A 50 años de la Ley de Comunidades Nativas: retos y proyecciones hacia la autonomía territorial indígena

Por CAAAP

A 50 años de la Ley de Comunidades Nativas se realizaron, el 4 y 5 de noviembre, un ciclo de eventos alrededor del impacto de la ley sobre las perspectivas de autonomía indígena y la defensa del territorio integral. A través de cuatro mesas de diálogo, con la participación de líderes indígenas y otros expertos, se profundizó la historia de la implementación de la ley, sus consecuencias actuales y las perspectivas futuras para los pueblos indígenas. 

El pasado 4 y 5 de noviembre inició el ciclo de eventos por los 50 años de la Ley de Comunidades Nativas (Decreto Ley N° 20653) que reunió a destacados líderes indígenas, académicos y expertos en distintas mesas de diálogo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La jornada incluyó ponencias y testimonios que abordaron temas como el camino histórico hacia la ley, los desafíos en su implementación, la crisis actual de los territorios indígenas amazónicos y las propuestas a futuro para fortalecer la gobernanza indígena. 

A medio siglo de este hito legislativo, es en un momento clave para evaluar el impacto integral de esta ley. Aunque el reconocimiento de la figura de ‘comunidad nativa’ significó un avance importante en derechos territoriales, también trajo consigo desafíos al aplicar un modelo comunal, originalmente desarrollado para poblaciones costeras y andinas, que no respondía plenamente a la realidad de los pueblos indígenas amazónicos. 

Ley de Comunidades Nativas: un hito histórico en la lucha por los derechos territoriales 

La primera jornada inició con la mesa “Historia del camino hacia la ley”. En ella, los reconocidos antropólogos Richard Chase y Frederica Barclay ofrecieron un análisis de las luchas previas a la promulgación de la primera ley en 1974 y la influencia del contexto sociopolítico de la época. Los ponentes resaltaron los desafíos de aplicar un modelo comunal a la realidad amazónica, lo cual generó un cambio significativo en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. 

Richard Chase, quien acompañó al pueblo yánesha en los primeros años de su proceso organizacional concretado en el Congreso de Comunidades Amuesha (1969), hizo un repaso de los conflictos históricos que motivaron a las primeras organizaciones indígenas y las normativas previas a la ley. Chase enfatizó en la importancia de implementar medidas históricas como la Reforma Agraria, motivada por movimientos sociales y políticos diversos, entre estos, los primeros movimientos indígenas.  

Por su parte, Frederica Barclay comentó sobre las implicancias de la implementación de la ley durante los primeros años, especialmente para los pueblos indígenas amazónicos. “La Ley de Comunidades Nativas fue un instrumento poderoso para garantizar las tierras de los pueblos. Pese a sus falencias, en ese momento era su única protección. Aunque hay comunidades que aún no logran la titulación, muchas obtuvieron la titularidad jurídica durante el primer año de implementada la ley”, señaló. «En estos 50 años se ha intentado restringir la seguridad territorial de múltiples maneras. Son 50 años de ataques, pero también de aprendizaje por parte de las organizaciones indígenas para proteger su derecho al territorio” concluyó Barclay. 

La discusión continuó en la segunda mesa Historia de la implementación de la ley de comunidades nativas: Recorrido histórico desde 1974 de la comunidad nativa y el territorio indígena”. Se profundizó en la historia de su implementación, con intervenciones de Thomas Moore del TICCA y Rocío Trujillo, abogada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quienes exploraron los avances y limitaciones en la titulación de tierras y cómo la normativa ha evolucionado en respuesta a los intereses del desarrollo económico nacional. 

Al respecto, Thomas Moore enfatizó en la modificación de la Ley de Comunidades Nativas de 1978 y cómo estos cambios propiciaron la venta de los territorios. «El Estado siempre ha querido ‘colonizar’. En 1978, con la modificación de los artículos 70 al 73, la nueva Ley de Comunidades Nativas permitió la mercantilización de los territorios, especialmente a grandes empresas», señaló. Tras un análisis general de la situación actual y en contraste con el contexto inicial, el antropólogo resaltó que: «A 50 años de la promulgación de la ley, no contamos con información actualizada, centralizada ni confiable sobre las comunidades». 

Por su parte, la abogada Rocío Trujillo señaló la urgencia de garantizar el reconocimiento integral de los territorios indígenas frente a la desinformación y las múltiples amenazas que impactan a los pueblos. “Nuestro marco jurídico sí permite que los territorios indígenas sean demarcados de manera integral, a través del reconocimiento de las naciones indígenas y gobiernos territoriales autónomos amparados en su derecho a la autonomía», señaló. De igual manera, resaltó el rol del autogobierno indígena como una herramienta clave para la protección integral de sus territorios.  

Un presente de luchas y amenazas en la defensa del territorio 

El segundo día del ciclo de eventos inició con la mesa de diálogo “El territorio indígena bajo asedio. Crisis y amenazas actuales al territorio indígena”, basada principalmente en el testimonio de la lideresa del Consejo Directivo de la Central Asháninka Rio Ene (CARE) Yanet Velazco. La líderesa destacó la situación de peligro ocasionada por las amenazas del narcotráfico contra las que luchan constantemente comunidades enteras en defensa de sus territorios. 

