El nuevo informe de Amnistía Internacional alerta sobre el aumento de la violencia contra defensores del ambiente, la falta de respuesta estatal ante desastres ecológicos y un entorno normativo cada vez más hostil para la sociedad civil. En Perú se reportaron asesinatos de líderes indígenas, decenas de incendios forestales y comunidades aún afectadas por derrames de petróleo no resarcidos.
Lima, 2 de mayo de 2025 – El más reciente informe de Amnistía Internacional, “Los derechos humanos en el mundo”, correspondiente al período 2024/25, documenta un preocupante deterioro de las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales en todo el planeta.
“Presentamos este documento en un momento donde los derechos humanos y universales están sufriendo un acoso implacable de las fuerzas que buscan destruir el sistema internacional” afirmó José Siancas, presidente de Amnistía Internacional Perú, en el evento de presentación del informe, llevado a cabo el pasado 29 de abril.
Entre los principales temas abordados en el informe anual figura el incremento de prácticas autoritarias, la represión de la disidencia, la falta de acción frente a la emergencia climática y la creciente violencia y falta de protección hacia personas defensoras del ambiente y del territorio, entre ellas muchas lideresas y líderes indígenas.
La publicación señala que la inacción global para afrontar la crisis climática, las profundas desigualdades sociales y el poder desmedido de grandes corporaciones está condenando a las generaciones futuras a condiciones de vida cada vez más precarias. A ello se suma la débil respuesta de los Estados ante la emergencia ambiental, lo que compromete gravemente el derecho a un ambiente saludable.
Situación en Perú: emergencia ambiental y violencia persistente
En el caso peruano, el informe destaca que durante 2024 se registraron más de 241 incendios forestales, al menos 35 personas fallecidas, 285 heridas y severos daños en comunidades rurales y áreas naturales protegidas. La gestión estatal de estos eventos ha sido insuficiente, al igual que la atención a comunidades afectadas por derrames de petróleo como los ocurridos en Ventanilla (Lima) y en la playa de Lobitos (Piura), donde se mantiene vigente la emergencia ambiental sin una respuesta integral ni sostenida por parte del Estado.
Además, se reportaron cuatro asesinatos de defensores del ambiente y del territorio, dos de los cuales ocurrieron en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios, pese a que las víctimas contaban con medidas de protección oficiales.
Persisten serias deficiencias en la coordinación entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para implementar mecanismos eficaces de protección a personas defensoras. Esta tragedia refleja una realidad recurrente: la desprotección estructural de quienes alzan la voz para cuidar la vida y el territorio.
En abril de 2024, se dictó una sentencia condenatoria por el asesinato de cuatro defensores ambientales del pueblo Asháninka de Alto Tamaya-Saweto (Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos), ocurrido en 2014. Este fallo representa un avance simbólico en la lucha contra la impunidad, aunque no modifica las condiciones de riesgo estructurales que enfrentan quienes defienden los territorios y la naturaleza en el país, ya que a día de hoy los mecanismos de prevención siguen siendo débiles o inexistentes.
Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP, resaltó la posición de los pueblos y organizaciones indígenas frente a la situación actual: “Desde las organizaciones y pueblos venimos articulándonos, tenemos esperanza en la juventud, en que se involucren con nuestras luchas” afirmó “si hemos resistido tanto, vamos a seguir luchando por nuestra identidad, por nuestros territorios y, sobre todo, por hacer frente a estos autoritarismos que venimos enfrentando”.
Restricciones a la participación de la sociedad civil y libertad de expresión
El Congreso de la República promovió iniciativas que restringen la libertad de asociación y expresión, especialmente contra organizaciones de sociedad civil, como la modificatoria de la Ley APCI, afectando directamente a quienes defienden derechos humanos y ambientales desde los territorios.
“En el Perú se han incrementado las prácticas autoritarias, la libertad de prensa y de expresión está en peligro” mencionó Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú “la reforma de la Ley APCI pretende censurar, acallar las voces críticas”.
Estas medidas representan un retroceso para la democracia y limitan gravemente la labor de quienes trabajan en defensa del ambiente y los derechos humanos, siendo perjudiciales para todos los peruanos ya que imposibilita que se demande al Estado en caso viole derechos fundamentales de los ciudadanos.
El informe de Amnistía Internacional presenta un panorama global desafiante, en el que la represión y el deterioro ambiental avanzan en paralelo. En el caso de Perú, la situación evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas de protección ambiental y garantizar la seguridad de los defensores y defensoras, en especial de los pueblos indígenas, cuya labor resulta fundamental para la conservación del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos.
El fortalecimiento institucional, la incidencia y el compromiso político son condiciones necesarias para revertir esta tendencia. Marina Navarro cerró su ponencia en la presentación del informe con un mensaje de esperanza ante el panorama de la situación mundial: “Esta tendencia si se puede revertir, no tiene que terminar así la historia. Junto a las organizaciones y movimientos de derechos humanos, queremos decir que no nos callarán”.
