Monseñor Alfredo Vizcarra SJ, arzobispo de Trujillo y administrador apostólico del Vicariato de Jaén, denuncia el avance descontrolado de la minería ilegal en territorios amazónicos y exhorta al Estado peruano a asumir con responsabilidad su deber de proteger la vida, el territorio y la paz de las comunidades. “No estamos jugando. Aquí están en riesgo vidas humanas y un modo de vida en armonía con la naturaleza” advierte.
12.00 | 7 de mayo del 2025.- Una grave emboscada vinculada a la minería ilegal conmocionó a las comunidades de Jaén y San Ignacio (Cajamarca) el pasado 25 de abril. Según la Pastoral Social del Vicariato de Jaén, un grupo de ronderos que se dirigía a una protesta pacífica fue interceptado por numerosos sujetos armados y con el rostro cubierto, quienes bloquearon la vía cerca de Huaquillo, dispararon al aire, lanzaron piedras y profirieron amenazas de muerte. La agresión dejó varios heridos y obligó a los ronderos a alzar las manos y usar pañuelos blancos para evitar una tragedia. La movilización respondía a la exigencia de mineros ilegales de apoderarse de las tierras de las comunidades de la región para expandir sus actividades extractivas, a costa de la vida y el consentimiento de los propietarios de ellas.
Lo ocurrido en San Ignacio no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de una realidad que se viene agravando en múltiples regiones de la Amazonía y la sierra norte del país. En Jaén y San Ignacio, territorios tradicionalmente agrícolas dedicados al cultivo de café, arroz y cacao, la minería ilegal ha comenzado a proliferar a un ritmo alarmante. Esta expansión no solo contamina ríos y suelos, sino que también impone un clima de inseguridad y violencia, donde grupos armados intimidan a líderes comunales, ronderos y autoridades locales.
Monseñor Alfredo Vizcarra SJ, administrador apostólico del Vicariato de Jaén y arzobispo de Trujillo, ha sido una de las voces más firmes en denunciar esta situación. En declaraciones recientes para el medio A3R.net, expresó con profunda preocupación: “Estamos viendo cómo la minería ilegal se expande como una plaga. No solo en Jaén y San Ignacio, sino también en Tambo Grande, Condorcanqui, Loreto y otras regiones. Lo más grave es que esto ocurre sin que haya una respuesta clara del Estado. ¿Qué más debemos hacer para ser escuchados? ¿Suplicar, implorar? Aquí no se trata solo de daños ecológicos, sino de vidas humanas y del derecho de los pueblos a vivir en paz y dignidad”.
A pesar de los continuos llamados de alerta hacia las autoridades, la situación no hace más que empeorar: “Los ronderos están siendo amenazados con armas si no entregan sus tierras. Las actividades ilegales avanzan a pasos agigantados porque hay poder económico detrás, y el silencio de las autoridades es cómplice”, comentó Mons. Vizcarra.
Una región que defiende su territorio con dignidad y esperanza
El rechazo a la minería ilegal en la región es firme y masivo. El pasado 5 de marzo, en el marco del Día de la Ecología, más de seis mil personas —entre ellas organizaciones sociales, comunidades campesinas, instituciones educativas y rondas de Jaén, San Ignacio y provincias vecinas— salieron a las calles en una movilización pacífica para exigir respeto a sus territorios y el cese de las actividades extractivas ilegales. En esa jornada histórica, las autoridades regionales y locales firmaron compromisos importantes: crear una fiscalía ambiental en San Ignacio, establecer límites de protección en torno a los ríos (fajas marginales) y fortalecer mecanismos de vigilancia y control ambiental.
Sin embargo, dos meses después, los avances son lentos y las promesas siguen sin materializarse plenamente. Si bien se ha autorizado la creación de la fiscalía ambiental, aún no se ha instalado. Y el proceso de delimitación de las fajas marginales del río Chinchipe enfrenta trabas técnicas y presupuestales: la Autoridad Local del Agua (ALA) señala que no cuenta con suficiente personal ni fondos para realizar el trabajo, y el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca sigue sin concretarse.
“Las comunidades están organizadas, tienen claridad de lo que quieren: preservar su forma de vida, cuidar la tierra, el agua y el futuro de sus hijos. Como Iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso hemos aceptado participar en el frente de lucha ambiental junto con los ronderos y otras organizaciones. Esto es una causa de justicia y de vida”, afirmó Mons. Vizcarra.
REINFO: un peligroso sistema que legaliza la ilegalidad
La preocupante expansión de la minería ilegal en el país tiene una de sus raíces en la debilidad institucional del Estado y, en particular, en la implementación fallida del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Este mecanismo, creado en 2016 con la intención de formalizar a los pequeños productores mineros, se ha convertido en una vía para operar impunemente bajo una fachada legal. De los más de 87 mil inscritos en el REINFO, solo el 2.4% ha logrado formalizarse. El 79% ha sido suspendido por incumplir con los requisitos mínimos, pero aun así pueden seguir extrayendo minerales, acceder a explosivos y no pueden ser procesados penalmente por minería ilegal.
A pesar de este fracaso evidente, el Congreso de la República aprobó recientemente y por mayoría, con 87 votos a favor, la ampliación del plazo del REINFO hasta junio de 2025, lo cual ha sido duramente cuestionado por organizaciones indígenas, ambientalistas y especialistas en gobernanza minera. Esta decisión, en lugar de frenar la ilegalidad, termina otorgando más tiempo y más poder a quienes atentan contra la vida, el ambiente y la institucionalidad.
La minería ilegal no solo contamina ríos y bosques. También trae consigo delitos graves como la trata de personas, el sicariato, la evasión de impuestos y la corrupción. Es una actividad que erosiona las bases del Estado de derecho y pone en peligro la paz social en muchas regiones del Perú.
Las comunidades están dando un ejemplo de dignidad y compromiso con el futuro, y las autoridades deben estar a la altura. Cuidar la creación no es una opción, es una responsabilidad que nos convoca a todos, y este llamado de los pueblos debe servir como una alerta para las autoridades.
Un modelo de desarrollo que amenaza la vida
Lo que ocurre en Jaén y San Ignacio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis nacional: la expansión de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una red criminal que avanza impunemente, afectando territorios, destruyendo ecosistemas, quebrando la convivencia social e infiltrando incluso estructuras del Estado. La permisividad legal, expresada en mecanismos como el REINFO, ha favorecido este escenario al postergar indefinidamente procesos de regularización que no han cumplido con sus objetivos y han terminado blindando a quienes operan al margen de la ley.
Las comunidades que se levantan para defender sus tierras, sus ríos y su derecho a vivir en paz están siendo criminalizadas y violentadas. Mientras tanto, los verdaderos responsables continúan avanzando sin freno, amparados en vacíos legales, discursos ambiguos y una profunda indiferencia institucional.
La vida no puede seguir siendo sacrificada por intereses económicos ilegales ni por la inacción de las autoridades. Cuidar el territorio es cuidar la vida. Y eso, en un Estado de derecho, no debería ser negociable.