Nuestra comunidad Catumbo Quimpiri, por ejemplo, está sufriendo amenazas por la presencia del narcotráfico y de tala ilegal. Se trata de criminales que invaden nuestros territorios para sembrar hojas de coca. Por hacer frente a estas amenazas, tenemos líderes que han sido asesinados, pero hasta ahora no se encuentra justicia para ellos y sus familias”, denunció la lideresa de CARE.  

En referencia a esta devastadora realidad, el abogado Gustavo Zambrano presentó los resultados preliminares de una investigación que viene desarrollando con el Colegio de Abogados de los Estados Unidos y el Centro de Derechos Humanos de la ABA Association. El abogado informó que, desde el año 2013, se han identificado 44 personas asesinadas por defender su territorio y el medio ambiente, de las cuales 31 eran indígenas. Además, resaltó que, en el 2020, a pesar de la pandemia, la violencia contra los defensores continuó en aumento, registrándose diez asesinatos solo en ese año. 

Reflexionando sobre las causas de este fenómeno, Gustavo Zambrano explicó: “No se trata solo del aumento de la criminalidad, sino también de un retroceso de la presencia estatal en el espacio andino y, sobre todo, amazónico. Este retroceso comenzó con la política de aprovechamiento de recursos y promoción de la inversión, que ha ocasionado un debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país”. La intervención de Zambrano concluyó con una reflexión sobre la figura de la persona defensora indígena: “No podemos hablar solamente de defensores ambientales: no se trata solo de la defensa de la biodiversidad y del medio ambiente. Ellos defienden sus territorios y su cultura, para que sus comunidades puedan continuar existiendo y viviendo como siempre han vivido”. 

El futuro de la autonomía indígena: resistencia cultural y la propuesta política de los gobiernos territoriales autónomos 

En la mesa final “El futuro del territorio indígena. Estrategias y retos nacionales: horizontes del territorio indígena” participaron Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), y Juan Reátegui, representante del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).  

Para denunciar los efectos de la parcelación de los territorios ancestrales, Ketty Marcelo afirmó: “Nos han relegado en estas pequeñas porciones de nuestro territorio ancestral, las comunidades. Estamos frente a un sistema de despojo territorial terrible. Pero como pueblos resistimos, conservamos nuestras tradiciones y prácticas ancestrales, enfrentamos la crisis climática con nuestra ciencia: en estas cosas resiste nuestra autonomía”. Estas palabras resaltan la lucha continua de los pueblos indígenas por proteger sus territorios y su forma de vida frente a un contexto de despojo. 

La líderesa también identificó ejes estratégicos para lograr el respeto de los derechos territoriales y colectivos indígenas. “Tengo tres mensajes para el futuro de los pueblos indígenas. El primero es pensar en la juventud y en la transferencia de saberes y de luchas. El segundo es pensar en lo colectivo y de manera horizontal, esto significa descolonizarnos, y oponernos al modelo económico capitalista. Finalmente, tenemos que valorar la sabiduría de nuestras hermanas como sistema de conocimiento fundamental”. Con estas palabras subrayó la importancia de fortalecer la identidad cultural y la autonomía indígena para enfrentar los desafíos actuales. 

Para terminar, Juan Reátegui compartió reflexiones acerca de la propuesta política del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), fundado en el 2021 en el territorio integral awajún. Ilustrando la visión de autonomía awajún, que concibe al pueblo como sujeto, Reátegui criticó la perspectiva legalista del Estado, la cual se enfoca en las comunidades de manera individual. Según el GTAA, esta visión limita la autonomía indígena a una autonomía comunal, lo que provoca no solo la fragmentación de las autonomías jurídicas, sino también una mayor vulnerabilidad de las comunidades ante la economía ilegal. 

Reátegui enfatizó la gravedad de la situación actual: “Lo que estamos viviendo ahora es dramático: está la minería, el narcotráfico, la contaminación ambiental, la trata de personas. En esta situación, como pueblos indígenas, luchamos para sobrevivir”. Frente a este contexto, destacó la necesidad de reconstruir la gobernanza territorial autónoma, proteger el territorio mediante la autodemarcación, y retomar la producción de derecho propio y la visión del Tajimat Pujut, como elementos clave para fortalecer la resistencia y autonomía de su pueblo. 

Los participantes coincidieron en que el futuro de la territorialidad indígena en el Perú debe orientarse hacia la consolidación del autogobierno y la autonomía territorial, respetando las formas de vida y gobernanza de las comunidades amazónicas. A pesar del reconocimiento legal otorgado hace 50 años, los pueblos indígenas aún carecen de una seguridad jurídica y territorial sólida que garantice la protección de sus territorios frente a las crecientes amenazas. 

El dialogo generado en estos dos días destacó la urgencia de continuar avanzando en la seguridad jurídica para los pueblos indígenas y en la implementación de políticas que respeten y promuevan la autonomía territorial. El ciclo de eventos por los 50 años de la Ley de CCNN continúa con actividades como la presentación de la segunda edición del libro “Guerra de sombras: La lucha por la utopía en la Amazonía peruana” el próximo lunes 11 de noviembre y con el evento “Los 50 años de la ley de comunidades nativas: una mirada a los territorios indígenas de la Amazonía”, el 14 de noviembre en el Auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), Pucallpa. 

 

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