de 831 derrames, la mayoría ubicados en la región de Loreto (707), seguida por Amazonas (32), Ucayali (7) y Huánuco (5).
Lamentablemente, la situación no ha mejorado con el tiempo. El informe señala un aumento significativo en los derrames en la Amazonía: pasaron de un promedio anual de 22,8 entre 1997 y 2019 a 85,71 entre 2020 y 2023. Este incremento podría estar relacionado, en parte, con el insuficiente monitoreo de tales eventos en los últimos años de la década del 90 y principios de los 2000, lo cual habría generado un subregistro de casos.
El reciente aumento de derrames está vinculado a la autodisolución de la empresa Pluspetrol en 2021 y al abandono del lote 8, en la región de Loreto, sin el mantenimiento adecuado, lo que ha provocado incidentes debido a la corrosión y fallas operativas. El lote 8 ha registrado la mayor cantidad de sustancias derramadas, con un total de 19 000 barriles desde que se iniciaron los registros. Los daños ocasionados en este lote solo son superados por los del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, que ha derramado 36 000 barriles de sustancias desde 1997.
Los pueblos indígenas que habitan estos territorios llevan décadas luchando contra la industria hidrocarburífera para recuperar sus territorios y proteger sus derechos. En la presentación del informe el pasado mes de agosto, representantes de organizaciones indígenas compartieron sus testimonios sobre la industria responsable de los daños y los desafíos que enfrentan.
El líder kukama y presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), el apu Alfonso López, denunció que: “A más de 50 años desde que el Estado comenzó a cosechar recursos económicos de esta actividad, notamos que este territorio, la Amazonía, está en la agenda del Estado peruano, pero las personas que vivimos allí, los pueblos indígenas, ¡no estamos en la agenda del Estado!”. Y agregó: “Necesitamos estrategias de unidad y de lucha conjunta para librarnos de esta actividad extractiva. Esta es la desgracia del siglo que nos han dejado y, quizás, de lo que está viniendo. Necesitamos juntarnos”.
Esta realidad, descrita por el apu Alfonso López, afecta a la población indígena de 63 comunidades kukama en las cuencas de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, representadas por Acodecospat. Loreto es la región peruana más impactada por los daños de la actividad hidrocarburífera. En esta zona se encuentran el Oleoducto Norperuano y los lotes 8 y 1AB/192, donde la negligencia de las empresas extractivas, en especial Pluspetrol y Frontera Energy, ha sido más que evidente. Acodecospat representa a comunidades ubicadas tanto en el área de influencia directa del lote 8 como a otras afectadas por la actividad del Oleoducto Norperuano.
Foto: La República
Wrays Pérez, líder del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, también destacó la necesidad de unión: “La cuenca amazónica está en problemas serios y las cumbres mundiales sobre el cambio climático no han funcionado hasta ahora. ¿Qué podemos esperar de estos Gobiernos? Ellos no hacen nada por la naturaleza, que es nuestra fuente de vida. Eso es lo que genera más preocupaciones, pero llamamos a la unidad. No solo los amazónicos: todos en América Latina y en el mundo tenemos que trabajar por la naturaleza”.
El territorio de la Nación Wampis se encuentra en Loreto, cerca de la frontera con Ecuador. Sus comunidades han sufrido por los derrames del Oleoducto Norperuano. Un ejemplo de afectación evidenciado por Wrays Pérez es el caso de la comunidad Mayuriaga, donde los habitantes conviven con el deterioro de sus territorios y de sus aguas debido a múltiples derrames ocurridos a lo largo de los años.
En este contexto, el informe «Las Sombras de los Hidrocarburos» no solo proporciona información técnica detallada para denunciar las injusticias en la Amazonía, sino que también identifica principios para una alternativa energética justa. La transición energética, la cual implica el cambio de las fuentes de energía utilizadas, representa un paso crucial hacia el abandono de los hidrocarburos. Sin embargo, los autores del informe destacan que: “Las transiciones no son un tema de debate con posiciones homogéneas desde los pueblos”, por lo que queda mucho camino por recorrer para alcanzar este objetivo.
Las ideas emergentes para garantizar una transición energética justa incluyen la necesidad de respetar la memoria de los pueblos afectados, así como la autonomía y la visión específica de desarrollo de las comunidades. También enfatizan la importancia de cumplir con la remediación ambiental de los daños provocados por las actividades extractivas y de incorporar los saberes y tecnologías de los pueblos indígenas. Esto busca evitar que se replique el modelo extractivista actual en la explotación de otros recursos necesarios para fuentes energéticas consideradas “limpias”.
El informe no solo evidencia la falta de acción del Estado en la reparación de los daños causados por la explotación hidrocarburífera, sino que también subraya la urgencia de avanzar hacia una transición energética verdadera. Solo mediante un compromiso real con fuentes de energía sostenibles se podrá frenar la explotación desmedida de recursos que impacta, especialmente, a territorios como la Amazonía.
