Tras casi tres décadas, la comunidad nativa de Shimpiyacu y el pueblo Awajún continúan luchando por sus derechos territoriales frente a la invasión, el tráfico de tierras y la inacción del Estado peruano.
Foto: CAAAP.
Por: Oficina de San Martín del CAAAP
El pasado 11 de junio se llevó a cabo una audiencia clave en segunda instancia en el proceso de amparo interpuesto por la comunidad nativa Shimpiyacu, del pueblo indígena awajún. Esta comunidad lleva casi tres décadas luchando por la restitución de su territorio ancestral, hoy fragmentado por invasiones, tráfico de tierras y omisiones del Estado.
“Cuando un pueblo pierde su territorio, pierde todo”, afirmó un comunero a las afueras de la sala. “Por eso estamos aquí, exigiendo justicia” agregó. “Hemos venido desde lejos para hacer valer nuestros derechos. Nuestro territorio está amparado por la Constitución y por el Convenio 169. Hay familias enteras que han quedado sin tierras por culpa de esta invasión.”
Un conflicto que se arrastra desde hace 28 años
En 1996, la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM) autorizó irregularmente un proyecto de la Asociación de Agricultores de Huascayacu que se superponía al territorio comunal awajún, a pesar de que el Estado ya había reconocido y titulado formalmente 14,628.12 hectáreas a favor de la comunidad desde 1975. A partir de esa resolución, se establecieron los primeros invasores y nacieron centros poblados como La Verdad, Unión Progreso, Tornillal, Nueva Tacabamba y Nuevo Jaén, hoy consolidados ilegalmente sobre el territorio indígena.
Aunque la resolución de DRASAM fue anulada ese mismo año, el daño ya estaba hecho: comenzaron décadas de litigios, violencia, acuerdos incumplidos, mesas de diálogo sin consecuencias y una creciente fragmentación del territorio comunal.
«Ellos no necesitan tierra, sino que nos han quitado para que hagan negocio. Ahorita ellos están haciendo un negocio. Por eso nosotros ya queremos recuperar nuestro territorio porque nosotros somos naturales, somos ancestros. Nuestros abuelos se han muerto donde nosotros vivimos.» Señaló la señora Sara, otra comunera que se plantó con firmeza a las afueras de la sala durante la audiencia.
La demanda de amparo: un recurso ante el abandono del Estado
La comunidad, con el acompañamiento de la Federación Regional Indigena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM) y el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), presentó una demanda de amparo contra diversas instituciones del Estado —entre ellas, la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de San Martín—, así como contra los propios invasores. En la demanda se alega la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad comunal, al territorio, a la vida, a un medio ambiente adecuado, a los recursos naturales y a la identidad cultural.
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“Desde nuestro rol de organización representativa, estamos acompañando con compromiso y firmeza a los hermanos y hermanas Awajún de la comunidad nativa Shimpiyacu, quienes han interpuesto una demanda de acción de amparo con el objetivo de obtener justicia, protección y restitución de su territorio ancestral, el cual viene siendo invadido y despojado desde hace más de 20 años” afirmó Fabiola Yaun Edmundo, vicepresidenta de la FERIAAM.
Según Cristina Gavancho, abogada de IDL que representa a la comunidad: “La jueza de primera instancia declaró la excepción de incompetencia, alegando que este proceso no le corresponde. Nosotros explicamos claramente por qué el amparo sí es la vía adecuada: la comunidad no tiene otro camino judicial para revertir esta situación. Se están vulnerando derechos fundamentales, y no se puede ignorar eso por una cuestión meramente técnica.”
Así mismo, la abogada resaltó que: “La jueza no escuchó al pamuk ni a la comunidad. A pesar de todo, la sala superior sí nos ha escuchado. Ahora queda esperar su decisión. Si es favorable, será un paso importante; si no, iremos al Tribunal Constitucional.”
La demanda también solicita la actualización del catastro territorial —que sigue desactualizado pese a existir los títulos comunales—, la restitución de las áreas invadidas, la restauración ambiental de zonas depredadas y la implementación de medidas eficaces para proteger los derechos colectivos de la comunidad.
Un Estado ausente frente a la violencia, el tráfico de tierras y las amenazas
El conflicto no solo ha implicado despojo territorial. Entre 2018 y 2023, la comunidad ha sido víctima de múltiples actos de violencia no denunciados o ignorados por las autoridades: agresiones físicas, amenazas con armas, invasiones armadas, acoso a mujeres comuneras, destrucción de infraestructura y cobros ilegales para permitir el acceso a sus propias tierras.
Además, según informa la comunidad, las “rondas campesinas” organizadas por los posesionarios precarios —que no cuentan con legalidad ni legitimidad dentro de territorios indígenas— han actuado como grupos de control territorial, expulsando a comuneros, reteniendo cosechas y promoviendo el tráfico de tierras mediante documentos falsificados.
Mientras tanto, el Estado ha optado por una posición de aparente neutralidad. Las mesas de diálogo promovidas desde 2014 no han establecido mecanismos vinculantes, ni se han impulsado acciones judiciales contra quienes cometieron delitos graves, como falsificación, usurpación o violencia física.
Así mismo, desde el año 2000, la comunidad realizó 14 asambleas con posesionarios precarios para negociar plazos de desocupación. Todos estos acuerdos establecieron plazos límite —primero al 2008, luego al 2017, finalmente al 2019— que nunca se cumplieron. Peor aún, algunos arrendatarios incluso vendieron parcelas, alentando nuevas ocupaciones ilegales, hasta que la situación se volvió insostenible.
Hoy, los invasores controlan más de 2,200 hectáreas del territorio comunal. Lo que empezó con 110 posesionarios precarios en 1996, se ha transformado en una red creciente de tráfico de tierras, depredación ambiental y conflictividad social.
¿Qué se espera?
La sentencia que debe emitir la Sala Superior determinará si el Estado está dispuesto o no a garantizar la imprescriptibilidad de las tierras indígenas, como lo establece el artículo 89° de la Constitución, así como los principios del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige proteger jurídicamente los territorios de los pueblos indígenas y garantizar mecanismos eficaces frente a los actos que los despojan de sus tierras.
Foto: CAAAP.
Desde Shimpiyacu, la expectativa es clara: justicia.
“Esta tierra no es solo para sembrar. Es nuestra vida, nuestra historia. Aquí están enterrados nuestros abuelos, aquí crecen nuestros hijos”, dijo uno de los comuneros al salir de la audiencia. “Solo pedimos lo que es nuestro. Nada más.”
“Esperamos que la sala penal correspondiente falle a favor de la comunidad, reconociendo el derecho ancestral de posesión territorial que asiste al pueblo Awajún, y ordene la expulsión definitiva de los ocupantes ilegales, así como la restitución del territorio comunal” afirmó Fabiola Yaun, en representación de la FERIAAM.
La comunidad awajún de Shimpiyacu ha esperado 28 años por una respuesta. Ahora, el sistema de justicia peruano tiene la oportunidad de reparar una deuda histórica.
