Organizaciones indígenas, el MINEM y otras entidades estatales instalaron los subgrupos de Educación y Temas Contractuales para dar seguimiento a los compromisos asumidos en la consulta previa del Lote 8. Aunque se lograron algunos avances, comunidades denunciaron falta de organización y voluntad en el proceso de diálogo, lo que retrasó la instalación de ambos espacios.
Fotos: CAAAP.
17:00 | 5 de marzo de 2025.- Representantes de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) y sus comunidades afiliadas sostuvieron reuniones con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y otras entidades del Gobierno regional y central para dar seguimiento a los acuerdos de la consulta previa del Lote 8. Estos encuentros, desarrollados en los subgrupos de Educación y Temas Contractuales, contaron con la participación del Ministerio de Cultura (MINCUL), el Ministerio de Educación (MINEDU), la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREL) y PERUPETRO S.A.
En el subgrupo de Educación, se acordó realizar hoy, 5 de marzo, una reunión en Lima para abordar la elaboración del Plan de Dinamización Productiva y su articulación con el programa Beca 18, convocatoria 2026. Además, se programaron reuniones técnicas y virtuales para dar seguimiento a los acuerdos 51 al 70 de la consulta previa, orientados a fortalecer la educación intercultural bilingüe en la zona, con la participación de la UGEL Loreto – Nauta y la GREL.
Aunque se lograron avances, el apu Robles Pisco Torres, de la comunidad La Petrolera, cuestionó la demora en la instalación de los subgrupos y la falta de voluntad del Estado en el proceso de diálogo. En ese sentido, las reuniones en Lima serán clave. “Esperamos que estas reuniones técnicas den frutos y que el Estado asuma su responsabilidad. Tenemos otra reunión prevista para el 31 de marzo y esperamos que realmente sirva para cerrar las brechas”, afirmó el líder.
En cuanto a lo abordado por el subgrupo de Temas Contractuales, PERUPETRO S.A. informó sobre la inclusión de la cláusula 13.7 en el contrato de operación del Lote 8, que obliga al operador a adoptar medidas inmediatas en caso de derrames de petróleo y a coordinar con las autoridades para la remediación ambiental. Las comunidades indígenas solicitaron al MINEM que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informe con transparencia sobre los eventos ambientales reportados en la zona.
Otro punto central fue la propuesta de crear un fondo de garantía de 500,000 soles por cada sitio impactado, liberado solo tras una verificación participativa de su adecuada remediación por el OEFA. Aunque PERUPETRO S.A. se comprometió a incluir mecanismos de aseguramiento en el contrato, no hubo una respuesta concreta sobre la viabilidad normativa de este fondo.
Frente a los escasos acuerdos logrados, Robles reiteró la preocupación de las comunidades respecto a la articulación con el Estado: “Desde nuestra mirada, no hay voluntad del Estado, pese a que ya se inició la producción petrolera en la zona. Se sigue sin garantizar proyectos de salud y remediación. Nuestras comunidades están abandonadas”.
Sobre la situación, la coordinadora de la oficina de Loreto del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Verónica Shibuya comentó: “las declaraciones del apu Robles reflejan el sentir de la mayoría de la población agraviada por la violencia estructural que ejerce el gobierno peruano. Los pueblos indígenas en la zona de influencia directa como indirecta del lote no pueden seguir esperando la voluntad política para la atención de sus principales demandas, al margen de que ellas tengan vinculación con la extracción petrolera. Por ejemplo, en los territorios de la Cuenca del Chambira como del Patoyacu, la presencia estatal es escasa, hay niños que a la fecha no cuenta con un Documento Nacional de Identidad (DNI) y sin ello no pueden acceder al Seguro Integral de Salud (SIS)».
Las organizaciones indígenas reafirmaron la importancia de estos espacios de diálogo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa y exigir compromisos claros del Estado y las empresas en la protección ambiental y los derechos de sus comunidades. Se espera que la próxima reunión programada para el 31 de marzo logre fortalecer estos compromisos y asegurar su cumplimiento efectivo en beneficio de la Amazonía y sus pueblos.
